El Paquete Económico 2027, presentado el pasado 8 de septiembre de 2026 por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, indica que la consolidación fiscal de México volverá a posponerse.

De acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el déficit presupuestario en su medida más amplia, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), alcanzará el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, incumpliendo la meta previa estipulada en 3.5 por ciento.

El diagnóstico del IMCO evidencia que el déficit público ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en una falla estructural de la economía mexicana. El Saldo Histórico de los RFSP, la métrica más representativa de la deuda acumulada del país, escalará hasta los 21.7 billones de pesos en 2027, lo que equivale al 55 por ciento del PIB o cerca de 162 mil pesos por cada habitante.

Este panorama de mayor endeudamiento ocurre en un entorno de crecimiento económico moderado, donde la Secretaría de Hacienda prevé una expansión del PIB de entre 1.5 y el 2.5 por ciento, mientras que el Banco de México proyecta un 1.8 y el Fondo Monetario Internacional un 1.9 por ciento.

Uno de los puntos más críticos señalados por el IMCO es que el gobierno federal no logrará cumplir el compromiso de retirar los apoyos directos a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2027. Aunque las aportaciones presupuestarias se reducirán un 69.2 por ciento en comparación con años anteriores, se han programado 81.1 mil millones de pesos en transferencias directas a la petrolera estatal.

Tras acumular pérdidas por 28 mil millones de pesos tan solo en el primer semestre de 2026 y arrastrar una deuda financiera superior a los 77 mil millones de dólares, Pemex se mantiene como el mayor factor de riesgo para la calificación soberana de México.

Agencias como S&P advierten que la nota crediticia del país podría sufrir recortes si la carga de intereses y los rescates petroleros continúan creciendo.

En cuanto a la gestión de los recursos públicos, el presupuesto federal total ascenderá a 10.5 billones de pesos en 2027, mientras que los ingresos se estiman en 9.2 billones de pesos, dejando un déficit presupuestario puro de 1.4 billones de pesos.

Sin embargo, el dato más preocupante para la operatividad del Estado es el nivel extremo de rigidez del gasto: solo 20 de cada 100 pesos presupuestados tendrán margen de reasignación discrecional. El 80 por ciento restante se encuentra comprometido de antemano en rubros ineludibles como el pago de pensiones y jubilaciones (17.5 por ciento), el costo financiero de la deuda (15 por ciento), las participaciones obligatorias a estados y municipios (14.7 por ciento) y los programas sociales prioritarios (9.8 por ciento).

Por el lado de la infraestructura y el desarrollo social, la inversión física proyectada para 2027 se ubicará en 1.03 billones de pesos (2.6 por ciento del PIB), lo que representa un modesto crecimiento del 3.5 por ciento real frente a 2026 e iguala por primera vez al monto destinado a programas sociales.

No obstante, este nivel de gasto en infraestructura se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (3.5 por ciento del PIB) y del 4.5 por ciento recomendado por el Banco Mundial para economías emergentes.

Además, el 46 por ciento de dicha inversión se concentrará únicamente en el sector energético y trenes (Pemex con 25 por ciento, nuevos trenes con 15 por ciento y CFE con 6 por ciento).

La asignación en salud (2.8 por ciento del PIB) y educación (3.1 por ciento del PIB) también se mantiene muy distante de los estándares internacionales de la OCDE (9.7 por ciento) y del piso legal del 8 por ciento marcado por la Ley General de Educación.

Para intentar elevar la recaudación tributaria a 6.26 billones de pesos, el gobierno propone apretar el marco fiscal para grandes contribuyentes limitando deducciones autorizadas, reduciendo al 50 por ciento la acreditación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y bajando la deducción de intereses netos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales.

De acuerdo con el oficio 100-371 de la Secretaría de Gobernación, firmado por su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa busca que quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no mantengan una doble nacionalidad, bajo el argumento de prevenir posibles conflictos de interés derivados de vínculos jurídicos con otra nación.

El documento fue remitido al Congreso con firma autógrafa de la presidenta y acompañado por la documentación correspondiente, incluido un dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta será sometida al proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual dictaminación. La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el proyecto será turnado a la Cámara de Diputados.

De aprobarse, la modificación constitucional establecería una nueva condición para acceder a los principales cargos del Poder Ejecutivo en México, restringiendo su ejercicio a personas que cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana.

La iniciativa abre ahora el debate legislativo sobre los alcances de la doble nacionalidad, los requisitos para ejercer cargos de elección popular y la posible afectación al derecho de participación política de ciudadanos mexicanos que también poseen otra nacionalidad.

El senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez anunció este miércoles su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, para ejercer el resto de su mandato como legislador independiente. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, y difundida en sus redes sociales.

En el documento, Inzunza explicó que actúa “por estricta convicción personal” y aseguró que seguirá desempeñando su cargo “conforme a la rectitud de mis deberes”. Afirmó que desde hace cuatro meses enfrenta una “feroz campaña de calumnias y diatribas” derivada de los señalamientos formulados el 29 de abril pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan —junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses— con presuntos nexos con el crimen organizado.

“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal. Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México”, escribió el senador.

Inzunza rechazó nuevamente las imputaciones estadounidenses, a las que calificó de carentes de pruebas y parte de una estrategia de lawfare. Subrayó que conservará el fuero constitucional al permanecer en su escaño y no solicitar licencia indefinida, pese a las recomendaciones de varios legisladores oficialistas para que se separara del cargo mientras avanzan las investigaciones.

La salida ocurre a pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, y después de que el senador anunciara su intención de reincorporarse de manera presencial a los trabajos legislativos y a la plenaria de Morena del 30 de agosto. Fuentes del oficialismo indicaron que la bancada no respaldó su regreso como integrante del grupo parlamentario. Con esta decisión, Inzunza perdería la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y otras posiciones internas que ocupaba.

Desde finales de abril, el legislador se había mantenido alejado de las sesiones presenciales del Senado —salvo una breve licencia de 22 horas en mayo—, aunque aseguró haber continuado trabajando en dictámenes y participado de forma virtual en algunas comisiones. Ha reiterado en múltiples ocasiones que permanecerá en el cargo hasta 2030, que no negociará su entrega a autoridades extranjeras y que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.