Con la promulgación de la Reforma Judicial, este lunes se inicia el proceso para la elección extraordinaria de 2025, donde se elegirán ministros, magistrados y jueces.

Los cargos precisos son 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de Salas Regionales, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito, y otros juzgadores locales en caso de elecciones locales.

De acuerdo con los lineamientos de la reforma, antes del 23 de septiembre se llevará a cabo la Sesión del Consejo General del INE para iniciar los trabajos preparativos; antes del 16 de octubre el Senado emitirá la convocatoria para integrar listados de candidatos; y antes del 15 de diciembre el Congreso federal debe aprobar los cambios en leyes secundarias.

Otra fecha clave es que antes del 12 de febrero de 2025 tendrán que integrar los Comités de Evaluación en cada poder para evaluar, filtrar y elegir aspirantes. En esta última parte, lo puede hacer presidencia de la república de manera directa, el Congreso de la Unión por mayoría calificada, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría. Una vez aprobadas las listas de candidatos, el Senado las enviará al INE.

Antes del 15 de marzo los congresos estatales deben aprobar cambios a leyes locales para adoptar la Reforma Judicial y del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de los candidatos.

En este aspecto, destaca que no tendrán financiamiento público ni privado, sólo recibirán tiempos de radio y televisión para promocionarse, también puede participar en debates y foros y queda prohibido para partidos políticos y funcionarios promover o atacar candidaturas.

El 1de junio es el día de la elección extraordinaria, donde el votante recibirá 6 boletas con los nombres de los candidatos a los siguientes cargos: ministros de la SCJN; magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; magistrados de Salas Regionales, jueces de distrito y magistrados de circuito; y juzgadores locales (en caso de elección local).

El INE será el encargado de hacer los cómputos de la elección, publicar los resultados, dar constancias de mayoría, y declarar válida la elección.

Antes del 28 de agosto deberán quedar resueltas las impugnaciones que hubiera en el proceso. Los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado el 1 de septiembre de 2025, y antes del 15 de ese mes los juzgadores electos serán adscritos al órgano judicial que corresponda.

Las grandes incógnitas son el número de casillas que habrá el día de la elección, cuántos funcionarios se necesitarán; los mecanismos y sanciones para evitar el financiamiento ilegal y intervención de grupos fácticos; si candidatos pueden contratar publicidad y/o promoverse en redes sociales con dinero propio; y el costo de la elección.

“La dañina reforma al Poder Judicial, presentada el 5 de febrero por el presidente, no representa otra cosa que no sea una venganza política contra el único poder al que no ha doblado”, expresó la diputada federal panista Eva María Vázquez.

Esta iniciativa fue aprobada por 359 votos a favor y 135 en contra, entre ellos los 71 votos de la bancada del PAN, detalló.

A pesar de haber reservado prácticamente todo el contenido para que fuera votado en particular, se encontraron con la negativa de la bancada del oficialismo, apuntó.

No pretender fortalecer el estado de derecho, es el principio de una dictadura, manifestó; se elimina la posibilidad de justo que a los más pobres -que es el discurso que trae el partido mayoritario-, se les quita la posibilidad de tener justicia pronta y expedita.

Además, denunció que el día de la votación no se pasó lista, se cambió de sede, y fue un proceso muy desaseado que más parecía una fiesta, faltando el respeto a la investidura que tienen los legisladores.

Detalló que se pretende controlar al Poder Judicial a través de la Comisión de Disciplina, a la que comparó con la Inquisición, pues va a controlar las decisiones que los jueces y magistrados tomen.

Sobre la actitud de los legisladores de Morena sobre el manejo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, remarcó que es de soberbia, plagada de irregularidades y con desdén hacia la labor legislativa.

Dijo que le daba vergüenza que los diputados del oficialismo ni siquiera quisieron conocer la reforma, pues no todos estuvieron en la 65 legislatura que fue donde se discutió, y pidieron que se regresara el dictamen, pero no aceptaron, externó.

La progresividad de los costos de los sistemas pensionarios no contributivos, es decir, donde los beneficiarios no aportan, es inevitable; su sostenibilidad hace necesario redirigir recursos públicos prioritarios para otras necesidades como seguridad, salud, educación, obra, apoyos al campo y otros, a estos sistemas.

A esto se suma la necesidad de financiar su sostenibilidad y crecimiento con la contratación de deuda pública, lo que hace prácticamente incapaz al país para realizar verdaderas inversiones estratégicas para un mayor dínamismo económico como generacion de energía, infraestructura hídrica y vialidades que redunden en mayor bienestar, opinó René Jattar, analista financiero con amplia experiencia en el servicio público.

La salud de las pensiones donde tanto el beneficiario como el gobierno contribuye, no está mejor, señaló, porque aunque existen aportaciónes bi o tripartitas tienen déficits millonarios que también requieren ser financiados con la contratación de deuda pública y con la reducción de recursos de programas y actividades de gobierno.

Por ello, históricamente el Gobierno en turno hace el esfuerzo de pagar y sostenerlo sin modificaciones para evitar costos políticos, y transitan su periodo bajo el principio de que el gobierno que entra pague lo costos y consecuencias de sistemas insostenibles, externó.

Estos sietemas de pensiones fueron creados bajo la premisa de paraísos sociales y acuerdos políticos electorales sobre cementerios financieros cuyo déficit se tiene que cubrir con la perdida de calidad de servicios públicos o mediante deuda pública con instituciones bancarias, concluyó Jattar.