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Acercamiento con Margarita pudiera abrir camino a alianza: PRI
El presidente del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete, destacó la participación de Margarita de Sánchez, viuda del fallecido senador Gustavo Sánchez Vásquez, en actividades de diagnóstico y diálogo político en la entidad, a invitación del tricolor, y se pronunció a favor de una eventual alianza partidista para enfrentar al gobierno actual.
Explicó que Margarita aún no ha tomado una decisión definitiva, sino que realiza un diagnóstico de la situación.
Agradeció su presencia en los foros a los que fue invitada, donde se presentaron casos exitosos de recuperación de la paz en estados como Coahuila, Zacatecas y Yucatán, bajo la administración de sus respectivos gobernadores.
Destacó que también ha dialogado con expresidentes municipales del PAN, lo que considera un esfuerzo por rescatar experiencias de servicio público.
El dirigente recordó la estrecha relación que mantuvo con Gustavo Sánchez, a quien calificó como “un gran político” y potencial buen gobernador. “No solamente Acción Nacional perdió un gran alfil, sino todos los californianos perdimos la oportunidad de haber estado bajo un buen gobierno, porque Gustavo hubiese podido ser un muy buen gobernador”, expresó.
Sobre Margarita de Sánchez, la describió como “una señora que es muy respetable, es una señora que ha tenido sus trabajos, sus puestos de buen nivel y ha sabido responder. Y creo que es una californiana honorable y que de alguna manera tiene todo el derecho”.
Consultado sobre si esto abre la puerta a una posible alianza, respondió de manera afirmativa: “Sin duda; sin duda, yo creo que lo hemos platicado abiertamente, yo creo que hay que ver el bosque completo y no el árbol”.
Criticó el cierre a alianzas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a nivel nacional, al considerarlo injusto para las realidades de cada estado, y planteó la posibilidad de “empujar una gran alianza para sacar a estos malandrines acomplejados del gobierno”.
En ese sentido, reclamó que los servidores públicos se concentren en trabajar y dejen de lado “grillerías” y precandidaturas anticipadas. “Ni siquiera habían terminado su elección pasada, porque estaban levantando la mano para gobernadores, pues no es posible eso. ¿Ahorita cuántos pidieron licencia? ¿Cuántos están trabajando realmente? Yo quisiera ver cuántas iniciativas tuvo Julieta Ramírez”, cuestionó, en referencia a la senadora con licencia de Morena y aspirante a la gubernatura.
Aldrete comentó también sobre la falta de la declaración patrimonial de la diputada federal Araceli Brown, a quien señaló de tener cuentas congeladas en Estados Unidos, de haber perdido la visa y de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado.
Afirmó que es “evidente” por qué la legisladora no ha presentado su declaración: “Es una mujer que tiene congeladas sus cuentas en Estados Unidos, que ya no tiene visa, que tiene ahí una supuesta relación con gente de crimen organizado, y que ha sido denunciada y señalada por muchos organismos y partidos”.
Por su parte, Joel Blas, jurídico de ese partido político, explicó que, ante la omisión de declaraciones patrimoniales, el órgano de control interno de la Cámara de Diputados es quien debe iniciar de oficio el procedimiento, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Señaló que ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ni el Judicial cuentan con un órgano superior que los supervise, por lo que cada uno debe actuar a través de sus instancias de control interno.
Blas indicó que, una vez iniciado el procedimiento, se notifica a los involucrados para que ejerzan su derecho de audiencia. Si la sanción se limita a una amonestación pública, el PRI, como entidad de interés público, podría acudir a un tribunal de alzada para solicitar una sanción mayor.
Agregó que, si el órgano de control interno no actúa o impone una sanción menor, el partido podría promover acciones a través de sus diputados federales.
Finalmente, Aldrete criticó el encalcelamiento del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como preso político.
“Lo que veo es el sospechosismo del momento en el que se dio; de eso a que tenga ya tres semanas donde no puedan presentar una prueba fidedigna para tenerlo ahí, es complicado y es lastimoso”, remarcó.
Precisó que hay 100 mil mexicanos presos sin una sentencia, y la aprehensión del exmandatario se da en clima político revuelto, tras la revelación de unos audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en presuntas conversaciones con intermediarios de agencias estadounidenses.
El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California dictó una resolución definitiva en la que determina sancionar con una suspensión de 15 días naturales a la juez Sandra Sofía “N”, tras acreditarse su responsabilidad administrativa por comisiones de faltas clasificadas como no graves.
Durante una audiencia por hostigamiento, de la denuncia presentada por Ana Lidia Soto por calumnias, difamaciones y amenazas, la juez le comentó que si no quería ser hostigada que cerrara sus redes sociales, por lo que Soto presentó una queja por lo que consideró un actitud soberbia y arrogante de la juez.
La resolución, identificada bajo el expediente T.D.Q.A. 28/2026, declara como “FUNDADO” el informe de presunta responsabilidad administrativa emitido originalmente el 30 de abril de 2026 por la autoridad investigadora en contra de la señalada.
De acuerdo con el documento, el tribunal resolvió que se acreditó la responsabilidad de la juz al actualizarse las conductas previstas en la legislación local y general, específicamente bajo los artículos 72 (fracciones III y XVIII) de la Ley Orgánica, así como el artículo 49 (fracción I) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que será suspendida de su trabajo por 15 días.
La sentencia fue firmada y autorizada por el Magistrado Manuel Nahúm Rodríguez Chávez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado. El dictamen instruye además a la Unidad de Substanciación del Tribunal para ordenar la ejecución inmediata de los términos señalados en la resolución definitiva.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) declaró procedente la solicitud de medidas cautelares promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del ciudadano Armando Arjona Benítez, para exigir el retiro del anuncio espectacular por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.
El 22 de septiembre pasado, el PRI interpuso una queja acusando a Arjona Benítez de desplegar una estrategia sistemática de posicionamiento anticipado hacia la alcaldía de Mexicali a través de espectaculares, entrevistas y publicaciones en redes sociales, recordó el jurídico de ese partido político, Joel Blas Ramos.
La autoridad constató la existencia de un anuncio espectacular sobre el Blvd. Benito Juárez en Mexicali, el cual muestra el nombre e imagen del denunciado junto a las leyendas “Empresario y agricultor cachanilla”, “Trabajo, inversión y oportunidad para Mexicali”, “Experiencia”, “Esfuerzo” y “Resultados”.
Al ser requerido por el instituto, el Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que Armando Arjona es militante activo, dijo el abogado, pero aclaró que actualmente no existe ninguna convocatoria o proceso interno activo para seleccionar candidaturas para el Ayuntamiento de Mexicali, por lo que no cuenta con un registro oficial para el Proceso Electoral Local 2026-2027.
La Comisión determinó que se cumplen los elementos personal y temporal (al estar plenamente identificado el sujeto y el tiempo previo a las campañas), así como el “elemento subjetivo” de la infracción, por lo que declaró pertinente el otorgamiento de medidas cautelares consistentes en el retiro del espectacular.
Esta semana serán notificados el exdirector del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), Saúl Osnaya, y el actual director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrasco, sobre diversas inconsistencias detectadas durante revisiones administrativas por los casos de la compra de un terreno a precio muy por abajo del valor de mercado en un fraccionamiento de lujo en Tijuana, y por la adquisición de una casa en La Jolla California, con valor de un millón de dólares, respectivamente.
Lo anterior informó Gabriela Monge, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California durante la conferencia mañanera de hoy en Mexicali.
En el caso de Osnaya, la funcionaria explicó que, como parte de los procedimientos administrativos, tiene derecho a una garantía de audiencia, y al extitular del INDIVI se le dará un plazo determinado para presentar argumentos y documentación que permitan solventar las observaciones encontradas.
Respecto al expediente relacionado con el director de la CESPM, Monge indicó que ya se encuentra integrado, aunque todavía está pendiente información adicional solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Precisó que Carrasco también será notificado conforme a su garantía de audiencia y destacó que ambos asuntos ya superaron la etapa inicial de investigación.
Monge explicó que el expediente relacionado con Osnaya avanzó con mayor rapidez debido a que las autoridades requeridas respondieron en menor tiempo, aunque aclaró que ello no significa que el procedimiento correspondiente a Carrasco no pueda avanzar de manera similar.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que todos los asuntos a cargo de la dependencia siguen los procedimientos establecidos y que no se puede vulnerar el derecho de audiencia de quienes pudieran resultar responsables.
Por otra parte, informó que recientemente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución relacionada con uno de los asuntos vinculados con la firma de un convenio por 900 millones de pesos durante una administración anterior.
De acuerdo con Monge, en ese caso se determinó la inhabilitación del exoficial mayor de la administración pasada por un periodo de tres años, como parte de las resoluciones más recientes emitidas en materia administrativa.
La resolución se dio el día 30 de septiembre, y se publicó en el Boletín del TEJABC, en Sentencia Definitiva, donde se acredita la existencia de la falta administrativa grave atribuida a ex persona servidora pública, prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, consistente en Abuso de Funciones, por lo siguiente conducta: “Celebrar convenio de reconocimiento de adeudo y pago, por haberse comprometido al pago de más de 900 millones, m.n. (novecientos veintisiete millones, sin la facultad para hacerlo.”
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