Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval y el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Mexicali, César Beltrán, urgieron a las autoridades a solucionar el problema de los congestionamientos y largas filas que enfrentan los viajeros al ingresar a México por las aduanas del estado.

Mientras que Beltrán Badilla destacó que el problema afecta significativamente el turismo médico, el comercio, la restauración y la vida familiar de los residentes de la región fronteriza, Sandoval reiteró que la economía estatal se ha ralentizado a raíz de ese problema por el que las autoridades no se han interesado.

Entre los problemas identificados se encuentran el estrangulamiento de la movilidad por insuficiente diseño operativo, la reducción de carriles de ingreso, duplicidad de revisiones, inspecciones manuales adicionales, infraestructura poco funcional y diseño operativo ineficiente que genera cuellos de botella, lo que el líder de CCE estatal atribuyó que las decisiones las toman personas que viven a 3 mil kilómetros de la realidad fronteriza.

Los dirigentes propusieron establecer un plan de atención por etapas; realizar un diagnóstico operativo para identificar los principales cuellos de botella; ajustar la asignación de personal según la demanda en horas pico, fines de semana y días festivos; implementar un sistema permanente de medición y monitoreo de tiempos de espera; capacitar y fortalecer los criterios operativos del personal del INM para agilizar la atención; y establecer una mesa permanente de coordinación entre Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y autoridades estatales y municipales.

El plan a un año es rediseñar la infraestructura y operación de las aduanas mexicanas para mejorar el flujo vehicular, implementar programas de “viajero confiable” y carriles preferentes para usuarios frecuentes, y digitalizar los procesos migratorios mediante aplicaciones móviles, códigos QR y validación electrónica de documentos, explicaron.

Sandoval subrayó la necesidad de invertir el criterio de “todos son sospechosos y malos ciudadanos”, pues el 99 por ciento de quienes cruzan son personas trabajadoras y de bien, y la agilización se puede hacer sin descuidar la seguridad, agregó.

Beltrán, por su parte, enfatizó que se ha venido trabajando de manera conjunta con las autoridades y que ya se observa una ligera mejora en algunos cruces, aunque persisten problemas en los carriles generales. “El tema de la seguridad es preponderante, sabemos que hay protocolos, pero tenemos que implementar estrategias que cumplan con todos los rubros necesarios para que el tiempo sea lo más óptimo posible”, afirmó.

Ambos líderes empresariales llamaron a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para evitar que los congestionamientos sigan desincentivando el turismo y afectando la competitividad de la región fronteriza.

Las dos principales ciudades de Baja California han registrado un deterioro en su competitividad durante los últimos ocho años. De acuerdo con Octavio Sandoval, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, esto se debe a varios factores.

Mientras Mexicali ha logrado mantenerse en la parte media de la clasificación nacional, Tijuana ha experimentado una caída sostenida que la coloca entre las ciudades menos competitivas del país dentro del grupo de zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los resultados más recientes del ICU 2026 ubican a Mexicali en la posición 13 y a Tijuana en el lugar 20 de 21 ciudades de su categoría, ambas con un descenso de un sitio respecto a la edición anterior. Aunque las dos ciudades retrocedieron, la diferencia entre ambas es significativa: Mexicali permanece en el grupo intermedio, mientras Tijuana se encuentra prácticamente al final de la clasificación nacional.

La evolución desde 2018 muestra una tendencia dispar. En las primeras ediciones del índice, ambas ciudades ocupaban posiciones intermedias entre las grandes zonas metropolitanas. Sin embargo, Tijuana comenzó a perder competitividad de manera gradual, acentuándose el descenso entre 2022 y 2026, ya con los gobiernos de Morena. En contraste, Mexicali ha registrado variaciones menores, conservando una posición relativamente estable pese a un ligero deterioro reciente.

Sandoval comentó que los motivos del descenso de lugares en competitividad de las dos ciudades bajacalifornianas, son en primer lugar, que la entidad está entre los 5 estados que reportan la mayor inseguridad en el país, según los datos emitidos por el propio sistema nacional de seguridad emitidos este mes.

Luego está la falta de energía eléctrica en la parte de transformación para todos los sectores económicos, particularmente para la industria, declaró. Otro factor son los altos costos de mano de obra por aumentar los salarios sin el acompañamiento de estímulos a los sectores económicos formales; las largas filas para acceder a México por las garitas mexicanas, y finalmente, la falta de movilidad en los sistemas de transporte público y su alto costo, agregó.

El líder empresarial señaló que Baja California estaba en el grupo de los primeros 5 lugares hace 15 años y pasó al lugar 16 nacional, pero además se apostó a la ubicación geográfica del estado en relación con California y los estados del corredor del bajío se comunicaron con Texas y por vía ferroviaria, aunado a que hay disposición de mano de obra 30 por ciento más barata que en la zona fronteriza.

El IMCO, por su parte, atribuye el rezago de Tijuana principalmente a indicadores relacionados con el Estado de derecho, seguridad pública, salud, infraestructura urbana y medio ambiente. La alta incidencia de homicidios, el robo de vehículos, la falta de infraestructura urbana, la percepción de corrupción y el desempeño gubernamental, las deficiencias en servicios urbanos y la debilidad del estado de derecho, reducen la capacidad de la ciudad para atraer y retener inversión y talento, factores centrales del índice.

Varios de esos factores son competencia de los gobiernos estatal y municipales, pero otros dependen del gobierno federal, del sector privado y de tendencias económicas nacionales e internacionales.

En el caso de Mexicali, aunque también enfrenta desafíos en materia de infraestructura, innovación y servicios públicos, el IMCO apunta a que presenta un desempeño más equilibrado en aspectos como gobernanza, condiciones económicas y entorno institucional, lo que le ha permitido conservar una mejor posición relativa dentro del ranking nacional.