Después de años de inconformidades de los pescadores de San Felipe por las restricciones que limitan su actividad, el Gobierno estatal reconoció que las modificaciones a los polígonos de pesca apenas comienzan a abrir alternativas para el sector, en un proceso que todavía no contempla compensaciones económicas para las familias afectadas.

Juan José Pon Méndez, secretario general de Gobierno de Baja California, señaló que los cambios establecidos en el acuerdo del pasado 14 de octubre son resultado de un proceso prolongado de negociación en el que participaron pescadores, organizaciones no gubernamentales y autoridades nacionales e internacionales.

Cuestionado sobre por qué las modificaciones se concretaron hasta ahora, pese a que los pescadores de San Felipe llevan años manifestando su inconformidad, el funcionario argumentó que se trata de un asunto complejo por sus implicaciones ambientales y comerciales, que requiere la intervención de distintas instancias.

“No es fácil porque también es un tema internacional, entonces se ha venido trabajando, se ha venido escuchando”, respondió, al asegurar que el Gobierno estatal ha buscado respaldar al sector pesquero y evitar que las familias que dependen de esta actividad sean criminalizadas.

El funcionario sostuvo que el nuevo acuerdo representa un avance porque, además de modificar algunas restricciones, busca conciliar la conservación de la vaquita marina con la supervivencia económica de las comunidades pesqueras. Sin embargo, reconoció que todavía hay pendientes por resolver para atender las demandas del sector.

La modificación del acuerdo contempla la reducción de una parte del área de prohibición para el uso de redes de enmalle, la habilitación de una zona de aprovechamiento especial para actividades pesqueras con otras artes de pesca y la apertura de un canal de tránsito para las embarcaciones.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, este último cambio permitirá que los pescadores se trasladen hacia otras zonas sin tener que rodear un trayecto de aproximadamente 225 kilómetros, lo que representa un ahorro en el consumo de gasolina y diésel. No obstante, aclaró que el canal podrá utilizarse únicamente para el tránsito, sin realizar actividades de pesca dentro de la zona de cero tolerancia.

Asimismo, explicó que en el área de aprovechamiento especial podrán desarrollarse actividades distintas a la pesca con redes de enmalle, como la captura de almeja generosa, con el propósito de ampliar las alternativas productivas del sector.

Pon Méndez también defendió el acuerdo al señalar que la eliminación de una línea de restricción permitirá a México ajustarse a las normas internacionales y avanzar en las negociaciones con Estados Unidos para evitar el embargo camaronero.

Añadió que el cumplimiento de esas disposiciones podría facilitar el ingreso de productos pesqueros locales al mercado internacional y mejorar sus precios, aunque el funcionario reconoció que algunos pescadores consideran que los cambios no necesariamente se traducen en beneficios inmediatos, debido a que las áreas habilitadas podrían no contar con suficientes especies para capturar.

Ante ese escenario, aseguró que las mesas de trabajo continuarán para revisar las condiciones en las que quedó el nuevo polígono y definir cómo se desarrollarán las actividades pesqueras en adelante.

“Siempre al momento de haberse definido estos polígonos, sinceramente nunca se consideró proteger a una especie en extinción como es la vaquita marina, pero nunca se consideró la dignidad y la sobrevivencia de los pueblos pesqueros, en este caso de San Felipe, y hoy se está considerando”, declaró.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda atribuyó los avances a la coordinación con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que el objetivo es proteger a la vaquita marina sin dejar de atender las necesidades de las comunidades que dependen de la pesca.

Francisco Rueda, líder municipal del PAN en Mexicali, expresó que las cosas en Baja California no van bien y “todos los sabemos”, por lo que aseguran ser una opción para un cambio de gobierno en el 2027.

“El gobierno de Morena en siete años está sumido en señalamientos de corrupción, señalamientos de asociación con el crimen organizado; como nunca en la vida había sucedido que a un gobernador en funciones le retiraran la visa; un gobierno extranjero no le quita la visa a un buen ciudadano”, indicó en clara referencia a la gobernadora y otros políticos morenistas a quienes les han retirado el privilegio de cruzar la frontera.

Los señalamientos de mal gobierno e insensibilidad llevan siete años en Baja California, declaró, y ante esa circunstancia el PAN hizo un llamado a los ciudadanos militantes o no para que participaran en un proceso de selección, que pronto tendrá definiciones.

“Yo reto a los gobiernos morenistas a que nos digan en dónde está esa transformación” si nos vamos a la inseguridad, Baja California está en los más altos índices de homicidios dolosos, en infraestructura, las calles llenas de baches por todos lados, las carreteras del valle están destrozadas, ¿dónde está la transformación?”, cuestionó.

Regidores ensenadenses de oposición de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Solidario de Baja California solicitaron una investigación formal sobre la actuación del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) en las colonias afectadas por la tormenta tropical Rachel, donde se reportaron nueve personas fallecidas, la búsqueda de un cuerpo aún sepultado bajo lodo y miles de familias que perdieron su patrimonio, situación que criticó también la diputada federal panista Eva María Vázquez.

La legisladora demandó una revisión integral de ese organismo. “El tema del INDIVI exige que sea una revisión integral. Sabemos que INDIVI efectivamente debe ser un ente dedicado a la regularización y, e incluso esta regularización tiene que ser en condiciones, por supuesto, de garantía de certeza pública para las personas, pero también de seguridad”, afirmó.

En conferencia este lunes, detalló que, cuando el instituto realiza labores de titulación en terrenos con terceros, esa regularización tiene que ir de la mano de una certeza, no solo en la parte pública, sino también en la de uso de suelo, condiciones adecuadas para el mismo.

Señaló que deben aplicarse todos los filtros de las autoridades catastrales, registrales y de protección civil, como podría ser con cualquier otro fraccionamiento del carácter privado, y que, por tratarse de un ente gubernamental, tendría que haber incluso mayores garantías.

“Lamentablemente, pues no lo vemos así. Vemos que no tomaron con responsabilidad este gobierno los reclamos, los señalamientos, no solamente de la gente que exigía la vinculación, sino también en condiciones de seguridad”, criticó Vázquez. Añadió que el dictamen sobre las condiciones internas de operación del instituto, sus recursos y facultades “nunca han sido tomadas con seriedad por parte de la propia gobernadora, que es su obligación, que es su facultad, por lo tanto, pues ahí vemos las consecuencias humanas. La improvisación y la actitud es familiar”.

Mientras tanto, los ediles se Ensenada Armando Díaz Hoeflich (MC), Brenda Mendoza Kawanishi (PESBC) y Adrián García García (PAN) anunciaron que pedirán la renuncia de los funcionarios responsables del instituto y presentarán una denuncia penal para que las autoridades competentes determinen si existieron omisiones o responsabilidades. Las colonias Durango, San Francisquito, Lomas de Mendoza y Oaxaca figuran entre las más dañadas y, según los regidores, fueron regularizadas por el organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Los regidores subrayaron que el tema debe tratarse de manera pública y no limitarse a inconformidades privadas, al considerar que existe un desdén del gobierno estatal hacia el municipal, rector del desarrollo urbano. Exigieron esclarecer el papel de INDIVI en el proceso de regularización de esas zonas y revisar si se garantizaron las condiciones de seguridad necesarias.

Un contrato definitivo de compraventa con reserva de dominio suscrito por INDIVI en el desarrollo habitacional Lomas de Mendoza, uno de los fraccionamientos afectados, confirma la participación del instituto en la regularización de predios en esa zona. El documento establece el compromiso de venta de lotes de terreno bajo condiciones de pagos mensuales y reserva de dominio a favor del organismo.

Los regidores de oposición y la diputada federal coinciden en que la investigación debe determinar el alcance de la intervención de INDIVI y si se omitieron las garantías de seguridad y uso de suelo que, según Vázquez, debieron acompañar cualquier proceso de regularización en las colonias golpeadas por Rachel.

Se solicitó una postura a Gobierno del Estado sobre los requisitos sobre protección civil para fraccionar y vender terrenos en una zona que podría quedar en riesgo en caso de lluvias extremas, como sucedió con la tormenta tropical.