La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) investiga el hallazgo de cuatro vehículos con personas sin vida abandonadas en un polígono cercano a la zona conocida como Caliente.

De acuerdo con la titular de la dependencia, María Elena Andrade Ramírez, las autoridades han logrado establecer un patrón directo entre los cuatro casos, los cuales comparten la misma ruta de origen y desplazamiento.

El primero de los hallazgos documentados ocurrió el pasado 17 de agosto a las 10:05 horas, cuando se localizó un automóvil Chrysler 200 gris con reporte de robo vigente desde el 15 de agosto.

En su interior se encontraba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, cuya causa de muerte fue por heridas de arma punzocortante.

Adicionalmente, las autoridades analizan otros tres vehículos localizados a unos dos kilómetros de distancia para determinar si guardan relación con el mismo evento.

Las primeras indagatorias apuntan a que las víctimas no tenían relación entre sí y podrían haber sido seleccionadas al azar debido a sus condiciones de vulnerabilidad, al habitar en lugares precarios o encontrarse en situación de calle.

Respecto a las causas de muerte, la fiscal precisó que la mayoría de las víctimas no presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, salvo un caso particular, registrándose causas como asfixia por ahorcamiento o lesiones por arma blanca.

Tras el hallazgo, la FGE activó los protocolos de investigación y seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó Andrade Ramírez.

Mediante el rastreo de cámaras de videovigilancia, se determinó el trayecto previo de las unidades involucradas.

Explicó que los cuatro vehículos partieron del mismo punto de origen y siguieron la misma ruta antes de ser abandonados.

Sobre la cercanía con el terreno del Caliente, fiscalía entabló comunicación con propietarios y socios del establecimiento, quienes señalaron no contar con información relevante ni haber recibido amenazas relacionadas con los hechos, dijo.

Finalmente, se reservó los detalles sobre la ruta exacta y el origen de las unidades para evitar comprometer el desarrollo de las pesquisas.

La tarde del sábado 15 de agosto de 2026, el Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, Baja California, activó el Código Plata tras el ingreso de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego: un adulto y un menor de edad.

De acuerdo con comunicado oficial emitido por el IMSS Baja California, ambos recibieron atención médica inmediata por parte del personal de la unidad y fueron trasladados al área de choque de Urgencias. A pesar de las maniobras de reanimación y el manejo médico especializado, el adulto fue declarado sin vida.

El menor presentó una lesión; los estudios de imagen descartaron daño óseo y actualmente recibe atención en Urgencias Pediátricas.

Por razones de seguridad y en coordinación con las autoridades correspondientes, el IMSS en Baja California determinó suspender temporalmente las visitas a familiares en dicha área, mientras continúan las operaciones normales de la unidad.

Según reportes de autoridades municipales y medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la explanada del nosocomio, ubicado en la colonia Río Tijuana Tercera Etapa. La víctima adulta fue identificada como Josué Bañuelos Manjarrez, de 45 años, quien había dejado de pertenecer a la Policía Municipal de Tijuana en septiembre de 2022. El menor, de 11 años y acompañante de Bañuelos, resultó herido de bala en una extremidad. El agresor huyó del lugar y hasta el momento no se ha reportado su detención. La Fiscalía General del Estado de Baja California inició la investigación correspondiente y se desplegó un operativo de búsqueda.

Ante el asesinato a balazos de un vendedor de nieves ocurrido en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja exigió desde tribuna acciones contundentes para combatir la extorsión y el cobro de piso, así como el esclarecimiento del homicidio del trabajador.

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) manifestó su indignación por el crimen y lamentó que un hombre que salió a trabajar para llevar el sustento a su familia no pudiera regresar a casa.

La diputada sostuvo que este hecho violento vuelve a evidenciar el temor que enfrentan comerciantes y trabajadores de Tijuana ante la posibilidad de ser víctimas de extorsión.

Explicó que existe miedo de abrir un negocio, de recibir una llamada, de que alguien llegue a exigir dinero y, todavía peor, miedo de denunciar y que la denuncia no tenga consecuencias.

La legisladora cuestionó que los comerciantes puedan ser ubicados por las autoridades cuando se trata de inspecciones, permisos, sanciones, multas o revalidaciones, mientras que en materia de seguridad continúan expuestos a las amenazas del crimen organizado.

“Para cobrarle saben dónde está. Para inspeccionarlo saben dónde está. Para pedirle permisos saben dónde está. Para sancionarlo saben dónde está. ¿Pero para protegerlo del crimen organizado resulta que nadie sabe nada?”, cuestionó.

Gilvaja aclaró que no se trata de desaparecer las leyes o reglamentos, sino de garantizar que ninguna facultad de gobierno sea utilizada como instrumento de abuso, hostigamiento, corrupción o presunta extorsión.

“Sería profundamente inmoral que al comerciante que el Estado no puede proteger del delincuente, el mismo Estado sí sea extraordinariamente eficiente para encontrarlo cuando toca cobrarle”, señaló.

Gilvaja también hizo un llamado directo a la Sindicatura Municipal de Tijuana, al considerar que su responsabilidad es vigilar el funcionamiento del gobierno municipal e investigar las posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.

“La Sindicatura no existe para tomarse fotografías. No existe para hacer relaciones públicas. Existe para vigilar al gobierno municipal”, sostuvo.

En ese sentido, pidió investigar las denuncias que pudieran existir relacionadas con inspectores o funcionarios municipales y, en caso de acreditarse responsabilidades, actuar conforme a la ley.

Gilvaja también cuestionó que los gobiernos presuman operativos o estadísticas sin informar cuántos funcionarios han sido investigados o sancionados por posibles actos de corrupción.

Ante esta situación, la diputada Yohana Gilvaja presentó ante el Pleno un punto de acuerdo, mediante el cual exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, María Elena Andrade Ramírez, a destinar los recursos materiales, humanos y legales disponibles para investigar los hechos en los que perdió la vida el vendedor de nieves en la colonia Mariano Matamoros, esclarecerlos y judicializar la carpeta correspondiente.

Asimismo, exhortó al General Brigadier de Estado Mayor Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, así como al presidente municipal de Tijuana, Abdiel Gutiérrez Coronado, para que revisen, consoliden y mejoren la política pública contra el delito de extorsión, con el propósito de avanzar hacia su pronta erradicación.

Finalmente, Gilvaja hizo un llamado a las autoridades para que no se permita la normalización de la violencia y la extorsión en Tijuana.