El comisariado del Ejido Xochimilco, Fernando Olivas, no reconoce que la posesión de un predio que ocupa la familia Zavala desde 1975; incluso lo ha vendido ya dos veces a pesar de que existen documentos de prueba sobre la propiedad.

Ramiro Zavala, posesionario del terreno falleció en 1999, y su hijo Likain Zavala Granillo, está tratando de regularizar la situación del predio desde hace años y no ha podido pese a las promesas de solución de varias autoridades a través del tiempo.

El predio quedó dividido por el trazo y construcción de la calzada de los Presidentes, en el fraccionamiento Villas del Rey primera etapa. La constructora URBI pagó el terreno ocupado por la vialidad con la construcción de una casa en el terreno más pequeño tras la división, explicó Zavala Granillo.

La familia cuenta con varios documentos que dan fe de la posesión del predio. Uno de ellos es un deslinde de 2004 basado en planos de Gobierno del Estado, donde mencionan a la esposa de Ramiro Zavala, Socorro Granillo Andreo, como posesionaria del terreno ya dividido, de 2 mil 220 metros cuadrados.

Otros documentos son varios certificados y un documento notarial donde dos personas dan su testimonio sobre la posesión del terreno por parte de Socorro Granillo Andreo, en sus esfuerzos por legalizar los terrenos tras la muerte de su marido.

La familia Zavala logra inscribir el predio más chico, donde viven, tras un acuerdo económico por 50 mil pesos, en el Registro Agrario Nacional.

Los esfuerzos por legalizar la propiedad grande se intensifican cuando en 2019 el comisariado ejidal vende dos fracciones del terreno grande a dos personas. Debido a la condición legal de esos terrenos, no puede ofrecerles un contrato de compraventa. A quien le vende la fracción de terreno más grande, termina acotado en una fracción más pequeña del mismo, y la semana Zavala Granillo acudió al lugar debido a que le informaron que había maquinaria trabajando en el terreno.

El comisariado ejidal, Fernando Olivas, ya estaba enterado de la posesión del terreno grande por parte de la familia Zavala, a quien trató de convencer de que la única manera posible para regularizar su propiedad, era a cambio de una suma importante de dinero basada en un avalúo comercial actual, lo cual fue rechazado por la familia.

A pesar de saber lo anterior, Olivas vendió el resto disponible del terreno, por lo que Granillo Zavala le reclamó y pide a las autoridades que intervengan ante este atropello que pretende despojar a su familia de una propiedad que ha estado en su poder por más de 50 años.

En el marco de la conmemoración del 89 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ex-trabajadores, jubilados y pensionados de la paraestatal se manifestaron este día en la capital de Baja California para alzar la voz contra lo que califican como una injusticia laboral y una vulneración a sus derechos adquiridos.

Con pancartas, mantas y consignas, la comunidad de jubilados se concentró para reclamar una vez más lo que consideran una injusticia al haberles aplicado la retroactividad de la ley.

La elección de llevar a cabo la movilización durante el aniversario de la CFE buscó visibilizar la indignación del sector ante las recientes afectaciones a sus condiciones de retiro y prestaciones.

Durante el encuentro, los voceros del movimiento agradecieron la respuesta y advirtieron que mantendrán la resistencia y la movilización hasta obtener una respuesta favorable a sus exigencias.

Con el objetivo de establecer criterios más estrictos para determinar custodias y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado local del PAN, Diego Echevarría Ibarra, presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, una propuesta de reforma integral a los códigos Civil y Penal de Baja California.

La iniciativa busca modificar las reglas relacionadas con la custodia, patria potestad y convivencia familiar, así como establecer nuevas responsabilidades y sanciones cuando existan situaciones de negligencia, violencia o exposición de menores a condiciones de riesgo.

Echevarría Ibarra explicó que la propuesta lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un niño de tres años que perdió la vida en Mexicali luego de haber sido dejado por su madre en condiciones de riesgo.

Aunque el legislador externó que no se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género y que es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro, no hay que olvidar que el padre del niño enfrenta procesos judiciales por golpear a su entonces pareja, la madre del niño.

Entre los principales cambios planteados al Código Civil se encuentra el reconocimiento expreso del derecho a la coparentalidad, con el propósito de garantizar que ambos progenitores participen de manera equitativa en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos.

La propuesta establece además la custodia compartida como presunción legal primaria, aunque su aplicación estaría condicionada a criterios de idoneidad parental, entre ellos oportuna y correcta evaluación de la estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas que representen un riesgo para los menores.

Por lo anterior, uno de los puntos contempla es que las autoridades realicen evaluaciones clínicas y psicológicas de manera inmediata en los procedimientos familiares. También plantea reconocer dictámenes particulares emitidos por profesionales certificados, con la intención de agilizar los procesos judiciales y evitar que las demoras puedan colocar a los menores en situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa amplía, además, las causales para la pérdida o suspensión de la patria potestad, incorporando supuestos como negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.