La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.

“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.

García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.

“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.

La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.

Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.

La diputada federal por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La legisladora argumentó que la petición surge a partir de señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero que, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto, tendrían un costo superior a los 300 mil dólares. Señaló que es necesario esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.

En el documento, Vásquez Hernández sostiene que la confianza ciudadana en las instituciones requiere que cualquier duda sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos sea revisada por las autoridades competentes, especialmente cuando existen posibles implicaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La diputada recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con facultades legales para recopilar, analizar e intercambiar información financiera con autoridades nacionales e internacionales cuando existan elementos que justifiquen una investigación, por lo que el exhorto solicita que dichas atribuciones sean ejercidas conforme al marco jurídico vigente.

El punto de acuerdo propone que la UIF realice un análisis exhaustivo de la información financiera y patrimonial de la mandataria estatal, solicite intercambio de información con organismos homólogos en el extranjero y, de encontrar elementos suficientes, proceda conforme a las facultades que le otorga la ley.

“La ciudadanía merece respuestas claras y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda comprometer la legalidad, la transparencia y la confianza en las instituciones”, afirmó la legisladora al concluir la presentación de su propuesta.

Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.