Este lunes, la familia de Justo Martín Rodríguez Heras, acudió al predio de Pro Natura en una jornada de búsqueda coordinada por el equipo interdisciplinario que trabaja en ese sitio desde el 8 de enero de este año, donde han encontrado 24 fosas y 47 víctimas.

El pick up Tacoma gris que conducía el hombre de 59 años, visto por última vez el 16 de agosto pasado, apareció calcinado en medio del predio asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco días después, el 21 de agosto.

La Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, junto con la Comisión Local de Búsqueda, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la FGE y la Guardia Nacional analizaron y exploraron el área donde apareció el vehículo, sin encontrar rastros de Rodríguez Heras.

La familia, quien se unió al colectivo Madres Unidas y Fuertes, expresó que la FGE no le ha dado la carpeta de investigación, como es su derecho, con el argumento de que aun están investigando. También han pedido les regresen la cartera de su familiar, encontrada los días posteriores a su desaparición, pero tampoco han tenido respuesta positiva.

El agente de fiscalía asignado a su caso, de apellido Corbalá, no ha ido nunca al predio de Pro Natura donde fue encontrado el pick up de la víctima, como tampoco acudió cuando reportaron el hallazgo de la cartera, ni acudió hoy al predio, donde la familia estaría presente en la jornada de búsqueda, señalaron.

Después de cuatro días de bloqueo en la garita comercial Mexicali-Calexico, transportistas de carga acordaron retirar sus unidades tras establecer con el Gobierno de Baja California una mesa permanente de diálogo para atender la cancelación de visas estadounidenses y las diferencias en torno a las actividades que pueden realizar los operadores mexicanos en territorio estadounidense.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre representantes del sector y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, quien se comprometió a dar seguimiento a los casos y gestionar su atención ante las autoridades correspondientes.

Como parte de los acuerdos, se instalará una mesa permanente en la que participarán autoridades estatales y representantes de las secretarías de Gobernación y de Economía, con el propósito de revisar los procedimientos mediante los cuales fueron canceladas las visas de los transportistas y buscar mecanismos de atención conjunta con las autoridades de Estados Unidos.

El conflicto comenzó el pasado jueves, cuando alrededor de 300 operadores bloquearon los accesos a la garita comercial de Mexicali en protesta por el retiro de visas B1 a transportistas mexicanos. Los inconformes señalaron que tan sólo el 2 de septiembre fueron retiradas las visas a 17 choferes en Mexicali.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la interpretación que autoridades estadounidenses hacen del llamado cabotaje, es decir, el traslado de mercancías entre puntos dentro de Estados Unidos que no corresponde al transporte internacional autorizado para operadores extranjeros.

Los transportistas han reclamado que durante las revisiones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se les cuestionan actividades realizadas durante sus recorridos y, en algunos casos, se les retiran sus visas. El gremio sostiene que existe incertidumbre sobre las reglas que deben cumplir una vez que ingresan a territorio estadounidense.

La protesta se extendió posteriormente al cruce comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, mientras los operadores exigían reglas claras y una revisión de los casos individuales.

Durante las movilizaciones, representantes del Consulado de México en Calexico también acudieron a la zona para recopilar los testimonios y documentación de los transportistas afectados, con el objetivo de remitir los casos a la Cancillería y darles seguimiento ante autoridades estadounidenses.

El levantamiento del bloqueo no significa el cierre del conflicto. Los transportistas establecieron que esperan avances concretos en la revisión de las visas revocadas y en la definición de las reglas relacionadas con el cabotaje. En caso de no obtener resultados dentro del plazo acordado, advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y ampliar las protestas a otros cruces fronterizos de la región.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Mexicali, Rude García, cuestionó el proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados a los bomberos, al considerar que existen una serie de coincidencias y circunstancias que, desde su perspectiva, deben ser aclaradas por el gobierno municipal.

García rechazó tener algún vínculo con la empresa Uniformes Julián, luego de que desde un noticiero de televisión local se generara una narrativa pública que relacionaba sus cuestionamientos con los intereses de dicha compañía.

“Yo ni siquiera sabía que esta empresa había participado”, afirmó el edil, quien aseguró que la información que conoció inicialmente correspondía únicamente a dos empresas que habían llegado a la etapa final del procedimiento: Tridenta y Probetex, y desconocía quién se había quedado fuera.

Explicó que tuvo conocimiento del proceso casi por casualidad, durante una mesa de trabajo en la que se analizaban transferencias presupuestales del Ayuntamiento. De acuerdo con García, lo que inicialmente llamó su atención fue el monto de la ampliación presupuestal solicitada: 57 millones 779 mil 244 pesos, cantidad que, señaló, no correspondía a una cifra aproximada o cerrada, sino a un monto muy específico.

Posteriormente, dijo, se enteró de que en ese momento se desarrollaría una licitación relacionada con los uniformes de Bomberos y tuvo acceso únicamente a fotografías de documentos que, aseguró, le fueron prestados y no entregados oficialmente.

El regidor sostuvo que los integrantes del Cabildo no tienen acceso de manera regular al calendario de licitaciones ni son convocados oportunamente a todos los procedimientos, situación que, consideró, limita su capacidad para revisar y cuestionar las adquisiciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos de García surgió cuando, según relató, la empresa que finalmente obtuvo el fallo presentó un monto que coincidía exactamente con la cantidad que previamente se había contemplado ampliar en el presupuesto.

“¿Cómo me dices que ya sabes qué monto vas a ampliar cuando la licitación no se ha abierto, cuando aún hay sobres cerrados?”, cuestionó.

García también puso en duda que el Ayuntamiento haya recurrido a un proceso exclusivamente local para una adquisición que estimó en alrededor de 3.3 millones de dólares, al considerar que una operación de ese tamaño podría haber atraído a proveedores nacionales e internacionales y, eventualmente, generar mejores condiciones económicas.

El regidor señaló que su intención no era cuestionar la necesidad de equipar a los bomberos, sino revisar si los recursos públicos podían utilizarse de manera más eficiente.

En ese sentido, planteó comparar el gasto destinado a los equipos de Bomberos con otras necesidades de seguridad pública, como los chalecos antibalas de policías municipales que, afirmó, se encuentran vencidos.

Otro de los puntos señalados por García fue la diferencia entre el costo de los uniformes adquiridos en 2021 y el presupuesto contemplado actualmente. Indicó que en 2021 se habrían adquirido 275 uniformes por alrededor de 30 millones de pesos, mientras que cinco años después se proyectaría comprar 300 por aproximadamente 58 millones; casi el doble.

El regidor reconoció que actualmente se contempla tanto uniforme pesado como ligero, pero señaló que, según las cotizaciones que conoció, el uniforme ligero representaría una erogación de alrededor de seis millones de pesos, por lo que consideró que aún existiría una diferencia importante que debería ser explicada.

También mencionó diferencias de precio entre las cotizaciones de las empresas participantes. Como ejemplo, señaló que en uno de los conceptos una empresa habría presentado un precio aproximadamente cuatro millones de pesos menor que otra, por lo que cuestionó si el Ayuntamiento exploró la posibilidad de negociar mejores condiciones o incluso dividir la adquisición.

García insistió en que sus cuestionamientos surgieron de la información a la que tuvo acceso y no de una relación con alguno de los proveedores. “Yo reto al gobierno que demuestre que yo tengo alguna relación o interés con Uniformes Julián”, declaró.

Asimismo, cuestionó la premura con la que, desde su perspectiva, se llevó a cabo el procedimiento y consideró necesario ampliar los estudios de mercado antes de comprometer una cantidad de recursos de esa magnitud.

El regidor sostuvo que continuará recopilando información sobre las empresas participantes, cotizaciones y procedimientos relacionados con la adquisición para presentar posteriormente mayores elementos.

Finalmente, acusó al gobierno municipal de responder con una ofensiva mediática ante quienes cuestionan sus procedimientos y piden transparencia sobre el uso del presupuesto.