La impugnación promovida por el regidor panista Manuel Rude García derivó en la modificación de la sanción impuesta a Morena por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que sustituyó una amonestación pública por una multa de 200 UMA, equivalente a 22 mil 628 pesos.

El procedimiento tiene su origen en actividades de promoción de afiliaciones realizadas entre junio y julio de 2025 por personas vinculadas con Morena, en las inmediaciones de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió el pasado 26 de agosto que la conducta debía ser considerada como una infracción grave ordinaria, por lo que ordenó al IEEBC modificar la sanción inicialmente impuesta.

De acuerdo con la resolución, quedó acreditada una conducta relacionada con la perturbación de los derechos de la ciudadanía que acudía a solicitar trámites o servicios públicos, además de la omisión de Morena de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de vigilar la actuación de sus militantes y simpatizantes.

El órgano jurisdiccional también consideró que las actividades partidistas desarrolladas en las inmediaciones de una dependencia pública eran susceptibles de vincular la actividad político-electoral de Morena con una institución pública y con programas sociales, lo que habría generado un beneficio de carácter político-electoral para el partido.

Durante la sesión del Consejo General Electoral del IEEBC del pasado 3 de septiembre, representantes de los partidos PAN, PT, PRI y MC cuestionaron el monto de la sanción, al considerar que los 22 mil 628 pesos no son proporcionales a la gravedad de la conducta ni tienen un efecto ejemplar suficiente para inhibir la repetición de este tipo de prácticas.

Rude García, quien promovió la impugnación, sostuvo que la modificación de la sanción representa un avance, aunque advirtió que continuará buscando que este tipo de conductas reciban sanciones más severas.

Declaró que la resolución es un avance derivado de la impugnación y deja claro que estas prácticas sí tienen consecuencias. Agregó que seguirán dando batalla jurídica para que se impongan sanciones más severas y contundentes que inhiban estas prácticas y eviten que vuelvan a repetirse”.

La resolución establece que, una vez que cause estado, la multa será descontada del financiamiento público ordinario de Morena y los recursos serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, conforme a lo determinado por el IEEBC.

El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto García Manjarrez, respondió que el diputado federal Armando Samaniego les ha dicho que “ve muy viable” que se de el decreto del IVA preferencial al 8 por ciento para la zona fronteriza en 2027, que el legislador dio como un hecho esta semana.

García Manjarrez explicó que han sostenido interacciones sobre el tema con el diputado Gilberto Herrera y con el senador Loera, quien preside los asuntos fronterizos en el Senado. También dijo que Samaniego se reunió con ellos hace un par de semanas, donde le expusieron la situación.

El dirigente empresarial subrayó que Coparmex sacó el tema hace varias semanas precisamente porque “no podemos estar con mayores elementos de incertidumbre”, pues el ánimo para invertir ya está golpeado por la incertidumbre económica y que desconocer cuándo se concretará la extensión frena la actividad de aquí al fin del año.

Recordó que la última extensión se dio justo el 30 o 31 de diciembre e insistió que se trata de eliminar al máximo posible la incertidumbre.

“Necesitamos un cuándo más preciso. Entiendo que no depende de una sola persona, pero si todos estamos enfocados a que esto, esta primera extensión del decreto, un decreto nuevo, quede de manera inmediata, nos da tranquilidad y se pueda trabajar en que cambien la ley de ingresos y la ley”, expresó García Manjarrez.

Después de cuatro días de bloqueo en la garita comercial Mexicali-Calexico, transportistas de carga acordaron retirar sus unidades tras establecer con el Gobierno de Baja California una mesa permanente de diálogo para atender la cancelación de visas estadounidenses y las diferencias en torno a las actividades que pueden realizar los operadores mexicanos en territorio estadounidense.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre representantes del sector y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, quien se comprometió a dar seguimiento a los casos y gestionar su atención ante las autoridades correspondientes.

Como parte de los acuerdos, se instalará una mesa permanente en la que participarán autoridades estatales y representantes de las secretarías de Gobernación y de Economía, con el propósito de revisar los procedimientos mediante los cuales fueron canceladas las visas de los transportistas y buscar mecanismos de atención conjunta con las autoridades de Estados Unidos.

El conflicto comenzó el pasado jueves, cuando alrededor de 300 operadores bloquearon los accesos a la garita comercial de Mexicali en protesta por el retiro de visas B1 a transportistas mexicanos. Los inconformes señalaron que tan sólo el 2 de septiembre fueron retiradas las visas a 17 choferes en Mexicali.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la interpretación que autoridades estadounidenses hacen del llamado cabotaje, es decir, el traslado de mercancías entre puntos dentro de Estados Unidos que no corresponde al transporte internacional autorizado para operadores extranjeros.

Los transportistas han reclamado que durante las revisiones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se les cuestionan actividades realizadas durante sus recorridos y, en algunos casos, se les retiran sus visas. El gremio sostiene que existe incertidumbre sobre las reglas que deben cumplir una vez que ingresan a territorio estadounidense.

La protesta se extendió posteriormente al cruce comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, mientras los operadores exigían reglas claras y una revisión de los casos individuales.

Durante las movilizaciones, representantes del Consulado de México en Calexico también acudieron a la zona para recopilar los testimonios y documentación de los transportistas afectados, con el objetivo de remitir los casos a la Cancillería y darles seguimiento ante autoridades estadounidenses.

El levantamiento del bloqueo no significa el cierre del conflicto. Los transportistas establecieron que esperan avances concretos en la revisión de las visas revocadas y en la definición de las reglas relacionadas con el cabotaje. En caso de no obtener resultados dentro del plazo acordado, advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y ampliar las protestas a otros cruces fronterizos de la región.