En el asunto de la licitación millonaria para los uniformes de bomberos, nos comentan que la empresa ganadora del fallo fue promovida por Ignacio Lozoya, a quien premiaron enviándolo a Protección Civil. La última vez que se licitaron uniformes de combate el costo fue de 28 millones de pesos, y aunque dicen que esta vez se incluyen además uniformes ligeros, ese gasto representa cerca de 6 millones de pesos así que no se justifica que el presupuesto se amplíe casi al doble. De ese tamaño es el negocio en el Ayuntamiento de Mexicali, y de ese nivel el interés para mandar a los voceros oficiales a defender lo indefendible.

Hace ya varios días que le enviamos la pregunta a la enlace de comunicación de la Secretaría de Salud, de por qué ganaba tanto el doctor Adrián Medina Amarillas como publicó el semanario Zeta, más de 200 mil pesos al mes. Dijeron que le correspondía a Comunicación Social, a quien también cuestionamos y nunca recibimos respuesta. Así la transparencia en el Gobierno de Marina del Pilar.

Si la explicación va en el sentido de que tenían que ofrecer un “incentivo” al doctor para que aceptara el cargo porque en su trabajo ganaba más, ¿por qué le interesa buscar un cargo de elección popular? Además, con eso de que ya todo es del IMSS Bienestar, la secretaría de Salud estatal está más de adorno. Si le interesara el sistema de salud hubiera peleado porque el control se quedara en el estado y no en la federación, y ya se les acabó el pretexto de la transición, la federalización no funciona y está más que comprobado.

En otro tema, el antes morenista y ahora petista José Guadalupe Montoya Jiménez y Sandra Luz Acosta Landa, fueron a llorar al partido para que les ayuden a tener casa. Nada más que olvidaron decir que están invadiendo tres propiedades en Villa Mediterránea que buscan prescribir. Incluso a Montoya Jiménez le aparece una propiedad en la colonia Maestros Federales, donde tenía dos lotes y le donó uno a su hijo, así que muy necesitado no está.

Este jueves fue de mañanera en la capital bajacaliforniana. Como siempre, tratan de controlar la narrativa y contener las posibles preguntas que metan en aprietos a la administración estatal. Además de “sugerir” preguntas al inicio de los cuestionamientos, también en plena conferencia le mandan mensaje a algunos medios para preguntar si quieren preguntar, cuando en el formato de registro dice “¿desea hacer una pregunta?”, pero claro, ellos quieren controlar quién toma la palabra.

Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir: las mañaneras son pura simulación; es un “ejercicio democrático” donde se acuerdan preguntas, se evade a ciertos medios, se llama a tres personas diferentes a contestar ampliamente una pregunta para acabarse el tiempo y su buscan aliados que le entren al juego. La única razón para tenerle miedo a los cuestionamientos que se puedan hacer ahí es no poder ofrecer respuestas satisfactorias.

En la mañanera de hoy, además de pasar todo lo anterior, la prensa criticó duramente la actuación del gobierno estatal ante la falta de energía eléctrica que afectó amplias zonas durante las trombas del viernes y el domingo.

Marina del Pilar empezó recordando la visita de la presidenta, la inversión anunciada, que ya tenemos suficiencia energética (lo cual es falso), queriendo mostrar a todos el mundo de fantasía en el que vive. No importa cuántos postes se reemplacen, cuántas plantas se inauguren, la cantidad de torres de energía de Tijuana a Mexicali ni los millones de pesos que anuncien de inversión, porque mientras se sigan cayendo postes cada que hace viento y tarden tres días en las reparaciones, todo lo demás son discursos.

Se le reclamó a la gober la falta atención a la gente que quedó sin energía, sin ofrecerles albergue e insumos, lo que la sorprendió y anunció regaños a sus colaboradores por no hacer el trabajo que les corresponde.

Por cierto, que su “flamante” coordinador de gabinete no fue presentado ni en la mañanera de Tijuana ni en la de Mexicali. Al menos tiene la vergüenza de no exhibir a Ariel Lizárraga. Su fiel escudero, Néstor Cruz, al parecer tiene el don de la ubicuidad, pues mientras sigue siendo el coordinador de comunicación de Morena, también tiene oficina en el tercer piso del Poder Ejecutivo.

Con el regreso de este par a su antiguo feudo, al personal de Comunicación Social se le borró la sonrisa, pues Ariel retomará el control que tenía con mayor poder. Por lo que respecta a la apertura en las mañaneras y eventos públicos a donde la prensa no es invitada, no ha habido ninguna diferencia.

Pasando a otro tema, en la madrugada del 30 de agosto, pasaban de las 4 de la mañana cuando en José Sánchez Islas y Francisco L. Montejano, frente al bar El Copeo, atropellaron a un hombre de entre 30 y 35 años.

De acuerdo con reporte policiaco, deducen que el vehículo involucrado circulaba con dirección de norte a sur por L. Montejano y al llegar a la altura del Copeo, se encontraban unas personas peleando, cuando uno de ellos invadió el carril de circulación, interponiéndose en la trayectoria de la unidad, de la que se desconocen características, dándose a la fuga.

Eso quiere decir que el bar propiedad de los socios de Luis Alfonso Torres Torres está gozando de horas extras, que esperamos -y le pedimos a Rodrigo Llantada nos facilite las pruebas- esté pagando puntualmente al Ayuntamiento de Mexicali. Esta desconfianza es porque RadarBC ya publicó hace tiempo que a El Copeo en Mexicali se le cobraron pocas horas extras que sí utilizaba cada fin se semana, pero en ese entonces el responsable de la omisión era el entonces secretario del ayuntamiento de la capital, Daniel Valenzuela.

Pasando a otra cosa, se acabó el amor entre Armando Samaniego y Norma Bustamante, pues el diputado federal se le fue a la yugular con el tema del millonario presupuesto que se ha llevado la adecuación y renta del Cine Lux.

Hoy en conferencia de prensa, calificó el tema como una de las verguenzas de Mexicali e invitó amablemente a las autoridades municipales a informar detalladamente en qué se ha gastado cada peso, lo cual prometió la alcaldesa informar desde poco antes de semana santa, sin que hasta la fecha haya cumplido su palabra.

Hasta dijo que la oficial mayor, Claudia Beltrán, demostraría que la empresa ha regresado dinero y que lograron bajar la renta. Aquella renta que ella había dicho sería de 50 mil pesos al mes (le faltó un cero) y que quedó en 519 mil al mes.

Claudia quedó peleada con Marina del Pilar por este tema, por ensartales el contrato en beneficio de su amigo Panchito Pérez Tejada, y ahora Samaniego aprovechará el tema del Cine Lux para golpear a su posible oponente a la alcaldía, la Oficial Mayor.

Finalmente, qué traerá la líder estatal del PAN, Lizbeth Mata, que anunció esta semana que se registraron cinco contendientes a la gubernatura, y entre ellos mencionó al empresario Mario García Franco, pero este negó a sus amigos que hubiera hecho tal cosa. O Liz está metiendo ruido innecesario a la elección o de plano no sabe ni quién se registró.

Lamentable también que estén midiendo en encuesta telefónica a la hija de Ruffo; se hizo mediática hace 15 minutos por el asunto de la encarcelación de su padre y el partido ya le está viendo cara de candidata. Así de desesperados están los blanquiazules por la falta de figuras con buena reputación.

También no hay que dejar de mencionar que en la encuesta telefónica para medir candidatos fuertes a la alcaldía de Mexicali, no están considerando ni a Modesto Ortega ni a Margarita de Sánchez. Si prometieron una contiena interna honesta, pareja y transparente, pues tienen que ofrecer piso parejo a todos, les guste o no, porque al abrir el proceso a los ciudadanos, se espera que tengan el más claro sistema de medición para que haya pocas dudas y mucha unidad.

COLUMNA INVITADA/ Por Guillermo Rivera Millán

Detrás del ruido sobre censura que generó la publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias hay una pregunta más precisa que el debate apenas rozó: ¿qué significa exigir veracidad a una noticia sin exigir lo mismo a una opinión? El artículo 12 obliga a preservar pluralidad y veracidad; el artículo 18 pide “elementos mínimos” para sostener que una noticia era veraz al difundirse. Ninguno define qué cuenta como elemento mínimo, ni distingue con claridad dónde termina el hecho verificable y dónde empieza el juicio de valor protegido sin ese estándar.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

• Director General De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.