El Ayuntamiento de San Felipe, que encabeza José Luis Dagnino, informó este lunes que la empresa SCORE International no incluyó al municipio como sede en su calendario oficial de competencias para el año 2027.

A través de un comunicado, las autoridades locales expresaron su decepción ante la decisión, pero destacaron el fuerte respaldo que el municipio ha brindado al evento durante los últimos cinco años. Entre las aportaciones mencionadas se encuentran el pago anual de 120 noches de hospedaje en habitaciones dobles para el equipo de SCORE, el cubrimiento de derechos por el uso de la pista —con una aportación de 105 dólares por equipo registrado por parte de la empresa— y el mantenimiento de cerca de 300 kilómetros de ruta con maquinaria pesada, costo absorbido al 100% por el Ayuntamiento.

Además, el municipio cubrió íntegramente los gastos de seguridad pública, acciones preventivas, renta de sanitarios públicos y servicios extraordinarios de limpieza. El comunicado resalta que, recientemente, el gobierno municipal sostuvo reuniones de coordinación con el sector privado para mejorar la calidad de los servicios, logrando reducir en algunos casos hasta un 50% los cobros por derechos de uso de pista.

Pese a que San Felipe realizó todos los preparativos necesarios para recibir la SCORE International San Felipe 250 y mostró su disposición para continuar como sede, la organización decidió llevar a cabo la edición 2027 en otra localidad.

“Respetamos la decisión tomada por SCORE International”, señala el documento publicado por Dagnino, aunque subraya que el municipio mantendrá sus puertas abiertas a otras empresas nacionales e internacionales del off-road interesadas en organizar competencias en el desierto bajacaliforniano.

Finalmente, las autoridades afirmaron que San Felipe seguirá trabajando para consolidarse como un destino líder del deporte motor, impulsando el turismo, la economía local y posicionándose como referente internacional de aventura y deporte.

A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, Haru Thompson Navarro aseguró que su familia enfrenta una situación “muy difícil” derivada de las investigaciones relacionadas con el caso de presunto huachicol fiscal, en el que recientemente fue detenido su hermano y se giró una orden de aprehensión contra su padre.

En el mensaje, Thompson Navarro señaló que durante años consideró al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como “una buena persona”, aunque afirmó que con el tiempo esa percepción cambió. Explicó que fue su padre quien buscó a Ruffo para desarrollar un nuevo proyecto empresarial y que éste los puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión, dijo, se constituyó una empresa a la que posteriormente se incorporó Ruffo Appel como socio.

De acuerdo con su versión, tiempo después su padre y su hermano fueron despojados de sus acciones dentro de la empresa y, además, el objeto social de la compañía fue modificado sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente ocurría.

Haru Thompson afirmó que su familia intentó emprender acciones legales; sin embargo, desistieron debido a que el costo económico y el tiempo que implicaba un litigio eran prácticamente inalcanzables.

Agregó que hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso del presunto huachicol fiscal, apareció el nombre de INGEMAR, lo que, según dijo, provocó afectaciones a las empresas de su familia y los obligó a realizar un largo proceso para demostrar que no tenían relación con las actividades investigadas.

En el posicionamiento sostuvo que la situación derivó en la detención de su hermano y en una orden de aprehensión contra su padre. Aseguró que ninguno de los integrantes de su familia ha participado en el negocio investigado y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia, permitirá la liberación de su hermano y dejará sin efecto la orden de captura contra su padre.

Asimismo, manifestó que desea que la ley se aplique contra quienes resulten responsables, mencionando específicamente a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, “si las autoridades determinan que así corresponde”.

Finalmente, recordó que su familia llegó a Ensenada en 1986 y que durante décadas construyó su patrimonio mediante el trabajo y el esfuerzo. Señaló que ese patrimonio se ha visto afectado por decisiones ajenas a ellos y reiteró su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avancen las investigaciones.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.