La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.

La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.

Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.

El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.

También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.

Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.

Con el propósito de restituir de manera inmediata la posesión legítima a las víctimas del delito de despojo y evitar que el daño se prolongue durante todo el proceso penal, el diputado Diego Echevarría Ibarra, propuso una iniciativa de adición al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Advirtió que el delito de despojo genera un impacto profundamente asimétrico y perverso, pues mientras la víctima -frecuentemente adultos mayores, migrantes o familias trabajadoras-, pierde el uso de su vivienda o terreno y enfrenta un desgaste emocional, psicológico y financiero, el agresor obtiene un incentivo sistémico para delinquir al disfrutar del inmueble despojado durante toda la investigación y el juicio.

“Hoy, el proceso penal permite que el invasor mantenga la posesión por meses o años, mientras la víctima queda en absoluta indefensión. Eso es lo que venimos a corregir”, señaló.
Actualmente el artículo referido, solo permite una restitución general de bienes y no reconoce las particularidades del despojo ni la urgencia de devolver un inmueble a su legítimo poseedor.

Esta falta de claridad ha provocado que el Ministerio Público evite ordenar la restitución durante la investigación inicial, por temor a afectar a terceros, y termine enviando a la víctima ante el Juez de Control, lo que alarga innecesariamente el proceso y deja a la persona despojada sin protección inmediata.

Al respecto el legislador comento que: “La autoridad ministerial no puede seguir evadiendo su responsabilidad; la restitución debe ser inmediata, obligatoria y sostenida durante todo el proceso penal”.

Explicó que con la reforma se eliminaría esta ambigüedad mediante una regla especial: tratándose del delito de despojo, el Ministerio Público deberá decretar de manera provisional e inmediata la restitución y conservación de la posesión del bien inmueble objeto del delito, desde las primeras diligencias de la investigación inicial y a favor de quien acredite de forma indiciaria su legítimo derecho.

La medida se mantendrá vigente durante la etapa de investigación y la totalidad del proceso penal, hasta que se dicte sentencia firme o resolución en contrario del Juez de Control.

Este lunes fue interpuesta una queja ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, relativa a desapariciones forzadas, ejecuciones extrjudiciales y fosas clandestinas en Baja California, lo que constituyen delitos de lesa humanidad y permiten a cualquier persona solicitar una investigación ante esta instancia.

El documento llamado formalmente “comunicación”, es el principio de una cadena de acciones que busca que la CPI analice el asunto y de inicio a una investigación bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que otorga al Fiscal de ese organismo la facultad de iniciar investigaciones de oficio basándose en información fidedigna sobre crímenes de su competencia.

La solicitud fue hecha por Dianeth Pérez Arreola, que como periodista ha dado seguimiento puntual al tema del panteón clandestino del poblado Miguel Alemán descubierto en el predio de Pro Natura en enero de este año, y en nombre de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de buscadores Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa.

El documento remitido incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a notas periodísticas que pudieran ser prueba de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y de la grave ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y procesar a los grupos delictivos implicados en las desapariciones y las fosas clandestinas.

En el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali se descubrieron 22 fosas con 22 cuerpos entre junio y septiembre de 2023. Del 8 de enero de 2026 a la fecha, se han recuperado 47 restos de víctimas en otra zona del mismo poblado, donde hasta el momento van abiertas 24 fosas. Muchos de los cuerpos estaban calcinados, desmembrados y presentaban signos de tortura. Estos hallazgos revelan un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos de delincuencia organizada, junto con graves indicios de participación de diversas autoridades.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables, evidenciando una prolongada falta de actuación que fomenta la impunidad y permite la persistencia de estos delitos”, señala el documento.

Estos actos se producen en un contexto regional de altas tasas de desaparición forzada y violencia relacionada con el crimen organizado en México, donde las fosas clandestinas representan un patrón sistemático utilizado para ocultar los restos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Por su naturaleza generalizada y sistemática contra la población civil, podrían constituir crímenes de lesa humanidad (Artículo 7 del Estatuto de Roma): específicamente desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos.

“La magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común y que podría implicar la aquiescencia o la grave ineficacia de las autoridades locales y estatales a la hora de prevenir, investigar y sancionar estos actos”, agrega la denuncia.

Por lo anterior, se solicita a la fiscalía de la CPI que admita la comunicación para su examen preliminar de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma; que inicie una investigación sobre la situación en Baja California, México —particularmente en el Valle de Mexicali— en relación con las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas; que solicite información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de víctimas; y que reconozca la condición de las víctimas y de sus familiares para participar en las actuaciones.