Este lunes fue interpuesta una queja ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, relativa a desapariciones forzadas, ejecuciones extrjudiciales y fosas clandestinas en Baja California, lo que constituyen delitos de lesa humanidad y permiten a cualquier persona solicitar una investigación ante esta instancia.

El documento llamado formalmente “comunicación”, es el principio de una cadena de acciones que busca que la CPI analice el asunto y de inicio a una investigación bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que otorga al Fiscal de ese organismo la facultad de iniciar investigaciones de oficio basándose en información fidedigna sobre crímenes de su competencia.

La solicitud fue hecha por Dianeth Pérez Arreola, que como periodista ha dado seguimiento puntual al tema del panteón clandestino del poblado Miguel Alemán descubierto en el predio de Pro Natura en enero de este año, y en nombre de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de buscadores Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa.

El documento remitido incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a notas periodísticas que pudieran ser prueba de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y de la grave ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y procesar a los grupos delictivos implicados en las desapariciones y las fosas clandestinas.

En el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali se descubrieron 22 fosas con 22 cuerpos entre junio y septiembre de 2023. Del 8 de enero de 2026 a la fecha, se han recuperado 47 restos de víctimas en otra zona del mismo poblado, donde hasta el momento van abiertas 24 fosas. Muchos de los cuerpos estaban calcinados, desmembrados y presentaban signos de tortura. Estos hallazgos revelan un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos de delincuencia organizada, junto con graves indicios de participación de diversas autoridades.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables, evidenciando una prolongada falta de actuación que fomenta la impunidad y permite la persistencia de estos delitos”, señala el documento.

Estos actos se producen en un contexto regional de altas tasas de desaparición forzada y violencia relacionada con el crimen organizado en México, donde las fosas clandestinas representan un patrón sistemático utilizado para ocultar los restos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Por su naturaleza generalizada y sistemática contra la población civil, podrían constituir crímenes de lesa humanidad (Artículo 7 del Estatuto de Roma): específicamente desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos.

“La magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común y que podría implicar la aquiescencia o la grave ineficacia de las autoridades locales y estatales a la hora de prevenir, investigar y sancionar estos actos”, agrega la denuncia.

Por lo anterior, se solicita a la fiscalía de la CPI que admita la comunicación para su examen preliminar de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma; que inicie una investigación sobre la situación en Baja California, México —particularmente en el Valle de Mexicali— en relación con las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas; que solicite información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de víctimas; y que reconozca la condición de las víctimas y de sus familiares para participar en las actuaciones.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron cerca de 94 libras de metanfetamina ocultas en un vehículo que intentaba ingresar por el puerto de entrada de San Ysidro.

El aseguramiento ocurrió el 5 de julio, cuando un ciudadano estadounidense de 20 años, que conducía un Nissan Versa modelo 2014, fue enviado a una inspección secundaria tras detectarse anomalías en las puertas del automóvil.

Con apoyo de un equipo canino, un sistema de imágenes no intrusivo y una revisión física, los agentes localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en las puertas y paneles laterales traseros del vehículo. La droga tenía un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares.

La CBP informó que también fueron asegurados el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares. El conductor fue detenido y enfrenta cargos federales relacionados con la importación de narcóticos.

Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cartel de Juárez y a “los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

El cartel de Juárez y “los Viagras” son calificados por Estados Unidos como “violentos carteles narcoterroristas” que han perpetrado atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños, fueron muertos por sicarios de “la Línea”, la facción dominante del cartel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, dicen las autoridades del vecino país en comunicado de prensa.

La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los carteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera.

Las designaciones como entidades terroristas ponen al descubierto y aíslan a personas y entidades, impidiéndoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos así como a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados, agrega el documento.

Esta medida se adopta en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.