La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que pruebas periciales y forenses permitieran identificar los restos humanos localizados durante las investigaciones, un mes después de que fuera privada de la libertad por un grupo armado.

Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio del municipio de Nanchital, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y se la llevaron por la fuerza. El ataque quedó registrado en un video captado desde el interior de la casa y difundido posteriormente en redes sociales, lo que generó una amplia condena de organizaciones de periodistas y de defensa de la libertad de expresión.

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la comunicadora. Entre los arrestados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de colaborar con el grupo criminal involucrado en el caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las autoridades, los restos de la periodista fueron localizados durante diligencias realizadas en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, donde posteriormente se efectuó el proceso de identificación científica.

El asesinato de Roxana Guzmán ha reavivado las alertas sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en México. Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la exigencia de esclarecer el crimen y garantizar justicia, en un contexto en el que Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas.

Presuntos defraudadores están utilizando padrones de apoyos que otorgó el gobierno federal durante la pandemia para tratar de estafar a bajacalifornianos que fueron beneficiadas entonces. Mediante llamadas y mensajes de Whatsapp informan que se les volverá a dar ese apoyo y los intentan convencer para que hagan un depósito de garantía.

Los datos como nombre completo, Curp y número de teléfono corresponden con beneficiarios del 2020 y 2021, y una supuesta asesora desde un número telefónico de Hermosillo intenta convencer a las personas del padrón para que depositen 4 mil 167 pesos para un supuesto pago de liberación del crédito.

La Secretaría de Economía y la Financiera para el Bienestar (antes Telecomm) han alertado reiteradamente sobre este tipo de documentos falsos que simulan otorgar el programa “Crédito a la Palabra”. Piden poner atención en que se condiciona al usuario mencionando que tiene solo “3 días para cumplir con los requisitos”, una estrategia de urgencia típica para obligar a las víctimas a pagar rápido sin investigar.

También destacan que el documento solicita un “pago de liberación de tu crédito” con un monto a pagar de 4 mil 167; recuerdan que el Gobierno de México jamás cobra comisiones, anticipos ni cuotas de liberación para otorgar un apoyo social y todos los trámites de los Programas para el Bienestar son completamente gratuitos.

En la imagen que comparten los estafadores, instruyen a realizar el depósito en tiendas comerciales como Farmacias del Ahorro, Bodega Aurrera, Walmart, Sam’s Club o mediante una referencia genérica. Los apoyos reales del gobierno se gestionan únicamente mediante cuentas oficiales e institucionales.

Finalmente, el programa original de “Crédito a la Palabra” operó únicamente de forma masiva durante los años 2020 y 2021 para mitigar los efectos de la pandemia. Actualmente se encuentra únicamente en etapa de recaudación de saldos anteriores, por lo que no existen nuevas convocatorias abiertas bajo este formato, ni mucho menos con esos esquemas de pago previo.

En la más reciente edición del Ranking Mitofsky de aprobación ciudadana de los 150 principales alcaldes y alcaldesas de México, ninguno alcalnza el 60 por ciento de aprobación. En Baja California muestran resultados mixtos, con Tijuana como el mejor evaluada del estado y Tecate como el peor.

Ismael Burgueño (actualmente con licencia), presidente municipal de Tijuana, ocupa la posición 35 nacional con una aprobación del 54.1 por ciento, colocándose en el rango “Alta”. Aunque registró una ligera baja de 1.5 puntos respecto a abril, se mantiene como uno de los alcaldes mejor evaluados de la frontera norte.

En segundo lugar estatal aparece Claudia Agatón, de Ensenada, en la posición 73 nacional con 51.1 por ciento de aprobación. Su calificación se ubica en el rango medio-alto y muestra una leve mejoría de 0.4 puntos respecto al bimestre anterior.

Por su parte, Norma Bustamante, de Mexicali, se encuentra en la posición 100 con 47.3 por ciento de aprobación, dentro del rango “Media”. Registró una disminución de 0.6 puntos comparado con abril.

Finalmente, Román Cota, de Tecate, cierra la participación de Baja California en el ranking en la posición 120 nacional, con 43.3 por ciento de aprobación en rango “Media-Baja”. Muestra un leve incremento de 0.5 puntos.

El promedio nacional de aprobación de los 150 alcaldes en junio 2026 es de 53 por ciento por lo que tres de los cuatro alcaldes bajacalifornianos evaluados se encuentran por debajo de este promedio, salvo Tijuana.

El estudio de Mitofsky, realizado entre mexicanos mayores de 18 años con acceso a internet, clasifica las aprobaciones en cuatro rangos: Sobresaliente (60%+), Alta (50-59%), Media (40-49%) y Baja (menos de 40%).