Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

El juez Victoriano Yee Fernández pretende apoderarse de una propiedad en el Fraccionamiento El Liezo, de esta capital, y para eso habría promovido un cateo por narcomenudeo el pasado miércoles 2 de septiembre.

Guadalupe Coronado Fonseca, cuñada de quien ocupa esa propiedad, y quien realizó un video en redes en vivo documentando el hecho, narró que el juzgador, quien entró con los denominados “jueces del acordeón”, cobró renta por años por el inmueble, hasta que descubrieron que no era de su propiedad.

Yee Fernández otorgó recibos de pago “por honorarios” hasta diciembre pasado, cuando le informaron que ya no pagarían más porque él no era el dueño.

El juez vive al lado y no es el propietario de esa casa, pero si cobró alquiler por cerca de ocho años, precisó Coronado Fonseca.

Una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio no arrojó propiedades a nombre del juez, quien les había dicho que la propietaria del inmueble le habría dejado un poder a su nombre, pero nunca mostró ningún documento.

Yee Fernández incluso cambió el recibo de energía eléctrica de la casa de la que se pretende adueñar y lo puso a su nombre, además de tomar los recibos de agua del cerco o el buzón de la casa en cuestión, relató Coronado Fonseca.

En diciembre pasado, al darse cuenta que quien está en posesión de la casa estaba a punto de obtener la prescripción, el juzgador les fue a decir que se los iba a “chingar”.

Por eso sospechan que la orden de cateo estaría relacionada con este conflicto.

De acuerdo con la ficha informativa de la Fiscalía General del Estado, el operativo se llevó a cabo el miércoles pasado de 21:18 a 21:46 horas, ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada Contra el Narcomenudeo y elementos de la SEDENA, para la búsqueda de narcóticos, sin encontrar nada.

En el cateo, la familia no dejó pasar a un agente que recibió una bolsa de otro elemento, al sospechar que podía tratarse de un intento de sembrarles drogas.

La familia afectada cuenta que la madre del juez, quien padece una discapacidad oral y auditiva, es muy grosera con ellos y aprovecha cualquier oportunidad para hacerles saber mediante señas que la casa donde viven -y que llevaba 20 años abandonada-, es propiedad de su hijo y se las va a quitar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por el homicidio calificado de un joven al interior de un centro de rehabilitación en Tijuana de la Patrulla Espiritual, así como por las presuntas irregularidades administrativas y penales en el manejo de la escena, confirmó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.

De acuerdo con la titular de la FGE, la víctima había sido ingresada por su madre tres días antes del suceso para recibir tratamiento por consumo de sustancias. Sin embargo, fue privado de la vida dentro de las instalaciones.

Por este hecho, las autoridades ya han aprehendido a dos personas y tramitado órdenes de aprehensión adicionales contra otros involucrados.

Andrade Ramírez detalló que los detenidos son ex-internos que laboraban en el establecimiento como colaboradores.

Ante señalamientos de que el lugar fue limpiado antes del arribo de los peritos y que se permitió la salida de internos para evitar sus testimonios, la fiscal señaló que dichos aspectos forman parte de la carpeta de investigación y que se citará a declarar a todos los testigos necesarios.

La FGE trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría de Salud para determinar la situación legal de la clínica, la capacitación del personal y la responsabilidad de los administradores o encargados.

“Al momento en que ingresa una persona que consume drogas pasa por un proceso de desintoxicación y tiene que estar atendida por profesionales en la materia. Coepris ya intervino en la inspección para verificar permisos y contratación laboral”, precisó la fiscal.

En otro tema, la fiscal general se refirió al incidente ocurrido en Playas de Rosarito que involucra a encargados del centro “Patria Espiritual”, conocidos como “El Padrino” y “La Madrina”, quienes viajaban con un menor de edad.

El hecho, que derivó en un altercado vial y posterior choque, generó denuncias cruzadas. Por un lado, comunicadores locales denunciaron lesiones y hostigamiento; por otro, los señalamientos de la parte contraria argumentan daños a propiedad vehicular y presunta violación a la privacidad.

La FGE ratificó que las investigaciones se conducen de manera objetiva para deslindar responsabilidades.