Los tendederos de cables de las ciudades ahora afectan su paisaje, sin consulta a los bajacalifornianos

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La Rumorosa, ese corredor natural que pertenece a todos los bajacalifornianos amaneció atravesado por torres metálicas y cables de alta tensión. Según fuentes periodísticas, se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros sin socialización del proyecto a nivel estatal y sin una explicación clara sobre por qué se eligió precisamente este paisaje —uno de los más emblemáticos de Baja California— para colocar infraestructura tan invasiva.

La contradicción es inevitable cuando se recuerda lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró en este mismo lugar en marzo de 2020. Según notas periodísticas, AMLO afirmó que “nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual; hay que respetar la naturaleza”, y cuestionó: “¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”. Aquella crítica iba dirigida a los aerogeneradores eólicos. Seis años después, la infraestructura que se instaló en La Rumorosa es más agresiva visualmente que los propios abanicos que el expresidente cuestionó. Las torres de acero y el cableado aéreo rompen la continuidad del horizonte y convierten un paisaje monumental en un tendedero industrial.

La relevancia cultural de La Rumorosa no es nueva. En 2019, en el Congreso de Baja California se presentó una proposición para solicitar al Ejecutivo estatal iniciar ante la UNESCO el procedimiento oficial para que La Rumorosa fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2020, la Secretaría de Cultura estatal anunció que había iniciado el procedimiento para declararla Patrimonio Cultural del Estado, como Zona de Belleza Natural y Cultural. Y en 2021, el Gobierno estatal informó que el proceso seguía en curso, con participación del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado, del Instituto de Cultura, de dependencias técnicas y de colegios profesionales. Es decir, desde hace años existen esfuerzos formales —estatales e incluso con aspiración internacional— para reconocer el valor excepcional de este paisaje.

Hoy desconocemos el estatus de esos procedimientos: si avanzaron, si se detuvieron o si esta obra fue considerada en los expedientes. Tampoco sabemos si la afectación visual que ahora vemos tendrá impacto en esa valoración cultural. Lo que sí sabemos es que este hecho superviniente —la instalación de torres y cables— no fue presentado públicamente como parte del proceso de todos los que debimos ser involucrados. 

Sobre la consulta, según fuentes periodísticas se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros. Desconocemos si se consultó específicamente a los residentes de las zonas donde pasan los postes, o si hubo algún diálogo focalizado con ejidos o propietarios del polígono. Pero tratándose de La Rumorosa —un paisaje que pertenece a todos los bajacalifornianos, transitado diariamente y con procedimientos de valoración cultural e incluso internacional — una eventual consulta local no sustituye la obligación de socializar un proyecto de impacto visual a nivel estatal. No se convocó a la ciudadanía en general, no se abrió un periodo público de comentarios, no se socializó el proyecto con especialistas en paisaje, colegios profesionales ni organizaciones ambientales y culturales. La Rumorosa no es solo de Tecate: es de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito y de San Quintín. Si el paisaje es de todos, la consulta también debió serlo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece mecanismos de participación pública en proyectos que alteran el entorno. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y a participar en decisiones que afecten su territorio. En este caso, ese derecho no se ejerció de manera amplia ni estatal.

Además, existe una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué se eligió esta ruta y no otra con menor afectación visual? Es evidente que había alternativas. Podían pasar los cables por zonas menos sensibles, menos escénicas, menos emblemáticas. Pero probablemente eran rutas más costosas o tardadas. Y la decisión terminó afectando a uno de los paisajes más representativos del estado.

El tendedero urbano, ese desorden visual que por años hemos normalizado en nuestras ciudades, hoy se extendió hasta uno de nuestros paisajes naturales más emblemáticos. Y sería pertinente conocer la opinión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria ha estado vinculada al ambientalismo, sobre esta afectación visual en un sitio que millones consideran parte de su identidad.

La obra ya está instalada. Pero el daño visual permanece. La Rumorosa merece respeto. El paisaje también es patrimonio de los bajacalifornianos.

*El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.

De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.

En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.

La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.

Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.

La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.

El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.