Como ya publicamos, el reemplacamiento no es “opcional”, Gobierno del Estado solo nos dio seis meses de plazo para reunir los ánimos y el dinero que costará el capricho recaudador de Marina del Pilar. Los programas sociales no se pagan solos, así que flojitos y cooperando.

Hay muchas cosas negativas en este asunto. La importación ilegal de vehículos “chocolate” tuvo su apogeo entre 2005 y 2011, durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, y fue Andrés Manuel López Obrador quien en octubre de 2021 emitió el decreto de regularización, que terminará hasta 2026.

Los tres argumentos para regularizar esos autos son brindar seguridad jurídica a los propietarios, evitar que se usen en actividades delictivas y generar ingresos para los estados. Lo primero tiene muchos “asegunes”, pues es una competencia desleal primero para el mercado nacional de vehículos, y luego en la frontera, para los importadores o “yarderos”, comerciantes ya en peligro de extinción de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali.

El tercer argumento, generar ingresos, sí que ha sido el gran descubrimiento. Resultó tan bueno que el mentado decreto ha sido ampliado. Se supone que los recursos obtenidos eran para mejorar las validades, pero no hemos visto grandes diferencias antes y después del decreto.

Ahora, lo más importante, el segundo argumento: la seguridad. Este tema es el que más preocupa a la ciudadanía, pero resulta que los no regularizados, los que andan con sus placas -si es que traen- Amlopafa, Onapafa, Anapromex, etcétera, etcétera, son los más felices y despreocupados del mundo.

Resulta que pregunté a la Policía Municipal que si tenían un padrón de esos vehículos, y me contestaron que no. “¿O sea que si un agente ve que se comete una falta usando un vehículo con esas “placas”, y las meten al sistema no les da un nombre y una dirección?” No.

Pregunté entonces a Fiscalía General del Estado. Tampoco tienen un padrón. Pregunté a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tampoco.

¿Cómo es posible que quienes tienen este tipo de placas puedan andar tan tranquilos sin que ninguna autoridad, gobernador, legislador federal, haya hecho algo para, no pedir -EXIGIR- el padrón de agremiados?

Que alguien nos explique cómo demonios es posible que la inseguridad sea el tema principal de las preocupaciones ciudadanas y a nadie se le haya ocurrido que sería bueno tener registro de quién está manejando esos vehículos y dónde viven.

Los que tenemos placas legales pagamos cada año el refrendo de la tarjeta de circulación, para lo cual es necesario contar con un seguro de daños a terceros, y pagaremos reemplacamiento, pero los chocolates solo tienen que dar la cuota a las organizaciones de su preferencia y listo, a andar felices en sus autos despreocupados con su cartoncito, porque ni a placas llegan.

Los gobiernos de Morena se han vuelto especialistas en patear el bote. Han llenado las ciudades de vehículos que contaminan, aplazando la fecha de terminación del decreto, y verán que los requisitos también se van a flexibilizar, porque adoran las medidas populares que puedan representar votos.

Pero hasta a ellos les “pican los ojos”, pues ha pasado que algunos propietarios de autos importados ilegalmente sacan copias a color del cartoncito que le sirve de placa a algún conocido y listo, qué más da, si ni siquiera hay padrón.

En otro tema, parece que la gober tomó muy personal el hecho de que la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, le retirara los escoltas que el exalcalde de ese puerto, Armando Ayala Robles, tenía asignados y que despidiera a los aviadores del Ayuntamiento, pues hoy la mandataria le hizo varios desplantes.

Al más puro estilo de la relación que llevaba con la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, Marina del Pilar la ignoró olímpicamente durante un evento en aquel puerto.

¿De cuándo acá resultó tan cercano el bonillista Ayala a la gobernadora? ¿Por qué tantas porras en su discurso? ¿Por qué no tiene buenos asesores que le recomienden que sea institucional y no ande dando muestras de inmadurez como las de hoy con esos desplantes a Agatón?

Ayala Robles es un verdadero peligro para los bajacalifornianos si llega a quedarse con la candidatura a gobernador. Recordemos que es un extorsionador profesional que mandaba a su cobrador a negocios de Ensenada para que le dieran su moche mensual; el cobro de piso en el puerto se institucionalizó durante su doble periodo como alcalde; durante su gestión los controles de alcoholemia de la Policía Municipal se realizaron de forma ilegal, lo que merecería la inhabilitación de varios funcionarios; en los asuntos de tenencia de la tierra cobraba con lotes la agilización y buena marcha de los procesos; durante su gestión no le pagó ni un cinco a Issstecali y no sabemos en qué se gastaron esas cuotas retenidas.