A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, Haru Thompson Navarro aseguró que su familia enfrenta una situación “muy difícil” derivada de las investigaciones relacionadas con el caso de presunto huachicol fiscal, en el que recientemente fue detenido su hermano y se giró una orden de aprehensión contra su padre.

En el mensaje, Thompson Navarro señaló que durante años consideró al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como “una buena persona”, aunque afirmó que con el tiempo esa percepción cambió. Explicó que fue su padre quien buscó a Ruffo para desarrollar un nuevo proyecto empresarial y que éste los puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión, dijo, se constituyó una empresa a la que posteriormente se incorporó Ruffo Appel como socio.

De acuerdo con su versión, tiempo después su padre y su hermano fueron despojados de sus acciones dentro de la empresa y, además, el objeto social de la compañía fue modificado sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente ocurría.

Haru Thompson afirmó que su familia intentó emprender acciones legales; sin embargo, desistieron debido a que el costo económico y el tiempo que implicaba un litigio eran prácticamente inalcanzables.

Agregó que hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso del presunto huachicol fiscal, apareció el nombre de INGEMAR, lo que, según dijo, provocó afectaciones a las empresas de su familia y los obligó a realizar un largo proceso para demostrar que no tenían relación con las actividades investigadas.

En el posicionamiento sostuvo que la situación derivó en la detención de su hermano y en una orden de aprehensión contra su padre. Aseguró que ninguno de los integrantes de su familia ha participado en el negocio investigado y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia, permitirá la liberación de su hermano y dejará sin efecto la orden de captura contra su padre.

Asimismo, manifestó que desea que la ley se aplique contra quienes resulten responsables, mencionando específicamente a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, “si las autoridades determinan que así corresponde”.

Finalmente, recordó que su familia llegó a Ensenada en 1986 y que durante décadas construyó su patrimonio mediante el trabajo y el esfuerzo. Señaló que ese patrimonio se ha visto afectado por decisiones ajenas a ellos y reiteró su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avancen las investigaciones.

En el área de reforestación y reserva natural protegida de Pro Natura Noroeste, ubicada en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, Baja California, se registraron múltiples hallazgos de fosas clandestinas a partir del 8 de enero de 2026. El mismo poblado ya había sido escenario de descubrimientos similares en el 2023, cuando encontraron 22 fosas con 22 cuerpos.

En este segundo predio, desde el 8 de enero a la fecha, se han descubierto 24 fosas y un par de hallazgos sobre el terreno, donde los restos fueron removidos por la fauna local, que suman 47 víctimas, las cuales nadie parece ver. No hay una indignación nacional como en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y los bajacalifornianos parecen estar acostumbrados ya al horror de ver una nota más detallando un nuevo hallazgo.

Las búsquedas se llevan a cabo por colectivos de familiares de desaparecidos, y son coordinadas por autoridades municipales, estatales -y a veces son acompañados por las federales-, incluyendo unidades K9, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda. Al principio eran protegidos por el Ejército, la Guardia Nacional y muy ocasionalmente por la Marina, pero el acompañamiento cesó hace meses.

Los primeros hallazgos ocurrieron el 8 de enero de 2026, cuando se localizaron dos fosas con restos óseos calcinados, casquillos percutidos, esposas y tiro de gracia. Para el 12 de enero, ya se habían descubierto cuatro fosas con un total de diez cuerpos. En una de ellas se encontró un cadáver parcialmente carbonizado, con extremidades cercenadas y cráneo abierto, junto a una considerable cantidad de madera quemada (mezquite local y tablones), un palo de golf, un celular dañado por el fuego, un rosario y otros objetos personales. El 21 de enero se reportó la octava fosa, que elevó el número de víctimas recuperadas a 18; los restos presentaban el patrón habitual de calcinación y cercenamiento.

El 26 de enero, en la décima fosa —detectada gracias a perros domésticos del lugar y alejada de las anteriores—, se recuperaron tres restos (víctimas 20, 21 y 22) junto a madera quemada. Para el 9 de febrero, con la apertura de la fosa 15 (que contenía tres cuerpos no carbonizados ni mutilados, encontrados a dos metros de profundidad), el total de restos recuperados ascendió a 32. Las excavaciones continuaron durante febrero y marzo, alcanzando más de 14 fosas y decenas de restos.

Entre las víctimas se encuentran mujeres y al menos un menor de edad, hecho que inicialmente fue negado por la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, quien en conferencia de prensa afirmó que todas las víctimas eran varones adultos, para luego tener que rectificar.

Hacia mayo de 2026, en la fosa número 22 —localizada en el borde de la zona de reforestación junto a un árbol y ramas secas—, se recuperaron tres víctimas más -números 40, 41 y 42-. En este sitio se encontró un casquillo de 9 milímetros. Para mediados de año, los reportes indicaban más de 22 fosas y más de 40 víctimas recuperadas en el predio de Pro Natura.

La mayoría de los cuerpos presentaban signos de calcinación y cercenamiento, con evidencia de ejecuciones en el lugar y casquillos de diferentes calibres. Algunas víctimas no fueron quemadas, lo que sugiere diferentes momentos o métodos utilizados por los grupos criminales. Los restos correspondían principalmente a personas desaparecidas del Valle de Mexicali y zonas aledañas. La propia FGE ha señalado a “Los Rusos”, brazo del cártel de “La Mayiza”, como los autores de ese cementerio clandestino. También, la misma FGE ha dicho que el líder de “Los Rusos”, Juan José Ponce Félix, no tiene antecedentes penales en Baja California, mientras que al cruzar la frontera, hay posters con su rostro en todas las garitas del estado, ofreciendo el gobierno de Estados Unidos una recompensa de 5 millones de dólares por datos que lleven a su captura.

La cobertura realizada desde el sitio destaca la lentitud y las deficiencias en la respuesta institucional: retrasos frecuentes en la llegada de peritos de la FGE, falta de equipo adecuado como lámparas para trabajar de noche, baterías para maquinaria, viáticos o vehículos de doble tracción. A pesar de las promesas de mayor apoyo, los colectivos y equipos en terreno han señalado que las jornadas superan las 12 horas con recursos insuficientes, lo que ha complicado y alargado los trabajos de recuperación e identificación. Esto por supuesto, en datos “fuera de libreta” porque los integrantes de la FGE que participan en las búsquedas tienen prohibido dar declaraciones.

Este sitio se ha convertido en un claro ejemplo de un panteón clandestino masivo operado por el crimen organizado con aparente impunidad, en un contexto de omisión prolongada por parte de las autoridades estatales. Lejos de generar una indignación nacional comparable a otros casos emblemáticos en el país, en Baja California parece haberse normalizado el horror, reflejando una grave falla estructural del Estado para proteger a la población civil y garantizar justicia, elementos que fortalecen la posible calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Luego de una audiencia que se prolongó por más de un día y concluyó este domingo, un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, así como a otros siete imputados, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de importación ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.

Tras diversos recesos y un debate que se extendió por más de 24 horas, el juez determinó imponer prisión preventiva a Ernesto “N”, exmandatario bajacaliforniano, así como a Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Al concluir la etapa inicial de la audiencia, las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La autoridad federal sostiene que la red investigada habría operado mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos, consistente en introducir combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes a los realmente transportados o declarando los cargamentos como productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Según la Fiscalía, este tipo de operaciones ocasiona un daño económico al erario y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

La FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal únicamente podrá determinarse mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.