La diputada federal del PAN Eva María Vásquez señaló este viernes que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal o conocida bajo el nombre de Ley Antimeme presenta ambigüedades que podrían afectar la libertad de expresión, la sátira política y la creación de contenido digital.

Expuso que hay probabilidad de riesgos para la libertad de expresión derivados de la aprobación de la reforma al considerar que sus disposiciones podrían abrir la puerta a actos de censura y control sobre las expresiones de los ciudadanos en plataformas digitales.

La legisladora destacó que la reforma contempla sanciones económicas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que pueden alcanzar los 4.3 millones de pesos, además de multas acumulables en casos de reincidencia.

Sin embargo, sostuvo que una de las principales preocupaciones radica en la ambigüedad de los conceptos relacionados con el uso de imágenes e identidad gráfica institucional, pues consideró que su interpretación podría derivar en sanciones contra quienes utilicen estos elementos para realizar críticas, sátiras o publicaciones humorísticas.

Vásquez también alertó sobre las posibles consecuencias para los usuarios reincidentes, al señalar que los mecanismos previstos para atender presuntas violaciones podrían involucrar a las plataformas digitales y a las empresas proveedoras de WIFI con la posibilidad de retirar contenidos e incluso restringir el acceso a internet, según la interpretación que expuso sobre la reforma.

La diputada cuestionó que estas medidas puedan afectar no solamente a los creadores de contenido, sino también a los medios de comunicación, a sus equipos creativos y a cualquier ciudadano que recurra a memes, caricaturas o expresiones satíricas para cuestionar a las instituciones públicas.

Para concluir Eva María Vásquez reiteró su preocupación por el alcance de la reforma y advirtió que, ante la falta de claridad en algunos de sus conceptos, su aplicación podría generar incertidumbre y afectar expresiones de crítica política que forman parte de la vida democrática del país.

La regidora del 25 Ayuntamiento de Ensenada, Daniela Salgado, criticó lo expuesto en el segundo informe de gobierno de la alcaldesa de ese puerto, Claudia Agatón, destacando las deficiencias del gobierno municipal de Morena en materias de seguridad, bomberos, espacios públicos, infraestructura, agua y drenaje.

Salgado recordó que el anuncio de 80 unidades nuevas en materia de seguridad “ya había sido un logro del 2025”. Explicó que se trató de un presupuesto aprobado en 2024, cuyas unidades se rentaron en 2025, y que la presidenta municipal lo está presumiendo también en 2026.

En el tema de bomberos, la regidora destacó la situación de delegaciones alejadas del centro de población, como San Vicente, al sur de la ciudad. Señaló que llevan más de seis meses sin una sola estación de bomberos, sin personal de seguridad pública y sin atención médica por parte del gobierno del estado.

“Una emergencia en estos lugares y estamos a más de dos horas de que bomberos puedan llegar. Imagínense que una casa se quema si sucede una tragedia. ¿Qué le va a responder la alcaldesa a esta gente? ¿Que el dinero se ocupó en un carnaval?”, cuestionó.

Respecto a las fiestas patrias, Salgado indicó que la presidenta municipal declaró un donativo de aproximadamente tres millones de pesos, pero el procedimiento nunca pasó por Cabildo. “Nosotros seguimos sin saber quién es esa persona tan creativa que donó este recurso para unas fiestas”, dijo.

Agregó que priorizar una fiesta de tres días por encima de una calle permanente “es querer entretener a la ciudadanía, no dándole resultados”.

La regidora precisó que no aprobaron el carnaval ni el gasto de recurso público, que sumó más de 45 millones de pesos en dos años. “¿Qué tanto no hubiéramos podido hacer los ensenadenses por eso?”, preguntó.

Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, Salgado subrayó el déficit de áreas verdes. “Sabemos que nuestros niños y jóvenes, si no tienen un lugar de sano esparcimiento, comienzan a delinquir, comienzan a relacionarse con personas que no deberían hacerlo porque no hay un espacio donde puedan tener un lugar para entrenar, un lugar para jugar, un lugar para recrearse”, explicó.

En infraestructura, la regidora señaló que el único recurso del gobierno municipal es el ramo 33, de carácter federal. Criticó que, pese a los anuncios de coordinación entre los tres niveles de gobierno de Morena, “en Ensenada no está pasando”.

Atribuyó la falta de recursos extraordinarios a “problemas posiblemente personales o los problemas políticos dentro de esa corriente de transformación que solamente ha transformado a México en el país de los desaparecidos y de las madres buscadoras”.

Afirmó que no hay una sola obra maestra que pueda presumir esta administración y retó al gobierno municipal a señalar “una sola obra que pueda ser recordada para esa administración, que no sea ese carnaval que ahorita ya vemos que también posiblemente esté ligado a temas de empresas que están señaladas por Estados Unidos por el crimen organizado”.

Sobre agua y drenaje, Salgado indicó que Ensenada carece de ambos servicios y que no existe gestión efectiva con el gobierno del estado, del mismo partido. “Lo único que se ha visto de parte de la alcaldesa son problemas y pleitos en donde dicen que tú me debes, que no te debo, pero ahí afuera no hay una sola gestión para agua y drenaje en nuestra ciudad y el desabasto de agua es todos los días en nuestras comunidades”, concluyó.

La investigación laboral para identificar al o los responsables del intercambio de recién nacidos ocurrido el pasado 25 de septiembre en el Hospital de Gineco-Pediatría del IMSS podría concluir en un plazo de dos semanas, informó la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

Desirée Sagarnaga aseguró que en los hospitales del IMSS existen protocolos estrictos, apegados a la normatividad vigente, los cuales reforzaron aún más, por lo que consideró que sería “dificilísimo” que se repitiera una situación como la que afectó a las dos familias involucradas.

Explicó que, a lo largo de la historia del IMSS en Baja California, se han registrado cerca de un millón de nacimientos sin que se tuviera conocimiento de un caso similar al ocurrido el mes pasado, cuando dos recién nacidos fueron entregados a familiares que no correspondían y que, para corregir el error y confirmar la identidad de los menores, fue necesario realizar pruebas de ADN que permitieron reunirlos con sus padres biológicos.

Pese a que estuvo renuente a dar atención a los medios de comunicación, Sagarnaga señaló que no podía proporcionar mayores detalles sobre el caso, debido a que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes está a cargo de la investigación; añadió que, por respeto a la privacidad y para proteger los derechos de los menores involucrados, no ofrecería más información.

Finalmente, la delegada del IMSS reiteró que se llevan a cabo las investigaciones y entrevistas correspondientes para esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y prevenir que un incidente de esta naturaleza vuelva a ocurrir en la institución.