La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales.

De acuerdo con el oficio 100-371 de la Secretaría de Gobernación, firmado por su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa busca que quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no mantengan una doble nacionalidad, bajo el argumento de prevenir posibles conflictos de interés derivados de vínculos jurídicos con otra nación.

El documento fue remitido al Congreso con firma autógrafa de la presidenta y acompañado por la documentación correspondiente, incluido un dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta será sometida al proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual dictaminación. La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el proyecto será turnado a la Cámara de Diputados.

De aprobarse, la modificación constitucional establecería una nueva condición para acceder a los principales cargos del Poder Ejecutivo en México, restringiendo su ejercicio a personas que cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana.

La iniciativa abre ahora el debate legislativo sobre los alcances de la doble nacionalidad, los requisitos para ejercer cargos de elección popular y la posible afectación al derecho de participación política de ciudadanos mexicanos que también poseen otra nacionalidad.

El senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez anunció este miércoles su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, para ejercer el resto de su mandato como legislador independiente. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, y difundida en sus redes sociales.

En el documento, Inzunza explicó que actúa “por estricta convicción personal” y aseguró que seguirá desempeñando su cargo “conforme a la rectitud de mis deberes”. Afirmó que desde hace cuatro meses enfrenta una “feroz campaña de calumnias y diatribas” derivada de los señalamientos formulados el 29 de abril pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan —junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses— con presuntos nexos con el crimen organizado.

“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal. Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México”, escribió el senador.

Inzunza rechazó nuevamente las imputaciones estadounidenses, a las que calificó de carentes de pruebas y parte de una estrategia de lawfare. Subrayó que conservará el fuero constitucional al permanecer en su escaño y no solicitar licencia indefinida, pese a las recomendaciones de varios legisladores oficialistas para que se separara del cargo mientras avanzan las investigaciones.

La salida ocurre a pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, y después de que el senador anunciara su intención de reincorporarse de manera presencial a los trabajos legislativos y a la plenaria de Morena del 30 de agosto. Fuentes del oficialismo indicaron que la bancada no respaldó su regreso como integrante del grupo parlamentario. Con esta decisión, Inzunza perdería la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y otras posiciones internas que ocupaba.

Desde finales de abril, el legislador se había mantenido alejado de las sesiones presenciales del Senado —salvo una breve licencia de 22 horas en mayo—, aunque aseguró haber continuado trabajando en dictámenes y participado de forma virtual en algunas comisiones. Ha reiterado en múltiples ocasiones que permanecerá en el cargo hasta 2030, que no negociará su entrega a autoridades extranjeras y que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, informó que el contralmirante en retiro Fernando “N” está siendo trasladado a la Ciudad de México procedente de Buenos Aires, Argentina. El exfuncionario marino es requerido por autoridades federales por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, esquema conocido como “huachicol fiscal”.

De acuerdo con el mensaje de Godoy transmitido en redes esta tarde, el imputado fue entregado mediante un procedimiento administrativo de expulsión y deportación por parte del gobierno argentino, tras haber ingresado a ese país con documentación falsa.

Operativo interinstitucional

La FGR detalló que agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a Argentina para tomar custodia del exmarino. El traslado aéreo se concretó con el apoyo directo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El exmandatario naval había ingresado a Argentina en abril pasado procedente de Colombia utilizando un pasaporte guatemalteco falso bajo la identidad de “Luis Lemus Ramos”. Pese a los recursos legales tramitados por la defensa del imputado en territorio sudamericano, las autoridades argentinas resolvieron su expulsión.

Investigaciones por contrabando de combustible

El caso involucra el presunto ingreso ilegal de hidrocarburos a través de aduanas marítimas mexicanas para evadir el pago de impuestos. Por esta misma causa penal ya han sido detenidas otras 15 personas, entre las que se encuentra su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto “N”, actualmente interno en el penal del Altiplano.

La titular de la FGR concluyó su pronunciamiento asegurando que presentará a Fernando “N” ante el juez federal del Estado de México que solicitó su captura para dar inicio a su proceso penal.