La organización civil Somos México exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien considera víctima de un “inaudito atropello” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la agrupación calificó la detención como arbitraria e ilegal, y señaló que se trata de una acción destinada a distraer la atención pública de los escándalos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado que involucran a gobernadores y funcionarios cercanos al actual gobierno federal.

“Los huachicoleros no están en la sociedad civil, sino en el gobierno”, afirma el documento, en el que se acusa a la fiscal Ernestina Godoy de actuar de manera abusiva contra Ruffo mientras, según la organización, ignora “la más grande de la historia” en materia de fraude fiscal y tráfico ilegal de combustibles.

Según Somos México, la detención de Ruffo Appel —prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano— forma parte de una cortina de humo para desviar la atención sobre las “grabaciones públicas de la gobernadora Marina del Pilar” y sus supuestas negociaciones al margen de la ley con agentes norteamericanos.

La organización también recordó que en meses anteriores Ruffo Appel había hecho públicas sus denuncias sobre irregularidades en trámites administrativos relacionados con la importación de aduanas y productos energéticos, señalando directamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como responsable de permitir o no evitar el tráfico de huachicol.

“Exigimos la inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, concluye el comunicado fechado el 16 de julio de 2026.

Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno federal han emitido una respuesta oficial a las demandas de Somos México. El caso ha generado polémica en círculos políticos y empresariales, donde se debate si se trata de un legítimo acto de procuración de justicia o de un uso político de las instituciones.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó detalles de una operación que supuestamente desmanteló una red de contrabando y evasión fiscal de combustibles, conocida como huachicol fiscal, que generó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Godoy informó a través de un video que la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra integrantes de esta organización, entre ellos Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, señalado por su presunta participación en el esquema.

La red operaba introduciendo gasolina y diésel provenientes de refinerías de Texas a través de aduanas, mediante declaraciones falsas que subreportaban cantidades o disfrazaban el combustible como otros productos para evadir impuestos, explicó.

Según las investigaciones, la organización utilizó más de 160 carros tanque de ferrocarril para ingresar aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible de manera irregular, principalmente distribuidos en Coahuila, Durango y Zacatecas.

La estructura incluía empresas fachada, operadores financieros y logísticos que movilizaron recursos a través de unas 80 cuentas bancarias y transferencias internacionales por más de mil 386 millones de dólares. Solo en evasión de IEPS e IVA se estiman más de 106 millones de pesos.

“Esta es una red que operaba con sofisticación y que afectó gravemente las finanzas públicas”, destacó Godoy, quien enfatizó el compromiso de la FGR para combatir este tipo de delitos de alto impacto.

El caso forma parte de algunas investigaciones sobre huachicol fiscal que han salido a la luz en los últimos meses, y que ya habían involucrado a exfuncionarios y militares en operativos anteriores. La FGR mantiene abiertas carpetas de investigación y busca avanzar en las detenciones pendientes, sin embargo no hay avances en el caso de Gerardo Novenlo, en cuyo predio encontraron millones de litros de hidrocarburo ilegal en Ensenada, ni de del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, ambos familiares del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Video difundido por la FGR.

Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cartel de Juárez y a “los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

El cartel de Juárez y “los Viagras” son calificados por Estados Unidos como “violentos carteles narcoterroristas” que han perpetrado atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños, fueron muertos por sicarios de “la Línea”, la facción dominante del cartel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, dicen las autoridades del vecino país en comunicado de prensa.

La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los carteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera.

Las designaciones como entidades terroristas ponen al descubierto y aíslan a personas y entidades, impidiéndoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos así como a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados, agrega el documento.

Esta medida se adopta en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.