Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cartel de Juárez y a “los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

El cartel de Juárez y “los Viagras” son calificados por Estados Unidos como “violentos carteles narcoterroristas” que han perpetrado atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños, fueron muertos por sicarios de “la Línea”, la facción dominante del cartel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, dicen las autoridades del vecino país en comunicado de prensa.

La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los carteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera.

Las designaciones como entidades terroristas ponen al descubierto y aíslan a personas y entidades, impidiéndoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos así como a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados, agrega el documento.

Esta medida se adopta en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

Un nuevo audio filtrado por el periodista Héctor de Mauleón revela que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , discutía la posibilidad de sostener una reunión en Panamá con representantes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, prevista para finales de agosto.

En la grabación, se escucha a la mandataria morenista conversando con un interlocutor sobre un encuentro en “territorio neutral” para evitar filtraciones a la prensa.

Panamá fue propuesto como sede porque las autoridades estadounidenses no deseaban que la cita se realizara ni en México ni en Estados Unidos. Durante la charla, Marina del Pilar pregunta si podría acudir acompañada de sus abogados y acepta dar seguimiento al encuentro.

Según el contexto de los audios, el objetivo de la posible reunión sería abordar la revocación de su visa estadounidense y enfrentar posibles cargos o sanciones en su contra. A cambio, se menciona su disposición a colaborar y ser “abierta y honesta”, incluso compartiendo información.

Los interlocutores le habrían ofrecido ayuda con su visa y con eventuales acusaciones, siempre y cuando corroboraran su versión.

La gobernadora reconoció la autenticidad de su voz en los audios difundidos previamente, pero ha insistido en que se trata de fragmentos de una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como intermediarios o asesores externos, sin acreditar formalmente su representación oficial, que según Avila Olmeda fue editada y sacada de contexto.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria”, declaró durante una conferencia de prensa, negando cualquier acuerdo “en lo oscurito” y afirmando que mantiene reuniones institucionales y transparentes con funcionarios de Estados Unidos por temas bilaterales.

Este nuevo audio reaviva la polémica en torno a las filtraciones, que han puesto en el centro del debate las relaciones de la gobernadora con agencias de inteligencia y justicia estadounidenses en medio de investigaciones que podrían involucrar a varios funcionarios morenistas.

Marina del Pilar ha contratado asesoría legal en Estados Unidos, específicamente al exfiscal Michael Nadler, para enfrentar posibles sanciones.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni las autoridades estadounidenses han emitido declaraciones oficiales sobre la veracidad de los audios o el estatus de cualquier investigación.

La gobernadora ha reiterado que se encuentra “tranquila” y enfocada en sus responsabilidades en Baja California, y ayer culpó al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás de la recomendación de los intermediarios, cuestión que él negó ayer mismo.

La organización Artículo 19 emitió una alerta debido a que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) admitió una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y de su directora general, la periodista Dora Elena Cortes Juárez dentro del expediente IEEBC/UTCE/PES/10/2026, derivado de la publicación de una entrevista realizada el 26 de abril de 2026 al exsubsecretario de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana, Edgar Edoardo Rodríguez Delgado.

AFN publicó la entrevista al exsubsecretario bajo el encabezado «Exfuncionario municipal denuncia persecución y hostigamiento» y consistió en la difusión de declaraciones emitidas públicamente por una persona plenamente identificada, obtenidas durante una cobertura periodística ordinaria.

De acuerdo con la información documentada por ARTICLE 19 y el testimonio de Dora Elena Cortes, la nota periodística reproduce las manifestaciones realizadas por el entrevistado en un espacio público y no constituye, por sí misma, una opinión editorial ni incorpora expresiones ofensivas o lenguaje discriminatorio dirigidas contra la síndica procuradora Teresita de Jesús Balderas Beltrán, quien posteriormente promovió la denuncia.

Por su parte, la síndica justificó en redes sociales que su denuncia había sido solo dirigida a Edoardo «N». No obstante, mediante acuerdo emitido dentro del procedimiento especial sancionador PS-08/2026, el IEEBC incorporó como parte denunciada tanto a Agencia Fronteriza de Noticias como a su directora general, emplazándolas para comparecer a una audiencia de pruebas y alegatos programada para mañana 16 de julio de 2026.

Los hechos aquí descritos reflejan un uso desproporcionado del procedimiento especial sancionador en materia electoral para someter a escrutinio judicial una cobertura periodística sobre un asunto de interés público. Este tipo de actuaciones puede constituir una restricción indirecta a la libertad de expresión, al generar un efecto inhibidor sobre periodistas, medios de comunicación y sus equipos editoriales.

ARTICLE 19 expresa su preocupación por la pretensión de atribuir responsabilidad al medio de comunicación por la difusión de declaraciones realizadas por un tercero durante un evento público.

Además observa que, en el marco de la investigación, la autoridad electoral requirió información a diversas instituciones y a la empresa Meta con el propósito de identificar a las personas administradoras de las plataformas digitales del medio.

Estas actuaciones exceden el análisis del contenido periodístico objeto del procedimiento y generan un riesgo para la independencia editorial de los medios de comunicación. La utilización de procedimientos sancionadores para obtener información sobre la organización interna de un medio, sus procesos editoriales o las personas que participan en la difusión de contenidos puede producir un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática.

La libertad de expresión protege la búsqueda, recepción y difusión de información sobre asuntos de interés público. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe tanto las restricciones directas como las restricciones indirectas destinadas a impedir la circulación de información e ideas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que la prensa cumple una función esencial para el funcionamiento de toda sociedad democrática y que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio respecto de asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

ARTICLE 19 ha documentado en los últimos años un incremento sostenido en el uso del acoso judicial como una de las formas más recurrentes de agresión contra la prensa en México. Estas acciones se caracterizan por la utilización de procedimientos judiciales o administrativos para desgastar económica, emocional y profesionalmente a periodistas y medios de comunicación, independientemente de que finalmente prosperen o no las pretensiones jurídicas promovidas. Su principal consecuencia es la generación de autocensura y el debilitamiento del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

Al Instituto Estatal Electoral de Baja California:

• Conducir el procedimiento con estricto apego a los estándares constitucionales e interamericanos de libertad de expresión, debido proceso y máxima protección del debate público.
• Abstenerse de realizar diligencias o requerimientos desproporcionados dirigidos a obtener información sobre la estructura interna, organización editorial o funcionamiento de medios de comunicación cuando ello no resulte estrictamente indispensable para la investigación.

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California:

• Sobreseer el procedimiento respecto de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, Dora Elena Cortés Juárez, al tratarse de una cobertura periodística de interés público protegida por los artículos 6° y 7° constitucionales y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, abstenerse de convalidar o participar en actuaciones que, bajo el uso desproporcionado del procedimiento sancionador, configuren acoso judicial y generen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.