Dice Julieta Ramírez que “ya empezaron los lobos con piel de oveja a querer confundir y dar mal la información”, sobre la polémica del punto de partida de su “marcha en defensa de la transformación y la defensa nacional” que había planeado iniciar desde la explanada de vicerrectoría de la UABC. Por poco y dice que la marcha sale de la Facultad de Derecho, porque es conocido que una de sus impulsoras es la madre de la gobernadora, Marina Olmeda.

Bien por el rector, Luis Enrique Palafox, quien publicó un posicionamiento donde rechaza el uso político de las instalaciones, así sea como punto de partida, pues no se debe vincular a la universidad con actividades partidistas.

A propósito de la marcha, nos cuentan que Giovanni López, director del Bosque de la Ciudad, está obligando a ir a sus empleados a la marcha de Julieta, bajo la pena de quitarles las horas extras. Si a alguien lo están obligando a ir, favor de contarnos los detalles.

En otro tema, ya salió el peine: según el (único) contrato del Cine Lux dado a conocer por el Ayuntamiento de Mexicali, y que tenía fecha de enero de 2026, y donde asentaba que la vigencia era hasta el 31 de diciembre después de invertir 15 millones de pesos en obras y adecuaciones, resultó en un blindaje legal por 20 años para garantizar la operación de las oficinas del Registro Civil en el ese inmueble.

La prometida conferencia por Norma Bustamante donde explicarían los pormenores de la mudanza del Registro Civil al edificio propiedad de la esposa de Panchito Pérez Tejada aun no llega, pero la oficial mayor Claudia Beltrán ya dio un adelanto.

El contrato asienta que los propietarios del inmueble no podrán desalojar a la autoridad municipal durante dos décadas, para asegurar “la continuidad del servicio” en el Centro Histórico. Curiosa forma de decirlo. Debió ser, “los dueños del inmueble obligaron legalmente al Ayuntamiento a pagar renta por 240 meses”. Veremos -si es que efectivamente deciden dar la cara sobre ese tema- con qué cuentos salen para justificar una decisión que afectará las finanzas de Mexicali por 20 años.

En otro asunto, ayer comentábamos en Pro Natura que la Fiscalía General del Estado iba mandar un comunicado donde se pararía el cuello sobre el hallazgo del pick up de Justo Martín Rodríguez Heras, quien permanece en calidad de desaparecido.

Y dicho y hecho, dicen que “A través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, este viernes se realizó una búsqueda de campo generalizada en la zona de restauración del Miguel Alemán, con el objetivo de localizar indicios que pudieran contribuir al avance de la investigación”.

Agregan que “La diligencia inició a las 06:40 horas y concluyó a las 15:00 horas, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Servicios Periciales, Comisión Estatal de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y Guardia Nacional”.

La verdad es que los trabajadores de Pro Natura le avisaron a la FGE el jueves sobre el hallazgo de un pick up Tacoma calcinado. Ese día mandaron a los agentes de Robo de Vehículo -no a los del área de desaparecidos- quienes se supone que hicieron el reporte, pero no confirmaron si la unidad pertenecía a Rodríguez Heras y no comunicaron nada a la familia.

 “Este viernes, se revisó la unidad calcinada, aparentemente una camioneta Toyota Tacoma. Debido a las condiciones en que se encontraba la unidad, no fue posible establecer mayores características ni observar una serie visible de identificación”, señala el comunicado.

El viernes que entró al predio la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, junto a agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Comisión Local de Búsqueda y la Guardia Nacional, descubrieron el pick up quemado, y al enviar a alguien a hablar con los trabajadores del predio, les informaron que el día anterior lo habían descubierto, dado parte a la FGE y que habrían entrado las autoridades a procesar la escena.

El equipo decidió investigar el vehículo, y al ser imposible encontrar el número de serie en la puerta y el tablero, intentaron localizar el número en el motor, por lo que lo pusieron de costado y fue así que lograron dar con la placa del vehículo y ellos sí confirmaron en ese momento que se trataba de la unidad del desaparecido, acción que la fiscalía se atribuye.

Y a propósito de la FGE, el jueves hubo una reunión sobre el tema de desaparecidos, a donde asistió la gobernadora, la fiscal María Elena Andrade, el titular del Poder Judicial, Isaac Fragoso y la fundadora de Madres Unidas y Fuertes, Irma Leyva, entre otros.

Fragoso hablaba de lo bien que iba la declaración oficial de ausencia, un procedimiento para obtener el certificado de defunción de desaparecidos de larga data, cuando Irma Leyva dijo que ella había iniciado ese trámite hacía seis meses para su hijo Diego, y que aun no tenía respuesta. Fragoso se puso de mil colores y empezó a verificar en qué etapa iba ese requerimiento, y la gober molesta le pidió que tuviera una respuesta antes de que terminara la reunión. El titular del Poder Judicial tuvo que aceptar que efectivamente el trámite no estaba concluido a pesar de los meses que tenía pendiente.

Marina del Pilar muy molesta, indicó que sentía vergüenza porque le dijeran en las reuniones que todo iba bien cuando en la práctica no era así.

Por su lado, la fiscal fue evidenciada por la vocera de Madres Unidas y Fuertes sobre las carencias del equipo interdisciplinario de búsqueda, y que son responsabilidad de la FGE. También se molestó por el reconocimiento del apoyo a la Unidad de Búsqueda por parte de Pedro Ariel Mendívil. Cada vez son más las voces que piden un cambio en fiscalía, pero como la gober toma siempre la peor decisión sobre su gabinete, seguro todo seguirá igual.

Pregunta final. ¿Por qué nadie puede contestar si hubo sanciones administrativas derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife), que Mayola Gaona hizo públicas con el sobreprecio en aires acondicionados de la empresa Península Doce?

Esto a propósito de la intervención de la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, en la conferencia mañanera de esta semana, sobre la falta de respuestas coherentes a las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Última hora: Me pasan el dato de que Norma Bustamante estaría solicitando junto a sus hijos, la ciudadania española. También ha trescendido que la hija de la gobernadora ha comentado que su mamá le ha dicho que se van a ir a vivir a España. Qué amor le ha agarrado a los funcionarios de la 4T por la madre patria, y eso que no se ha disculpado por la conquista.

Ante la persistencia de los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Baja California, el Protocolo Alba representa uno de los principales mecanismos de respuesta inmediata para su búsqueda y localización. En Mexicali, la Policía Municipal participa en este esquema de coordinación con autoridades estatales y federales, cuyo propósito es actuar desde las primeras horas ante la desaparición o no localización de una mujer o niña.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Bajo este contexto, las cifras de feminicidios y desapariciones registradas en los últimos años permiten dimensionar la magnitud de una problemática que continúa representando un desafío para las autoridades.

Ayer reportaron a una mujer de 23 años como no localizada. Su madre acudió primero con la Policía Municipal y no se actuó. Hoy en la mañana ya se le dio seguimiento, aunque sigue sin aparecer.

La joven forma parte de una familia vulnerable procedente de Tijuana que se asentó en esta captal. Ayer al ir caminando junto a una vialidad en el Valle de Mexicali, se les emparejó un hombre a bordo de una motocicleta y les ofreció raite. A la mujer se le hizo fácil subirse porque estaba cansada y porque él le dijo que la dejaría frente al mercado.

La familia, se compone de la madre, dos hijos varones y la joven desaparecida, al parecer todos de condición especial; a pesar de la alerta desde ayer, no se empezaron a mover las cosas sino hasta hoy.

Las cifras de feminicidios y de mujeres desaparecidas crecen y sigue sin formalizarse seriamente el protocolo Alba, por lo que se pierde tiempo crítico importante para poder localizarla con vida, como en este caso.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Esperemos que la desaparición de la joven no se convierta en un feminicidio y que den celeridad a la formalización del protocolo lo más pronto posible.

Al hijo de Paco Barraza que trabaja en Cecyte plantel Misiones, le dieron su base en tiempo récord, y a pesar de sus acciones laborales contra la violencia a la mujer, señalan sus compañeras que es un déspota, pero que además han engordado la nómina con singular alegría.

El “Shock Barraza” es muy amigo del tipo que protege el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, José Alonso Escobar Páez, quien con falsas acusaciones mantiene en la cárcel a Jennifer Maryel, y quien tiene una tienda de motocicletas y un club de motociclistas.

Resulta que nos cuentan que Barraza junior ha metido a trabajar al Cecyte a muchos de estos motociclistas, que ni siquiera tienen terminada la preparatoria y ocupando puestos de “tutor” a cargo de menores de edad, como uno de nombre Diego Osuna, que fue “comisionado” dos semanas es decir no se presentó a trabajar porque lo tenían “haciendo otras cosas” que era nada menos que trabajar en la campaña de Julieta Ramírez.

La gober va el viernes al Cecyte, a ver si nos cuenta si corrió o no al tranza de Arnoldo Douglas y vemos el extraño caso de los motociclistas-aviadores.

Por cierto que los Barraza ya pusieron su franquicia de placas Anapromex para carros y motos. Qué chulada.

También, comentar que a pesar de que Periódicos Healy está haciendo el negocio de su vida entregándole el alma y la línea editorial a Morena, al parecer no les alcanza para los abogados, porque metieron tijera en Hermosillo, Tijuana y por último le tocó a Mexicali.

El recuento de los daños aquí es el despido de una persona de clasificados, otro de sistemas, otro del área comercial, uno de mantenimiento, varios de limpieza y del área de circulación.

También le dieron las gracias a la jefa de administración, a una empleada del área del sitio web a quien por fin acababan de dar su contrato definitivo, a un trabajador de ventas, y a una de marketing.

Como sabrán, la familia Healy está enfrentada por el camino que ha tomado su línea editorial, entregada al Gobierno del Estado, a quien además han dotado de mucho recurso humano, pues media nómina de comunicación trabajó para ellos. Esta batalla legal para ver quien se queda con los diarios, seguramente terminará en el desmantelamiento de los periódicos.

Finalmente no podemos dejar pasar el tema de la intervención de la secretaria Anticorrupción en la mañanera de hoy, Gabriela Monge. Ante el reclamo del colega Cristian Torres, sobre una reserva de información, la no publicación de las situaciones patrimoniales del gabinete estatal y el mal funcionamiento de la página de transparencia, básicamente respondió que había que quejarse de las solicitudes de información no respondidas para poder atenderlas. Como si no supieran qué les está pidiendo la prensa, cuándo son los tiempos límites para responder, y los recursos interpuestos por la falta de respuestas. La transparencia en esta administración es un gran chiste.

El reclamo es también por la falta de datos sobre contratos de difusión institucional -ni uno solo en este sexenio-, pero pues ahí no quieren publicar nada porque descobijarían a varios amigos y examigos de la gober a quienes les paga muy bien sin que sepamos qué criterios se toman en cuenta para asignar cantidades.

Pregunta final: ¿No se han preguntado porqué Armando Samaniego es el único morenista haciendo campaña abiertamente para la presidencia municipal de Mexicali? Los rumores dicen que ya a$eguró la candidatura en Ciudad de México, por eso nadie más se está moviendo.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Algo comenzó a cambiar en Baja California. Partidos de oposición, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos empezaron a perderle el miedo a decir en voz alta lo que hasta hace poco muchos preferían murmurar: que la gobernadora Marina del Pilar Ávila debe rendir cuentas y que, si existen elementos suficientes, se investigue incluso la posibilidad de un juicio político.No es un golpe de Estado.

No es conspiración. No es “campaña negra”. Es política. Y en democracia, la oposición tiene exactamente esa función: oponerse, cuestionar, investigar y exigir cuentas al gobierno.

El problema es que el camino institucional parece diseñado para que nadie llegue demasiado lejos. El juicio político contra un gobernador por determinadas causas corresponde al ámbito federal y, tratándose de violaciones graves a la Constitución o leyes federales, la resolución de la Cámara de Diputados tiene carácter declarativo para que la legislatura local actúe conforme a sus atribuciones. Y ahí aparece la realidad política.

Morena y sus aliados tienen mayoría. Por eso, salvo que desde Palacio Nacional exista voluntad política para abrirle la puerta a una investigación de fondo, las posibilidades de que el Congreso local se convierta espontáneamente en verdugo de una gobernadora morenista parecen, cuando menos, remotas.

Pero hay un pequeño detalle que quizá nadie está considerando suficientemente: que el Gobierno de México decida no actuar no significa que nadie más vaya a hacerlo.

Estados Unidos ya cambió el juego. En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios actuales y anteriores de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Y en junio, “Los Angeles Times” reportó que Washington investigaba a otros gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Es decir, el vecino dejó de mirar solamente a los capos. Ahora también mira hacia los palacios de gobierno. Y mientras tanto, en México seguimos discutiendo si una visa es una visa, si una visa cancelada es una visa revocada y si un audio significa exactamente lo que se escucha en él.

Los audios atribuidos a Marina del Pilar, difundidos por Héctor de Mauleón, hablan de contactos con el DHS y el FBI y de reuniones para abordar el caso que enfrenta ante autoridades estadounidenses. Que esos audios prueben un delito es otra historia. Pero que ameriten explicaciones serias, verificables y transparentes, eso nadie debería discutirlo.

Porque hay algo que empieza a resultar incómodo: ¿qué pasa si México no investiga y Estados Unidos sí? La pregunta ya no parece tan descabellada. Washington ha demostrado que puede investigar, sancionar, retirar visas, presentar acusaciones y perseguir judicialmente a mexicanos fuera de territorio nacional cuando considera que tiene jurisdicción y evidencia suficiente.

En enero, incluso trasladó a Estados Unidos a 37 fugitivos mexicanos buscados por delitos graves, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Y la propia Presidenta Sheinbaum ha reconocido que existe un diferendo importante en materia de extradiciones: México asegura haber solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos desde 2018 hasta mayo de 2026, sin que ninguna haya sido concretada.

La pregunta es si esa reciprocidad podría algún día convertirse en otra cosa. Porque si en México las instituciones políticas no quieren, no pueden o no se atreven a tocar a determinados personajes, puede llegar el momento en que Washington decida tocar la puerta. Y no precisamente para saludar. ¿Gobernadores? ¿Senadores? ¿Diputados? ¿Alcaldes? ¿Funcionarios?¿Exfuncionarios? No lo sabemos.

Y sería irresponsable afirmar que Estados Unidos prepara una operación para “extraer” políticos mexicanos. No existe, al menos públicamente, evidencia que permita sostener semejante escenario. Pero también sería ingenuo ignorar que Washington está elevando el nivel de presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. Ese es el verdadero asunto.

Porque una cosa es que un gobierno mexicano investigue a sus propios funcionarios.Y otra, bastante más humillante, es que tenga que hacerlo el vecino. Entonces sí tendríamos un problema monumental. No solamente para Marina del Pilar. Para Morena.Para la Presidenta. Y para México.

Porque si la famosa transformación presume que nadie está por encima de la ley, llegó el momento de demostrarlo. Aquí no se trata de condenar a nadie por rumores, audios o acusaciones. Se trata de investigar. De transparentar. De esclarecer. Y, si no hay nada, cerrar el expediente con pruebas.

Porque si hay algo peor que tener funcionarios bajo sospecha, es tener instituciones que parezcan demasiado ocupadas protegiéndolos. Y entonces la pregunta que hoy incomoda en Baja California podría terminar siendo mucho más grande: ¿Y si Estados Unidos decide hacerlo? Porque cuando el Estado mexicano no quiere abrir la puerta de la justicia, siempre existe el riesgo de que alguien del otro lado decida entrar por ella.

Para los santos que son

Hay renuncias que dejan un hueco en el gobierno. Y hay otras que apenas dejan espacio para colocar el escritorio del siguiente funcionario. La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció esta semana que cuatro integrantes de su gabinete —Belinda Elizabeth Rodríguez, José Adrián Medina Amarillas, Jesús García Castro y Alejandro Arregui Ibarra— le comunicaron su intención de abandonar sus cargos para buscar una candidatura en 2027.

Hasta ahí, todo legal. Incluso normal. Lo que resulta menos normal es la expectativa que parece acompañar a algunos de ellos: que basta con haber ocupado una silla en el gobierno para que automáticamente el ciudadano deba entregarles otra, pero ahora mediante el voto.

Porque una pregunta elemental se impone: ¿Qué hicieron desde el gobierno que justifique pedir ahora el voto? No qué puesto ocuparon. No cuántas fotografías se tomaron con la gobernadora. No cuántos boletines publicaron. No cuántas veces aparecieron en una mañanera.

Resultados.Eso es lo que deberían llevar consigo cuando salgan a pedir el voto. Y aquí está el detalle: algunos de estos aspirantes han recorrido ya buena parte del camino político. Alejandro Arregui, por ejemplo, fue diputado local por el PRI y hoy forma parte del gabinete morenista como secretario del Trabajo. Una carrera política larga, sin duda. Pero carrera política no necesariamente significa carrera de resultados. Y eso vale para todos.

Porque si la explicación para buscar una candidatura es que Morena sigue arriba en las encuestas, entonces estamos frente a una confesión involuntaria: No necesariamente están confiando en sus propios méritos; están confiando en la marca.

El problema es que las marcas también se desgastan. Morena conserva una ventaja importante en diversas mediciones rumbo a 2027, pero existe un porcentaje considerable de ciudadanos que todavía no decide su voto.

En Ensenada, por ejemplo, una medición de junio ubicó a Morena con 42.2%, pero 20.4% respondió que aún no sabía por quién votaría. Otras colocan a Julieta Ramírez como 36% de intención de voto, con 32% de indecisos. Es decir: todavía hay mucho partido por jugar.Y aquí aparece el verdadero riesgo para Morena y, particularmente, para Marina del Pilar.

Que algunos de sus funcionarios crean que la candidatura es una extensión automática del cargo. Porque una cosa es administrar. Otra muy diferente es convencer. Y otra, todavía más difícil, es ganar.

La gobernadora tampoco atraviesa precisamente por el momento político más cómodo de su administración. Las controversias, los cuestionamientos y los audios que han circulado en torno a sus gestiones ante autoridades estadounidenses no desaparecen porque cuatro funcionarios decidan competir electoralmente. Al contrario. Cada candidato cargará, inevitablemente, con parte del equipaje político del gobierno que lo impulsó.

Y aquí es donde aparece aquella vieja expresión popular que parece escrita para esta ocasión: “Para los santos que son y los milagros que hacen”.

Porque si estos funcionarios son los grandes activos electorales del gobierno estatal, Morena debería empezar a preocuparse. No porque sean malos candidatos necesariamente. Sino porque hasta ahora cuesta trabajo encontrar en sus respectivas trayectorias ese milagro administrativo, político o social que explique por qué el ciudadano tendría que premiarlos con un nuevo cargo.

La política mexicana tiene una costumbre extraordinaria: convertir la permanencia en el poder en mérito suficiente para continuar en el poder. Como si ocupar un puesto fuera prueba de capacidad. Como si sobrevivir a una administración fuera un currículum. Como si cambiar de escritorio fuera una promoción automática.

Y no. El ciudadano debería preguntar algo mucho más sencillo: ¿Qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo? Porque si la respuesta no alcanza para convencer, difícilmente alcanzará para ganar.

Y quizá esos cuatro aspirantes terminen descubriendo que el verdadero milagro que Morena necesita no es encontrar candidatos.

Es encontrar candidatos que no le resten. Porque para los santos que son y los milagros que hacen, puede ocurrir exactamente lo contrario: que en lugar de ayudar a cargar la cruz electoral de la causa morenista, terminen agregándole otra piedra a la pesada losa que ya carga la causa marinista.