Este lunes fue interpuesta una queja ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, relativa a desapariciones forzadas, ejecuciones extrjudiciales y fosas clandestinas en Baja California, lo que constituyen delitos de lesa humanidad y permiten a cualquier persona solicitar una investigación ante esta instancia.

El documento llamado formalmente “comunicación”, es el principio de una cadena de acciones que busca que la CPI analice el asunto y de inicio a una investigación bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que otorga al Fiscal de ese organismo la facultad de iniciar investigaciones de oficio basándose en información fidedigna sobre crímenes de su competencia.

La solicitud fue hecha por Dianeth Pérez Arreola, que como periodista ha dado seguimiento puntual al tema del panteón clandestino del poblado Miguel Alemán descubierto en el predio de Pro Natura en enero de este año, y en nombre de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de buscadores Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa.

El documento remitido incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a notas periodísticas que pudieran ser prueba de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y de la grave ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y procesar a los grupos delictivos implicados en las desapariciones y las fosas clandestinas.

En el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali se descubrieron 22 fosas con 22 cuerpos entre junio y septiembre de 2023. Del 8 de enero de 2026 a la fecha, se han recuperado 47 restos de víctimas en otra zona del mismo poblado, donde hasta el momento van abiertas 24 fosas. Muchos de los cuerpos estaban calcinados, desmembrados y presentaban signos de tortura. Estos hallazgos revelan un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos de delincuencia organizada, junto con graves indicios de participación de diversas autoridades.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables, evidenciando una prolongada falta de actuación que fomenta la impunidad y permite la persistencia de estos delitos”, señala el documento.

Estos actos se producen en un contexto regional de altas tasas de desaparición forzada y violencia relacionada con el crimen organizado en México, donde las fosas clandestinas representan un patrón sistemático utilizado para ocultar los restos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Por su naturaleza generalizada y sistemática contra la población civil, podrían constituir crímenes de lesa humanidad (Artículo 7 del Estatuto de Roma): específicamente desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos.

“La magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común y que podría implicar la aquiescencia o la grave ineficacia de las autoridades locales y estatales a la hora de prevenir, investigar y sancionar estos actos”, agrega la denuncia.

Por lo anterior, se solicita a la fiscalía de la CPI que admita la comunicación para su examen preliminar de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma; que inicie una investigación sobre la situación en Baja California, México —particularmente en el Valle de Mexicali— en relación con las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas; que solicite información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de víctimas; y que reconozca la condición de las víctimas y de sus familiares para participar en las actuaciones.

El Ayuntamiento de San Felipe, que encabeza José Luis Dagnino, informó este lunes que la empresa SCORE International no incluyó al municipio como sede en su calendario oficial de competencias para el año 2027.

A través de un comunicado, las autoridades locales expresaron su decepción ante la decisión, pero destacaron el fuerte respaldo que el municipio ha brindado al evento durante los últimos cinco años. Entre las aportaciones mencionadas se encuentran el pago anual de 120 noches de hospedaje en habitaciones dobles para el equipo de SCORE, el cubrimiento de derechos por el uso de la pista —con una aportación de 105 dólares por equipo registrado por parte de la empresa— y el mantenimiento de cerca de 300 kilómetros de ruta con maquinaria pesada, costo absorbido al 100% por el Ayuntamiento.

Además, el municipio cubrió íntegramente los gastos de seguridad pública, acciones preventivas, renta de sanitarios públicos y servicios extraordinarios de limpieza. El comunicado resalta que, recientemente, el gobierno municipal sostuvo reuniones de coordinación con el sector privado para mejorar la calidad de los servicios, logrando reducir en algunos casos hasta un 50% los cobros por derechos de uso de pista.

Pese a que San Felipe realizó todos los preparativos necesarios para recibir la SCORE International San Felipe 250 y mostró su disposición para continuar como sede, la organización decidió llevar a cabo la edición 2027 en otra localidad.

“Respetamos la decisión tomada por SCORE International”, señala el documento publicado por Dagnino, aunque subraya que el municipio mantendrá sus puertas abiertas a otras empresas nacionales e internacionales del off-road interesadas en organizar competencias en el desierto bajacaliforniano.

Finalmente, las autoridades afirmaron que San Felipe seguirá trabajando para consolidarse como un destino líder del deporte motor, impulsando el turismo, la economía local y posicionándose como referente internacional de aventura y deporte.

Los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) urgieron al Ayuntamiento de Mexicali a restablecer plenamente los servicios y la atención ciudadana en el Palacio Municipal, donde persisten afectaciones derivadas de una falla eléctrica ocurrida hace varias semanas.

Los ediles Sandra Cota Montes, Gustavo Magallanes Cortés y Manuel “Rude” García Fonseca demandaron que la administración municipal informe al Cabildo sobre las acciones realizadas para resolver la contingencia, los recursos públicos destinados a la solución del problema y los tiempos reales estimados para el restablecimiento total de las actividades en las oficinas municipales.

Los regidores señalaron que la falta de información clara y oportuna ha generado incertidumbre y molestias entre la población.

Muchas personas continúan acudiendo al Palacio Municipal para realizar trámites o recibir atención, pero se encuentran con servicios limitados o áreas sin operación, lo que provoca pérdidas de tiempo, gastos de traslado y complicaciones en su organización personal y laboral.

Los representantes del PAN consideraron indispensable que el gobierno municipal mantenga informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos y establezca mecanismos de comunicación efectivos, con el fin de prevenir afectaciones adicionales y brindar certeza a quienes dependen de los servicios municipales.

Finalmente, los regidores hicieron un llamado a la autoridad municipal para acelerar las acciones necesarias que permitan normalizar cuanto antes la atención a la ciudadanía y garantizar el funcionamiento pleno de las dependencias, evitando que continúen las afectaciones a miles de mexicalenses.