Francisco Javier Molina Pérez, regidor, aparece registrado en el sistema penitenciario federal en el expediente 2008/3056. De acuerdo con los datos del sistema de consulta, el 7 de julio de 2008, a las 15:10 horas, se registró su ingreso con la clasificación jurídica de “indicado” y tipo de seguridad mediana. La causa penal corresponde al número 2008/146, derivada de la averiguación previa folio 1683 de 2008 de la Agencia Federal de Investigación.

El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, bajo el fuero federal. El delito imputado fue posesión conforme al artículo 195 del Código Penal Federal, en la modalidad de posesión con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento. En el sistema se conservan las fotografías de identificación del indicado, correspondientes a las vistas de frente, lado derecho y lado izquierdo.

El regidor Francisco Javier Molina Pérez obtuvo recientemente dos constancias actualizadas, ambas fechadas el 15 de octubre de 2026. La primera, emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California mediante el oficio SSC/DAI/CAP/137675-2026, indica que, tras la revisión en el Sistema de Verificación de Antecedentes Penales, no se encuentra antecedente penal por delito de carácter doloso del fuero común relativo a su persona.

Esa secretaría, encargada de emitir las cartas de no antecedentes, solo dijo que “hasta donde se tuvo conocimiento y revisión de los antecedentes penales de la persona señalada, no se encontró nada en el ámbito que le compete a las autoridades estatales, motivo por el que se expidió el acta de no antecedentes penales sin registro alguno”.

¿Se le declaró inocente al final? ¿Le limpiaron los antecedentes como favor partidista? No lo sabemos y nadie sale a aclararlo, pero es grave que tenga antecedentes del fuero federal.

La segunda carta, expedida por la Dirección de Prevención y Reinserción Social con el folio CDAPF-2026-976132, señala que, después de una búsqueda exhaustiva en la Base de Datos del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, no existe registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal pronunciada en su contra.

La información obtenida por fuentes oficiales que piden su anonimato y capturas de pantalla de registros de seguridad, indican que el regidor estuvo preso en en 2008 por posesión y en 2015 por lesiones calificadas, más otro registro del 2012 por robo de vehículo.

A pesar de la existencia de estos documentos y del registro histórico del expediente 2008/3056, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General del Estado de Baja California han querido emitir una postura oficial sobre el tema. Ese silencio resulta sospechoso, pues deja sin una aclaración pública la relación entre esos tres antecedentes.

Aun sin sentencia, haberse visto involucrado en tres delitos como que nos dice que el regidor no es precisamente un angelito. El regidor no ha salido a decir nada, a pesar de que se lo pedimos a través de Edgar Covarrubias. También solicitamos una postura a Sindicatura Municipal, y no hemos recibido respuesta. El que nada debe, nada teme.

Un análisis serio de este caso tiene dos escenarios posibles: que el partido haya sabido del expediente 2008/3056 y haya decidido silenciarlo, o que simplemente no haya realizado una revisión adecuada de antecedentes al momento de postular o incorporar a Francisco Javier Molina Pérez.

Si Morena conocía el registro de 2008 (una consignación federal por posesión de narcóticos en el Juzgado Primero de Distrito de Mexicali) y optó por no transparentarlo, el costo político es alto. En un partido que se ha presentado como regeneración ética frente a la “vieja política”, tolerar o proteger a un militante o regidor con un antecedente de esa naturaleza debilita su discurso moral.

Genera la percepción de que la exigencia de honestidad se aplica de forma selectiva -cuestión que parece es el sello de la casa de Morena en Baja California-: se critica con dureza a adversarios, pero se relativiza cuando el involucrado es propio.

Eso alimenta la narrativa de hipocresía, erosiona la confianza de sectores de su base que valoran la coherencia y entrega a la oposición un argumento fácil y contundente para acusar de doble moral.

Además, el silencio institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado —autoridades que dependen del gobierno estatal— refuerza la sospecha de protección política, aunque no demuestre por sí solo una orden directa del partido.

El segundo escenario, quizá más frecuente en la práctica política mexicana, es el de una revisión deficiente o inexistente de antecedentes. Admitir o postular a alguien sin checar exhaustivamente su historial refleja debilidad institucional interna. En un sistema donde los partidos son responsables de la calidad de sus candidaturas, y una falla de este tipo proyecta improvisación, falta de filtros y priorización de lealtades o cuotas sobre la idoneidad.

Para un movimiento que ha crecido con el discurso de “primero los pobres” y de limpieza pública, incorporar perfiles sin el debido escrutinio debilita su legitimidad cuando esos perfiles llegan a cargos de representación, porque el daño no es solo reputacional: también genera riesgos legales y de gobernabilidad. Un regidor con un pasado judicial, aunque no tenga sentencia condenatoria irrevocable según las constancias recientes, queda expuesto a cuestionamientos permanentes sobre su idoneidad ética, lo que puede entorpecer su trabajo y arrastrar al partido en cada controversia local.

En ambos casos, el resultado práctico es similar: pérdida de capital moral. Y como están las cosas de Baja California, con los señalamientos de contubernio entre el crimen organizado y la clase política, este escenario de tapar o no checar antecedentes, es más grave de lo que parece y puede ser un hilo de donde empezar a tirar.

¿A quién más le han limpiado el expediente?, ¿Es por esto que cierto grupo criminal a pesar de mil señalamientos carecía hasta hace poco de una carpeta de investigación en la FGE? No olvidemos que hay otros casos, como el del magistrado acosador, donde es a la víctima a quien quieren reubicar en vez que separarlo a él del cargo mientras investigan; o donde solo se entiende la mano negra de un panista cercanísimo al Gobierno Estatal detrás de la protección al regidor de Tijuana acusado dos veces por violación para que fiscalía no avance en esos casos a pesar de tener evidencia; o que no le haya pasado nada al acosador sexual amigo y protegido del hoy secretario de salud.

Cubrir un antecedente conocido es una decisión deliberada que implica complicidad; no haberlo revisado es negligencia. En el contexto actual de Baja California y del país, donde la percepción de inseguridad y de captura de instituciones por intereses opacos es alta, cualquier sombra de tolerancia hacia perfiles vinculados a delitos federales de narcóticos tiene un peso simbólico importante.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo
Julieta Ramírez Padilla descubrió que la prensa puede ser una maravilla cuando la elogia y un instrumento de la guerra sucia cuando le incomoda. Ahora, convertida en coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, anuncia que quiere una relación más abierta, empática y transparente con los periodistas. ¡Qué bueno! Nunca es tarde para descubrir las bondades del diálogo, particularmente cuando se tiene la mira puesta en la gubernatura.

La joven política ofrece escuchar las exigencias, dudas y demandas de los comunicadores. Habrá que ver. Porque una cosa es convocar a los reporteros para explicarles las bondades de la transformación y otra muy distinta sentarse frente a ellos cuando las preguntas no vienen precisamente con flores.

Julieta también reconoció que durante el proceso interno de Morena hubo guerra sucia, páginas creadas para atacar y pautas millonarias. No dio nombres en las declaraciones que conocemos, pero la acusación merece atención. Si hubo dinero para fabricar campañas de desprestigio, sería saludable conocer quién lo puso, quién lo recibió y quién hizo el trabajo. La transparencia, después de todo, también sirve para iluminar los rincones de casa.

Lo curioso es que la flamante coordinadora parece olvidar que las inconformidades no nacieron exclusivamente en las redacciones. Dentro de su propio partido hubo quienes cuestionaron el procedimiento que la llevó al nombramiento. Evangelina Moreno Guerra, por ejemplo, impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral y reclamó condiciones de equidad en la contienda interna.

¿También eso fue guerra sucia? ¿O las dudas son legítimas únicamente cuando las formula alguien que no amenaza el proyecto político propio?

Porque ahí está el detalle: Morena presume las encuestas como el gran instrumento democrático para elegir a sus abanderados, pero cuando alguien cuestiona el procedimiento, la celebración de la democracia suele adquirir un incómodo parecido a una reunión familiar en la que todos deben estar de acuerdo con quien reparte la herencia.

Julieta tiene derecho a defender su designación. Lo que no puede exigir es que los demás renuncien a examinarla.

Después vino la parte internacional del discurso. La coordinadora habló de la derecha mexicana con proyección internacional, del resurgimiento del fascismo y de presiones diplomáticas, económicas y políticas contra México. También llamó a los periodistas a no prestarse a narrativas intervencionistas.

Vaya responsabilidad la que pretende encomendarles. Además de investigar, preguntar y fiscalizar al poder, ahora los periodistas tendrían que pasar por una especie de aduana ideológica para demostrar que sus publicaciones no atentan contra la soberanía nacional.

Conviene recordar algo elemental: cuestionar a un gobierno mexicano no convierte automáticamente a nadie en agente extranjero, como tampoco criticar a Morena significa trabajar para la derecha. Hay periodistas que hacen propaganda, desde luego; los hay también que investigan, documentan y exhiben aquello que el poder preferiría mantener fuera de la conversación pública. Confundir ambas cosas es una manera bastante cómoda de desacreditar al mensajero sin responder el mensaje.

Julieta elogió al periodismo como una lumbrera en medio de la dictadura y recordó a los hermanos Flores Magón. El reconocimiento es pertinente. Lástima que la historia del periodismo mexicano también esté llena de gobiernos que aplaudían la libertad de expresión mientras las preguntas les parecían razonables y la condenaban cuando dejaban de serlo.

La coordinadora debería tener presente que la prensa no está para hacerle la vida fácil ni a ella ni a nadie. No es su departamento de relaciones públicas, tampoco una oficina de aplausos contratados. Su función es incomodar al poder, venga de donde venga.

Y aquí llegamos al verdadero asunto. Julieta no solamente necesita mejorar su relación con los medios. Necesita demostrar que puede gobernar sus propias reacciones frente a la crítica, distinguir entre una campaña de desprestigio y una investigación periodística, y responder con argumentos en lugar de repartir etiquetas.

Su cercanía política con Marina del Pilar Ávila forma parte de su trayectoria y, por tanto, también de su responsabilidad pública. La nueva coordinadora no puede pretender que su proyecto sea examinado en una vitrina aislada de los seis años de gobierno que están por concluir. Si quiere continuidad política, tendrá que aceptar también las preguntas sobre esa continuidad.

La designación le abrió una puerta importante rumbo a 2027. No le entregó un cheque en blanco, mucho menos la gubernatura. Todavía tiene que convencer a los ciudadanos y demostrar que su liderazgo va más allá del respaldo de la dirigencia partidista y de los acuerdos internos.

Su ofrecimiento de apertura es una buena noticia, si se traduce en hechos. Que haya acceso a la información, respuestas oportunas y respeto a quienes preguntan. Que no se confunda la publicidad con la información ni la crítica con la conspiración.

Porque la empatía que Julieta ofrece a los periodistas no puede funcionar como un contrato de reciprocidad: yo te trato bien y tú hablas bien de mí.

La prensa no necesita una coordinadora que la quiera mucho. Necesita una política que entienda para qué sirve.

Y si Julieta realmente aspira a gobernar Baja California, más vale que empiece a acostumbrarse: los periodistas no siempre preguntan lo que los políticos quieren contestar.
Precisamente para eso existen.

Morena: democracia por docena

Morena abrió el registro para aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación en Mexicali y ya hay, por lo menos, una docena de interesados en ocupar la silla principal del Palacio Municipal. El partido presume entusiasmo y participación. Por el número de inscritos, cualquiera pensaría que la democracia está de fiesta. Pero cuidado: una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta saber qué hacer con quienes entran.

Dicen que hay más aspirantes registrados que parejas inscritas en las bodas colectivas que promueve el Ayuntamiento. La diferencia es que los enamorados, por lo menos, suelen conocerse antes de comprometerse. En Morena, en cambio, basta con anotarse para comenzar a soñar con la alcaldía.

El problema no es que haya muchos aspirantes. Al contrario, la competencia puede enriquecer la vida pública. El problema es confundir cantidad con calidad democrática, como si llenar una lista de nombres fuera suficiente para acreditar transparencia, capacidad y vocación de servicio.

¿Dónde están los criterios claros para evaluar a los participantes? ¿Qué experiencia administrativa tienen? ¿Qué conocen de los problemas de Mexicali? ¿Quién examinará sus resultados, sus propuestas y su conocimiento de una ciudad que no se gobierna con discursos partidistas ni lealtades de ocasión?

La democracia no consiste en organizar una fila para ver quién llega primero al registro, sino en garantizar reglas claras, información pública y una evaluación seria de quienes aspiran a gobernar.

Porque si el método consiste en registrar a todos, levantar una encuesta y después pedir unidad en torno al elegido, no estamos necesariamente ante una competencia democrática.

Estamos ante una simulación con lista de asistencia. Y así cualquiera puede presumir participación. Lo difícil es demostrar que, detrás de tantos nombres, hay capacidad para gobernar Mexicali. Ahí es donde la lista se reduciría bastante.

Baja California ante el nuevo decreto federal (DOF 14 de octubre de 2026)

Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios.

Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.
Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados.

El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

• *El autor es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.