Corrupción
Investigan daño patrimonial por más de 92 millones de pesos
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California (FECC) logró la vinculación a proceso de Gabino “N”, exdirector de Tecnologías de la Información del 24 Ayuntamiento de Tijuana, por su presunta participación en un daño económico millonario derivado de la adquisición irregular de un sistema contable que nunca funcionó conforme a lo pactado.
El fiscal anticorrupción del Estado, Javier Salas Espinoza, explicó que los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando el entonces funcionario solicitó a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento la compra de un sistema de armonización contable, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Posteriormente, el 10 de agosto de ese mismo año, se formalizó el contrato ADQ-2023AD-081 por adjudicación directa con la empresa denominada Management Technology Innovations S.C. por un monto total de 92 millones 916 mil 107 pesos, de los cuales se pagaron más de 80 millones sin que el sistema operara de manera adecuada ni cumpliera con los estándares técnicos establecidos.
De acuerdo con la carpeta de investigación presentada ante el juez de control, Gabino “N” autorizó cuatro pagos a la empresa proveedora por un total de 37 millones 166 mil 443 pesos, aun cuando el sistema no había cumplido los términos del contrato ni había entregado resultados funcionales. El fiscal señaló que esta conducta generó un daño patrimonial directo al Ayuntamiento de Tijuana, al avalar el uso de recursos públicos en un proyecto fallido.
“El caso de Gabino ‘N’ refleja la forma en que algunos funcionarios toman decisiones contrarias a los intereses públicos, sin supervisar correctamente los contratos que manejan recursos de todos los ciudadanos”, afirmó Salas Espinoza.
El fiscal explicó que, según las investigaciones, el exfuncionario omitió su deber de supervisar y verificar el cumplimiento del contrato, como era su obligación en su calidad de responsable de la administración y control técnico del sistema. Esa omisión permitió que los pagos se realizaran sin justificación suficiente, a pesar de que el sistema contratado no cumplía con las normas de contabilidad ni con los objetivos para los que fue adquirido.
Durante la audiencia inicial, celebrada ante un juez de control, la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimonios y dictámenes técnicos que sustentan la acusación. Con base en esta información, el juez resolvió vincular a proceso a Gabino “N” por su presunta participación en el uso indebido de recursos públicos, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En ese periodo, la FECC continuará recabando datos de prueba adicionales, incluyendo auditorías, peritajes informáticos y declaraciones de otros ex funcionarios municipales que participaron en la contratación y supervisión del proyecto, así como de la empresa contratada que no cumplió con contrato de adjudicación directa.
“Esta vinculación es un paso importante para combatir la impunidad. No se trata solo de señalar responsables, sino de recuperar los recursos que fueron mal utilizados y devolverlos a la sociedad”, sostuvo Salas Espinoza.
El fiscal destacó que este caso forma parte de una estrategia integral de combate a la corrupción, en coordinación con los Órganos internos de control de las dependencias estatales y municipales.
Asimismo, subrayó que las investigaciones que continuarán en contra de ex funcionarios y el proveedor del sistema, se realizan sin sesgos políticos ni intereses personales, y que todos los procedimientos están sustentados en pruebas técnicas y auditorías oficiales.
Explicó que, de confirmarse la responsabilidad del imputado, la Fiscalía buscará la reparación del daño económico causado al Ayuntamiento de Tijuana, así como la aplicación de las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Finalmente, reiteró que la Fiscalía Anticorrupción continuará reforzando su presencia en todos los municipios del estado, con el propósito de garantizar que ningún acto de corrupción quede impune.
Corrupción
Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres
Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.
Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.
El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.
Vínculos familiares y empresariales
Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.
Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.
Contexto político
El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.
El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.
Corrupción
Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena
La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.
Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.
“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.
Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.
“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).
La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.
El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.
Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.
Corrupción
Hay déficit de 16 millones en la caja de ahorros burócrata; convocan a reunión urgente
La administración del Sindicato de Burócratas a nivel estatal, informó que encontraron un déficit de más de 16 millones de pesos en la caja de ahorros, y culpan a la anterior administración, que lideró Guillermo Aldrete, y quien culpa a su vez al Gobierno del Estado.
Debido a ese déficit, no entregarán el 100 por ciento de los ahorros a los trabajadores, ni han sido informados del porcentaje aproximado que será cubierto.
La delegada del sindicato identificada como Mayra García, dio a conocer que el sindicato quería entregar el ahorro incompleto los días 15, 16 y 17 de julio, sin embargo la junta de delegados lo frenó.
Por ese motivo, están convocando a una reunión urgente el martes 14 de julio, para que la base decida cómo se entregará dicho ahorro.
Por su parte, Guillermo Aldrete publicó un mensaje en sus redes ayer, en el que da una justificación rebuscada: “Lamentablemente nuestro sindicato no ha manejado una contabilidad formal como la gubernamental, por ejemplo, y se ha tenido que trabajar conforme a los planes de trabajo de cada Comité en base a nuestro Estatuto y eventos tradicionales, respetando siempre el beneficio de la Base a la que se representa”.
Agregó que ha solicitado audiencia en varias ocasiones con el líder del sindicato estatal, José Gutiérrez, para dar a conocer los procesos pendientes de cobro ante la autoridad, sin tener respuesta hasta el momento.
“Este desfalco del cual tanto se habla, es un faltante que se ha generado durante años por que la autoridad no ha sido recurrente ni regular en sus pagos, de ahí viene la astucia y el manejo de las finanzas para que a la Base se le cumpla en tiempo y forma sin buscar culpables por una incapacidad de resolver las cosas”, remarcó el exsecretario general burócrata.
Reclamó que se les pida a los sindicalizados afrontar las consecuencias cuando lo que tienen que hacer es resolverles sin perjudicar el bolsillo de los ahorradores.
Finalmente dijo que se trata de una persecución política sindical desde el poder, orquestado desde Gobierno del Estado, que busca división al interior del sindicato.
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