El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con México, en respuesta al asilo político otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, figura clave en el fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

La decisión, calificada por Lima como un “acto inamistoso e inaceptable”, marca un quiebre histórico en la relación entre ambos países, que hasta hace poco se jactaban de lazos “fraternales” basados en coincidencias culturales y políticas.

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó la medida durante una rueda de prensa en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería en Lima.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente han intervenido en los asuntos internos del Perú”, declaró De Zela, visiblemente consternado.

Confirmó que Chávez, de 34 años y excongresista, se encuentra resguardada en la residencia de la Embajada mexicana en Lima, donde solicitó protección el fin de semana pasado.

Chávez, quien ocupó el cargo de presidenta del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de Castillo (2021-2022), enfrenta cargos graves por rebelión, conspiración contra el Estado y abuso de autoridad.

Según la Fiscalía peruana, participó activamente en el intento de disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, que culminó con la destitución y detención de Castillo.

La exministra fue capturada en 2023 y cumple prisión preventiva desde entonces, aunque recientemente obtuvo un hábeas corpus que le permitió movilidad limitada.

Su abogado ha denunciado una “persecución política” orquestada por el Congreso y el Ejecutivo actual, argumentos que resonaron en México para justificar el asilo.

Desde la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en la noche del lunes rechazando la decisión peruana como “unilateral, excesiva y desproporcionada”.

La Cancillería mexicana defendió el asilo como un “acto legítimo y apegado al derecho internacional”, en particular a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son signatarios.

“México reafirma que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la ONU”, subrayó el documento. Además, Chávez ha alegado “reiteradas violaciones a sus derechos humanos” como parte de una “persecución política” desde su captura.

La ruptura implica el cierre de embajadas y el retiro mutuo de personal diplomático. La encargada de negocios mexicana en Lima, Karla Ornela, fue notificada de un “plazo perentorio” para abandonar el país, según el presidente interino peruano, José Jerí.

No obstante, De Zela aclaró que las relaciones consulares se mantienen intactas, garantizando protección a los aproximadamente 20 mil peruanos residentes en México y a los miles de mexicanos en Perú. “No habrá problemas para los connacionales; la protección consular continúa vigente”, aseguró el ministro.

Esta crisis no surge de la nada. Las fricciones datan del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien cuestionó la legitimidad del derrocamiento de Castillo y se negó a reconocer a la presidenta Dina Boluarte como “espuria”.

En mayo de 2023, el Congreso peruano declaró persona non grata a López Obrador por “injerencia”. Bajo la actual mandataria Claudia Sheinbaum, las tensiones escalaron: en febrero de 2025, ella calificó de “injusticia” el proceso contra Castillo, lo que provocó un rechazo formal de Lima.

En septiembre, el Parlamento andino extendió la declaración de non grata a Sheinbaum por su “apoyo” al exmandatario.

Analistas regionales ven en este episodio un choque ideológico entre la tradición humanista mexicana –histórica defensora de asilados políticos como León Trotsky o el presidente ecuatoriano Lenín Moreno– y la postura soberanista de Perú, que percibe la acción de México como una validación implícita al “autogolpe” de Castillo.

“Es el segundo país latinoamericano con el que México rompe lazos diplomáticos en menos de un año, tras tensiones similares con Ecuador”, apuntó un experto en relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En redes sociales, la noticia generó un torbellino de reacciones. Usuarios peruanos celebraron la decisión como una “defensa de la soberanía”, mientras que en México predominaron voces de apoyo al asilo, con hashtags como #AsiloLegítimo y #NoALaInjerencia. El presidente Jerí respaldó la medida en X (antes Twitter), enfatizando: “¡Respeto a nuestra patria!”.

Por ahora, no hay indicios de mediación inmediata de organismos como la OEA o la CELAC, pero la ruptura podría complicar foros multilaterales y el comercio bilateral, que en 2024 superó los 2 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas a Perú.

México insiste en privilegiar el “diálogo y la solución amistosa”, pero el quiebre diplomático deja un vacío que podría tardar años en repararse. En un continente marcado por la polarización, este episodio recuerda que la solidaridad humanitaria puede ser el detonante de divisiones profundas.

*Esta nota fue realizada con ayuda de la IA