COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán
En Baja California, el empresariado sostiene en gran parte las arcas del Estado mediante diversos tributos. Entre ellos destaca el impuesto sobre nómina, definido en la Ley de Hacienda como el gravamen a las remuneraciones al trabajo personal subordinado.

Para la Ley de Ingresos 2025 se presupuestó recaudar más de 12 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal (ISRTP), cifra que refleja la magnitud de la carga fiscal sobre las nóminas de pequeños y grandes patrones en la entidad.

El 27 de octubre de 2022, mediante el Decreto No. 165, se reformó la Ley de Ingresos para agregar una sobretasa del 1.25 por ciento destinada a seguridad pública e infraestructura. Así, durante 2022 y 2023 el ISRTP se causó con una tasa primaria de 1.80 por ciento y dos sobretasas: 1.20 por ciento para educación superior y 1.25 por ciento para seguridad, alcanzando en suma de los tres conceptos un total de 4.25 por ciento.

En el ejercicio 2024, estratégicamente la Secretaria de Hacienda decidió pasar de la tasa de 1.80 por ciento a 4.25 por ciento, lo que significó un incremento en la tasa primaria del 236 por ciento.

Frente a ello, el Poder Judicial de la Federación, tras casi tres años de litigio, resolvió la contradicción de criterios 164/2024 y emitió jurisprudencia obligatoria el 7 de noviembre de 2025 (Registro digital 2031431, Tesis PR.A.C.CN. J/100 A (11a.)), aplicable desde el 10 de noviembre de 2025.

El fallo fue contundente: la sobretasa en seguridad pública e infraestructura del 1.25 por ciento es inconstitucional, pues creó un tercer nivel impositivo sobre la misma base gravable, vulnerando el principio de proporcionalidad tributaria.

La propia sentencia lo explica con claridad: “Ello genera que el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal se aplique en tres niveles respecto de la misma manifestación de la riqueza, lo cual no está permitido por la figura jurídica de las sobretasas”. Y añade que las sobretasas “solamente pueden producir un segundo nivel impositivo… siendo éste el límite propio de dicha figura”.

En consecuencia, lo recaudado en 2022 y 2023, bajo el concepto de sobretasa en seguridad pública, debe reconocerse como una imposición tributaria ilegal. Conviene recordar que en 2024 el Ejecutivo decidió integrar ambas sobretasas y compactarlas con la antigua tasa de 1.80 por ciento, para lograr una sola tasa del 4.25 por ciento.

En lugar de justificar abiertamente el incremento, se optó por la narrativa simplista de que “ya lo pagaban”. Esa explicación buscó minimizar la afectación, pero evitó dar la cara y explicar por qué era necesario aumentar la carga. El resultado fue un incremento encubierto que debilitó la confianza empresarial, evidenciando el acto arbitrario, lo cual hoy se robustece con la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la sobretasa en seguridad.

Más allá de la discusión jurídica, es indispensable abrir el debate sobre el destino del impuesto sobre nómina. El empresariado en su mayoría no cuestiona la necesidad de contribuir, sino la ausencia de una política clara de reinversión. Parte de este recurso debería destinarse a programas que fortalezcan directamente al sector económico y empresarial —infraestructura productiva, innovación, capacitación laboral— y también a beneficios sociales orientados a proteger a las personas trabajadoras, como espacios de esparcimiento, convivencia y salud en Baja California.

A este escenario se suma el inminente incremento al salario mínimo para 2026, que podría rondar el 12 por ciento, manteniendo la tendencia aplicada en 2025 y como parte de una estrategia para que el salario mínimo pueda adquirir 2.5 canastas básicas para 2030. Este aumento proyectado tendrá un efecto inmediato en el ISRTP: al crecer la nómina, generará una carga fiscal y laboral a los patrones.

En este contexto, la discusión debe trasladarse a la próxima glosa de la Secretaría de Hacienda y al nuevo proyecto de Ley de Hacienda y Ley de Ingresos 2026. El Congreso de Baja California tiene la oportunidad de marcar un precedente nacional si corrige la tasa y atiende la jurisprudencia del PJF, demostrando que se respeta la seguridad jurídica y que se busca recuperar la confianza de los contribuyentes. La pregunta inevitable es: ¿mantendrá el Ejecutivo la supertasa más cara del país o reducirá la carga eliminando el monto acumulado en las sobretasas de seguridad y educación superior? ¿Se pensará en las necesidades de las mipymes y del sector empresarial, o solo en la política y en cubrir apoyos sociales?

La exigencia bebe ser clara: reconocer la recaudación indebida, restituir sus derechos a los patrones afectados, reducir o ajustar la tasa vigente y aprobar en 2026 una reforma fiscal que garantice proporcionalidad, transparencia y justicia social. Solo así se podrá asegurar que cada peso recaudado se traduzca en desarrollo económico real para Baja California.

La próxima votación del paquete económico que apruebe el Congreso de BC no debe ser un trámite: es la oportunidad de corregir un abuso histórico y demostrar que el gobierno escucha a quienes sostienen gran parte de la economía. Porque detrás de cada nómina no solo hay cifras positivas o grandes riquezas: también hay familias, empleos, deudas, pérdidas, cierre de negocios, proyectos de vida y sueños que no pueden seguir pagando el precio de la opacidad.

La reforma de 2026 no solo debe corregir un abuso, sino sentar las bases de un sistema tributario justo y competitivo, que se alinee al cumplimiento del Plan México.

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.