En el verano mientras los costos de operación se disparan debido al aumento inevitable en el consumo de agua y electricidad, y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) enfrentan una drástica disminución en sus ingresos. Por eso La diputada María Yolanda Gaona Medina pide dar prórroga y no cortar el servicio.

La legisladora propuso ante el congreso esta medida, ya que el corte de agua potable en un local comercial no solo paraliza su actividad y destruye su fuente de ingresos, sino que crea condiciones de insalubridad tanto para los trabajadores como para los pocos usuarios que los visitan.

La legislación vigente en materia de aguas para el estado, estipula que, ante la falta de pago oportuno en los derechos por el consumo de agua comercial, la autoridad administrativa tiene la obligación legal de proceder a la restricción o corte total del suministro.

“Si bien, entendemos la naturaleza recaudatoria y de sostenibilidad financiera de la CESPM, la aplicación rígida de la Ley durante los meses de calor extremo resulta desproporcionada para el pequeño comerciante”, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional.

Por ello, dijo que se vuelve indispensable que el Poder Legislativo actúe como un puente de sensibilidad social hacia la CESPM, solicitando un esquema de flexibilidad y prórrogas que proteja al empleo local, sin eximir a nadie de sus responsabilidades de pago.

Ante la situación, Mayola Gaona exhortó al Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López, para que atienda la crítica situación climática y económica de la región.

Le propuso que autorice a la brevedad mediante oficio dirigido a quien considere conveniente, que se autorice prórroga generalizada de por lo menos un mes adicional, antes de proceder a la ejecución de cortes o suspensiones del suministro de agua potable a los establecimientos comerciales tipificados MiPyMEs en Mexicali y su Valle.

Dicha medida de gracia operativa, deberá aplicarse formalmente durante toda la temporada de verano, abarcando desde el mes de mayo, hasta el mes de octubre del año en curso.
También, le solicitó que se implemente un mecanismo obligatorio de notificación previa con un mínimo de 30 días naturales de anterioridad a la programación del corte del servicio de agua potable.

Mayola Gaona plantea que en este se desglose con total claridad el saldo pendiente, adeudos acumulados y requerimientos de pago a los usuarios comerciales conocidos como micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Mexicali y su Valle.

Lo anterior, con la finalidad de que los pequeños comerciantes tengan pleno conocimiento de su situación financiera hídrica, y cuenten con el tiempo necesario para recapitalizarse para regularizar sus cuentas a la brevedad, evitando así actos de molestia imprevistos y la paralización de sus fuentes de empleo.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, encabezó este jueves una reunión con la asociación Producción y Progreso de Baja California, en la que se abordaron las principales demandas del sector agrícola del Valle de Mexicali: seguros agrícolas, asignación de agua, apoyos económicos y la comercialización de alfalfa.

Al encuentro asistieron los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Mónica Vargas, y de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Amador.

Durante la sesión se discutieron los problemas que enfrentan los agricultores de la zona. Como resultado, se acordó que la Secretaría General de Gobierno y la SADER se reunirán con las aseguradoras agrícolas para revisar las condiciones de los seguros. La SADER también anunciará próximamente las fechas de entrega de los apoyos compensatorios del programa estatal.

Por su parte, la SEPROA, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Distrito de Riego, revisará las quejas sobre el volumen de agua asignado. Además, se dará seguimiento a posibles alianzas para mejorar la venta de alfalfa y se evaluará, junto con la Secretaría de Economía e Innovación, la creación de un centro de acopio de forraje.

Los productores del Valle de Mexicali han insistido en la necesidad de mayor certeza en el acceso al agua y en mejores condiciones para la comercialización de sus cultivos, especialmente la alfalfa, uno de los principales productos de la región.

Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora de dicho instituto.

 El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.

 La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.

 Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

 La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.

 Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.

 El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.

Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.

 El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.