Una empresa mexicana incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestó el servicio de arrendamiento y operación de unidades para el programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, Baja California, durante el segundo semestre de 2023, en procedimiento de adjudicación directa.

Se trata de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., sociedad mercantil con domicilio en Playas de Rosarito, Baja California. Según el registro de OFAC, la empresa aparece en la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (SDN List) bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT (Specially Designated Global Terrorist).

El listado la vincula expresamente a Candelario Arcega Aguirre y señala como identificación el Folio Mercantil 471, con fecha de establecimiento del 17 de septiembre de 2007. La dirección registrada es Playas de Rosarito, Baja California, México.

El contrato CT-026-2023, celebrado entre el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS) y la citada empresa, tuvo por objeto el “servicio integral de arrendamiento y operación de 5 (cinco) unidades tipo camión” para el programa Transporte Violeta en Rosarito. La vigencia corrió del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023. El monto máximo autorizado fue de 6 millones 885 mil 201 pesos con 96 centavos, incluyendo el 8 por ciento de IVA, con un costo mensual de 983 mil 600 pesos con 28 centavos y un pago de 30.42 pesos por kilómetro recorrido.

La adjudicación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento en los artículos 18, fracción III, y 38, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. El dictamen correspondiente es el DAD-ADQ-IMOS-46-23, emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado.

Por el lado del Instituto, el contrato fue suscrito por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del IMOS, y Laura Armida Arce Ochoa, coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas, como área requirente y administradora. Funcionaria que se menciona como posible reemplazo de Luis Miguel Buenrostro, quien dejó su cargo de titular del Cecyte Baja California tras el señalamiento de la OFAC a su hermano, Rafael, como facilitador de insumos e influencias para el crimen organizado.

Por la empresa, firmó Jorge Santiago Ramírez Suárez, en su carácter de representante legal. La compañía declaró ser titular de los derechos exclusivos del corredor declarado por el Instituto para el programa en la modalidad de transporte masivo en Rosarito y acreditar capacidad técnica, económica, financiera, legal y comercial.

El servicio contemplaba unidades con capacidad no menor a 28 pasajeros, en excelentes condiciones mecánicas, con placas y seguro vigentes. La ruta fue diseñada para conectar puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Hospital General de Playas de Rosarito, el Palacio Municipal, la Fiscalía General del Estado, ISSSTECALI, el Centro de Atención a Víctimas, la Cruz Roja y unidades del IMSS.

La información forma parte de la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio 022499724000003, atendida por la Unidad de Transparencia del IMOS mediante el oficio IMOS-UT-025-2024, de fecha 15 de enero de 2024. En ella se adjuntan el oficio IMOS-ADM-0012-2024 de la Unidad Administrativa y de Finanzas y el contrato completo.

Hasta el momento de la última actualización de la lista SDN (octubre de 2026), la empresa permanece registrada en el listado de OFAC.

La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas, informó que la Sindicatura Municipal dará seguimiento jurídico y administrativo a la formalización del convenio relacionado con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), aprobado recientemente por el Cabildo, que involucraría una compensación de hasta 1,600 millones de pesos.

Explicó que, durante la sesión virtual en la que se votó el punto de acuerdo, su participación como órgano interno de control consistió en verificar que la propuesta estuviera jurídicamente sustentada antes de emitir su voto.

Balderas señaló que corresponde ahora a la Junta de Gobierno del SITT, su director y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento revisar el procedimiento y la documentación necesaria para dar certeza jurídica a la ejecución del acuerdo aprobado por el Cabildo.

La funcionaria reconoció que existe un oficio de la Fiscalía dirigido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), en el que se habría solicitado evitar la celebración de acuerdos que pudieran resultar irreversibles. Sin embargo, indicó que el documento fue conocido por la Sindicatura a través de los medios de comunicación y que se pidió al comisario de la Contraloría que participa en la Junta de Gobierno del sistema verificar su contenido y determinar si existe alguna respuesta de otras autoridades.

“Existe un documento que su servidora ha estado observando, que circuló por los medios de comunicación”, comentó.

Precisó que el comisario de la Contraloría que depende de la Sindicatura participa en las reuniones del organismo y tiene la responsabilidad de formular observaciones respecto de los aspectos jurídicos que pudieran derivarse del procedimiento.

Sobre los recursos públicos utilizados para la implementación del sistema de transporte, Balderas explicó que el monto contemplado en el convenio corresponde a un antecedente establecido desde la administración municipal que puso en marcha el proyecto.

Recordó que la implementación y operación del sistema se realizó durante el XXI Ayuntamiento de Tijuana y que, en ese momento, se estableció el monto que posteriormente quedó plasmado en el convenio.

“Nosotros lo único que se hizo en el acuerdo de Cabildo fue formalizar el convenio”, sostuvo, al señalar que todavía deberán continuar los trabajos para determinar la forma en que se ejecutará el acuerdo.

La síndica agregó que la Sindicatura intervendrá de manera directa cuando el Ayuntamiento determine el esquema jurídico y financiero para aplicar el monto contemplado en el convenio, incluyendo la forma en que se efectuarían las mensualidades previstas.

Aseguró que el objetivo del órgano interno de control será verificar que cualquier ejecución del convenio se ajuste a la normatividad y que se proteja el patrimonio municipal.

“Siempre, siempre nosotros desde aquí de la Sindicatura lo que más hemos cuidado es que se salvaguarde el patrimonio, obviamente, de los tijuanenses”, afirmó.

Balderas sostuvo que, por el momento, el patrimonio municipal no se encuentra comprometido, debido a que continúan las mesas de trabajo para establecer las condiciones jurídicas necesarias para formalizar y, posteriormente, ejecutar el convenio.

El presidente del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete, afirmó que las negociaciones con el PAN y otros partidos de oposición avanzan, aunque anticipó que lo más probable es concretar una alianza parcial para las próximas elecciones, debido a las reglas de paridad de género y acciones afirmativas.

Aldrete señaló que PRI y PAN han mantenido reuniones para analizar la posibilidad de competir juntos, y reconoció que existe una relación cercana con la dirigente estatal panista. Sin embargo, explicó que las disposiciones electorales dificultan la construcción de una alianza general en todos los cargos.

“Lo más seguro es el tema de una alianza parcial”, sostuvo, al explicar que los partidos deberán combinar las candidaturas para cumplir con las obligaciones legales en materia de género y acciones afirmativas.

El dirigente priista indicó que este punto ha ocupado buena parte de las negociaciones, particularmente por la obligación de garantizar una distribución equilibrada de candidaturas entre mujeres y hombres.

Aldrete agregó que también se contempla continuar las conversaciones con otros partidos de oposición, pues tienen programadas reuniones para ampliar las posibilidades de acuerdos.

Precisó que hasta el momento no se han definido nombres de candidatos, ya que las dirigencias se encuentran concentradas primero en establecer las condiciones y alcances de una eventual alianza.

“Nosotros no hemos manejado nombres”, afirmó, al señalar que junto con la presidenta estatal del PAN se ha trabajado principalmente en la definición de los criterios de género, antes de entrar a la valoración de perfiles.

El presidente del PRI en Baja California también aprovechó para cuestionar el desempeño de los gobiernos estatal y municipales, al considerar que existe un deterioro generalizado en servicios públicos, seguridad, salud, educación e infraestructura.

Afirmó que, después de recorrer los siete municipios del estado, observa condiciones cada vez más similares entre ellos y sostuvo que particularmente Ensenada y Tecate enfrentan problemas graves.

En el caso de Tecate, calificó como “inoperable” al gobierno municipal ante la situación de inseguridad, mientras que sobre Ensenada señaló que el deterioro de las calles y la falta de servicios afectan la calidad de vida de la población.

Aldrete consideró que la problemática ha llegado incluso al terreno de los derechos humanos, al señalar que los ciudadanos no cuentan, según su valoración, con los servicios, seguridad, salud y educación que requieren.

El priista sostuvo que su partido continuará señalando las deficiencias de los gobiernos y, paralelamente, avanzará en las negociaciones con las fuerzas políticas de oposición para definir una estrategia electoral rumbo a 2027.