La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, que obtienen la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el Estado Mexicano de Guanajuato.

El violento conflicto entre el CSRL y el notorio terrorista mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y petróleo en Guanajuato lo ha hecho uno de los estados más peligrosos de Mexico, señalaron autoridades estadounidenses en comunicado de prensa.

Las actividades del CSRL contribuyen a un mercado negro de energía transfronterizo que proporciona una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que perjudica a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México, indica el documento.

“El Presidente Trump hizo la promesa de buscar la total eliminación de los carteles de las drogas para proteger al pueblo estadounidense,” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent.

El mecanismo del “huachicol”

Robo de combustible, incluido contrabando de petróleo crudo, coloquialmente conocido en Mexico como huachicol, es actualmente la más significativa fuente de ingresos no relacionada con drogas para los carteles mexicanos. Huachicoleros utilizan varios medios para robar combustible y petróleo crudo desde la empresa energética paraestatal de Mexico, Petróleos Mexicanos (Pemex), sobornando principalmente a empleados corruptos de Pemex. Otros métodos incluyen la perforación ilegal en tuberías, robo en las refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazando a los empleados de Pemex, apunta Estados Unidos.

El combustible robado es vendido entonces en el mercado negro alrededor de México, los Estados Unidos y Centroamérica. El petróleo crudo robado es introducido de contrabando a los Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y a menudo etiquetados erróneamente como “aceite usado” u otro material peligroso para evitar ser examinado y evadir impuestos y regulaciones. Luego, el petróleo crudo robado es entonces entregado a importadores estadounidenses cómplices en la industria del petróleo y gas natural operando cerca de la frontera sur de los Estados Unidos, que lo venden con un gran descuento en los Estados Unidos y en los mercados energéticos globales antes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a los carteles en Mexico.

A través de estos esquemas, los carteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, alimentan la violencia desenfrenada y la corrupción en todo México y socavan las empresas legitimas de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. En años recientes, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en ingresos perdidos debido al huachicol.

El Cartel de Santa Rosa de Lima

Con origines que remontan a 2014, CSRL lleva el nombre de la comunidad de donde son originarios sus miembros: Santa Rosa de Lima Guanajuato. CSRL está principalmente involucrado en robo de combustible y petróleo, llegando incluso a declarar la guerra al CJNG en octubre de 2017 por el control sobre el robo de combustible y petróleo en el también llamado “Triangulo de las Bermudas” un conjunto de municipios en Guanajuato en donde esta localizada una refinería y muchos oleoductos de Pemex. Recientemente en agosto de 2025, las autoridades mexicanas han detenido a miembros del CSRL y asegurado 164,000 litros de hidrocarburos robados además de tanques, camiones cisterna, y un dispositivo clandestino para perforar un oleoducto, precisan las autoridades de Estados Unidos.

Debido a su guerra territorial con el CJNG, el CSRL es responsable del aumento en la violencia y los homicidios en Guanajuato, que es ahora uno de los estados más peligrosos de México. En su lucha contra el CJNG, el CSRL se ha aliado con el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa, ambos designados por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en ingles) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) así como organizaciones violentas de trafico de drogas con sede en Mexico. El CSRL también ha reclutado exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato en medio de su lucha contra el CJNG.

Ademas del robo de combustible y violencia, el CSRL ha estado tambien invlocrado en narcotrafico, incluido trafico de heroína hacia los Estados Unidos.

OFAC tambien esta designando al conocido huachicolero y lider del CSRL, Jose Antonio Yepez Ortiz (alias “El Marro,” que significa martillo/mazo). Antes de su arresto en 2020, el era uno de los criminales mas buscado de Mexico debido al robo de petróleo a escala industrial por parte del CSRL. En 2022, fue sentenciado a 60 años de prision después de ser declarado culpable de secuestro. Todavía se enfrenta a acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, extrancion ilegal de combustible, intento de homicidio, y mas. A pesar de haber sido arrestado, El Marro sigue activo en el CSRL desde dentro de la prision, enviando instrucciones y ordenes para sus colaboradores a gtarves de sus abogados y miembros de su familia. El ayudó al CSRL a establecer la alianza con el Cartel del Golfo desde dentro de la prision.

Jose Antonio Yépez Ortiz después de su aprensión por autoridades mexicanas

Implicaciones de las sanciones

Todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.