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Resuelve IEE medidas cautelares en tiempo récord

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Una denuncia solicitando medidas cautelares contra el periodista Saíd Betanzos interpuesta por la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, prosperó en tiempo récord: fue ratificada el 27 de enero, admitida el 28, en proyecto de medidas cautelares remitido el 29, y en sesión de la Comisión el día 30.

Esta celeridad es inusual en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), y contrasta con la naturaleza sumaria pero no urgente del caso, ya que se trata de una publicación de Facebook del 8 diciembre de 2025, por la probable comisión de hechos que podrían constituir violenca política contra las mujeres en razón de género.

La publicación de Betanzos señala que quien “mueve los hilos” en el ayuntamiento de Playas de Rosarito es el hermano de la alcaldesa, César Manuel Adame, a quien define como un abogado penalista que ha defendido a presuntos narcotraficantes.

Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del IEEBC, se excusó hace tiempo de un asunto relacionado con ese ayuntamiento por tener conflicto de interés, al parecer por ser socio de la presidenta municipal.

Existe la duda razonable de que el asunto haya sido promovido sin que Adame se presentara personalmente a interponer la denuncia. Este documento fue solicitado pero se negó con el argumento de que forma parte del procedimiento, con carácter reservado y confidencial.

Ayer, jueves 29 de enero se convocó en el IEEBC a sesión privada en modalidad de videoconferencia para hoy a las 11 horas y resolver la solicitud de medidas cautelares.

“La negativa de acceso a los representantes de partido es problemática. El artículo 134 constitucional y los principios de transparencia electoral sugieren que los procedimientos sancionadores deben permitir cierto escrutinio, especialmente cuando involucran a servidores públicos en funciones”, expresó un abogado consultado sobre este tema.

Agregó que el proyecto sostiene que la expresión “mover los hilos” constituye violencia simbólica porque “perpetúa el estereotipo de que el rol dominante es el del hombre y que por lo tanto, la mujer tiene un papel de subordinación ante él”. Esta conclusión presenta varios problemas.

Entre ellos, una confusión entre crítica política y estereotipo: señalar que un familiar influye indebidamente en un servidor público es una crítica política legítima, independientemente del género; una ausencia de análisis comparativo: el proyecto no demuestra que la expresión “mover los hilos” se utilice exclusivamente o predominantemente contra mujeres; y finalmente la inversión de la carga probatoria: la Jurisprudencia 21/2018 del TEPJF exige demostrar que la conducta “se basa en elementos de género”. El proyecto asume que la mención de un hombre controlando a una mujer es automáticamente estereotipada, sin considerar que la crítica podría basarse en hechos verificables, explicó el abogado.

Problemas en la aplicación del test de la jurisprudencia 21/2018

El especialista detalló que el proyecto concluye que se actualiza violencia “simbólica y mediática”, pero la violencia simbólica requiere “patrones estereotipados” que el proyecto no demuestra, solo asume.

También que el proyecto afirma que existe “menoscabo al reconocimiento y goce del derecho político electoral”, pero no explica cómo una publicación de Facebook podría menoscabar el ejercicio del cargo de una Presidenta Municipal en funciones.

Además, añadió que la expresión “afecta desproporcionadamente a las mujeres”, pero no presenta evidencia estadística o documental de que expresiones similares se dirijan predominantemente a mujeres.

Concluyó que el denunciado es identificado como periodista, y la orden de eliminar contenido en 12 horas constituye censura previa de facto sobre contenido periodístico. La medida cautelar se dicta sin audiencia previa del denunciado. Si bien esto es técnicamente permitido, la gravedad de ordenar eliminación de contenido periodístico sin escuchar al periodista es problemática, opinó.

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Reubicación de la Jurisdicción Sanitaria sigue en gestión: Medina Amarillas

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El secretario de Salud dio a conocer que se mantienen las gestiones para concretar la reubicación de la Jurisdicción Sanitaria, una demanda que, dijo, ha sido planteada por la representante del sindicato de trabajadores de la salud desde el inicio de la actual administración.

Adrián Medina Amarillas explicó que la solicitud fue presentada hace casi cinco años ante la Federación debido a que las jurisdicciones sanitarias forman parte del sistema federal de salud; sin embargo, indicó que en ese momento la respuesta fue que los recursos estaban destinados a concluir obras inconclusas y fortalecer la infraestructura existente.

Añadió que el Estado entregó un proyecto arquitectónico para la nueva jurisdicción, el cual recientemente volvió a ser enviado a las autoridades federales; no obstante, la respuesta fue que actualmente la prioridad presupuestal está enfocada en la transición al IMSS-Bienestar.

Medina Amarillas señaló que, por instrucción de la gobernadora, se ha buscado alternativas con recursos propios para atender la necesidad de mejores instalaciones para los cerca de 400 trabajadores que laboran en la jurisdicción.

Expuso que se han revisado al menos tres inmuebles, aunque ninguno ha reunido las condiciones necesarias por el espacio requerido para oficinas y estacionamiento.

Actualmente, dijo, se está analizando la posibilidad de adaptar un edificio estatal ubicado en la colonia Bellavista, donde anteriormente operaba un plantel educativo.

Para finalizar, el titular de Salud reconoció que el inmueble donde actualmente opera la Jurisdicción Sanitaria ubicada en la colonia Exejido Coahuila no ofrece las condiciones ideales para el personal, y aseguró que no han dejado el tema de lado.

“No lo hemos dejado de lado, no hemos podido resolverlo, pero seguimos con ese compromiso”, concluyó.

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Descartan casos de “diarrea explosiva” en Baja California

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La Secretaría de Salud de Baja California mantiene vigilancia epidemiológica ante los casos de ciclosporiasis, conocida como “diarrea explosiva”, registrados en Estados Unidos.

El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México ni en Baja California, aunque se reforzó la vigilancia debido a la cercanía con Estados Unidos, donde se han reportado alrededor de mil 600 casos, principalmente en el sureste del vecino país.

Explicó que los productos señalados como posibles responsables de los contagios no provienen de Baja California, Sonora o Sinaloa, sino de Guanajuato, y fueron distribuidos hacia el sureste de Estados Unidos.

Indicó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con el protocolo para enviar de manera inmediata muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en caso de detectarse un caso sospechoso, y de ser necesario se implementaría la prueba diagnóstica en la entidad.

Para concluir, precisó que Baja California mantiene las acciones de vigilancia sanitaria y sigue la alerta preventiva emitida por la Secretaría de Salud federal, por lo que recomendó a la población atender las medidas preventivas, como evitar consumir lechuga; en caso de hacerlo, lavar bien los vegetales, sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha sido necesario emitir una alerta adicional a nivel estatal.

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Clausuran negocio de sushi por intoxicación

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El pasado jueves 16 de julio, se reportó la posible intoxicación alimentaria de 3 personas tras acudir al restaurante Yummi Kuu ubicado en el fraccionamiento Jardines del Lago, en Mexicali.

Una ficha informativa de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), explica que le notificaron los hechos por parte del departamento de epidemiologia la Secretaría de Salud del Estado el pasado jueves, ya que 3 personas fueron atendidas en la Unidad de Medicina Familiar 40 del IMSS, quienes presentaban el cuadro de una infección gastrointestinal.

Personal de Coepris acudió al establecimiento a realizar una revisión, tomando muestra del agua para revisar el nivel concentración de cloro residual de la red interna del restaurante, también del agua purificada, bebederos y portagarrafones, también de los alimentos, además de revisar los protocolos en la preparación de alimentos. Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio estatal para su análisis y determinar el origen de la contaminación.

Los inspectores colocaron sellos de forma preventiva hasta que se determine la causa de la intoxicación. A los responsables se les dio fecha para una audiencia donde deberán presentar la documentación del establecimiento como aviso de funcionamiento, certificado de fumigación y revisar los resultados del laboratorio.

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