Regidores ensenadenses de oposición de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Solidario de Baja California solicitaron una investigación formal sobre la actuación del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) en las colonias afectadas por la tormenta tropical Rachel, donde se reportaron nueve personas fallecidas, la búsqueda de un cuerpo aún sepultado bajo lodo y miles de familias que perdieron su patrimonio, situación que criticó también la diputada federal panista Eva María Vázquez.

La legisladora demandó una revisión integral de ese organismo. “El tema del INDIVI exige que sea una revisión integral. Sabemos que INDIVI efectivamente debe ser un ente dedicado a la regularización y, e incluso esta regularización tiene que ser en condiciones, por supuesto, de garantía de certeza pública para las personas, pero también de seguridad”, afirmó.

En conferencia este lunes, detalló que, cuando el instituto realiza labores de titulación en terrenos con terceros, esa regularización tiene que ir de la mano de una certeza, no solo en la parte pública, sino también en la de uso de suelo, condiciones adecuadas para el mismo.

Señaló que deben aplicarse todos los filtros de las autoridades catastrales, registrales y de protección civil, como podría ser con cualquier otro fraccionamiento del carácter privado, y que, por tratarse de un ente gubernamental, tendría que haber incluso mayores garantías.

“Lamentablemente, pues no lo vemos así. Vemos que no tomaron con responsabilidad este gobierno los reclamos, los señalamientos, no solamente de la gente que exigía la vinculación, sino también en condiciones de seguridad”, criticó Vázquez. Añadió que el dictamen sobre las condiciones internas de operación del instituto, sus recursos y facultades “nunca han sido tomadas con seriedad por parte de la propia gobernadora, que es su obligación, que es su facultad, por lo tanto, pues ahí vemos las consecuencias humanas. La improvisación y la actitud es familiar”.

Mientras tanto, los ediles se Ensenada Armando Díaz Hoeflich (MC), Brenda Mendoza Kawanishi (PESBC) y Adrián García García (PAN) anunciaron que pedirán la renuncia de los funcionarios responsables del instituto y presentarán una denuncia penal para que las autoridades competentes determinen si existieron omisiones o responsabilidades. Las colonias Durango, San Francisquito, Lomas de Mendoza y Oaxaca figuran entre las más dañadas y, según los regidores, fueron regularizadas por el organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Los regidores subrayaron que el tema debe tratarse de manera pública y no limitarse a inconformidades privadas, al considerar que existe un desdén del gobierno estatal hacia el municipal, rector del desarrollo urbano. Exigieron esclarecer el papel de INDIVI en el proceso de regularización de esas zonas y revisar si se garantizaron las condiciones de seguridad necesarias.

Un contrato definitivo de compraventa con reserva de dominio suscrito por INDIVI en el desarrollo habitacional Lomas de Mendoza, uno de los fraccionamientos afectados, confirma la participación del instituto en la regularización de predios en esa zona. El documento establece el compromiso de venta de lotes de terreno bajo condiciones de pagos mensuales y reserva de dominio a favor del organismo.

Los regidores de oposición y la diputada federal coinciden en que la investigación debe determinar el alcance de la intervención de INDIVI y si se omitieron las garantías de seguridad y uso de suelo que, según Vázquez, debieron acompañar cualquier proceso de regularización en las colonias golpeadas por Rachel.

Se solicitó una postura a Gobierno del Estado sobre los requisitos sobre protección civil para fraccionar y vender terrenos en una zona que podría quedar en riesgo en caso de lluvias extremas, como sucedió con la tormenta tropical.

El PRI presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal de Ensenada para que se investigue el presunto uso de recursos públicos, personal y canales institucionales del Ayuntamiento para defender intereses personales de la alcaldesa Claudia Agatón.

Joel Blas, acompañado de Olga Pérez, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, señaló que la denuncia incluye la presunta intervención de Comunicación Social, encabezada por Marco Tulio, en la difusión de un comunicado oficial que habría buscado desvirtuar una resolución electoral relacionada con la presidenta municipal y el uso de espectaculares.

Según los denunciantes, el boletín también habría sido distribuido a medios de comunicación mediante un grupo de WhatsApp para solicitar su publicación.

El PRI cuestionó que se utilicen recursos materiales, plataformas institucionales y personal pagado con dinero público para atender asuntos de carácter personal o político de la alcaldesa, en lugar de destinarlos a las funciones propias del gobierno municipal.

La denuncia solicita investigar quién ordenó la difusión del comunicado y con qué fundamento se emplearon recursos del Ayuntamiento. Además, plantea la posible comisión de faltas administrativas conforme a los artículos 53, 54 y 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, relacionados con peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones.

Joel Blas sostuvo que la estructura gubernamental no debe ponerse al servicio de intereses particulares y pidió a la Sindicatura determinar si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, proceder conforme a derecho.

El PRI reiteró que los recursos públicos deben destinarse a atender las necesidades de Ensenada y no a financiar acciones para defender intereses particulares de funcionarios.

La presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, lanzó una fuerte crítica hacia las autoridades estatales y locales por la respuesta ofrecida ante los graves daños provocados por el paso de Rachel, la reciente tormenta tropical en Ensenada.

Tras dar el pésame a las familias ensenadenses afectadas, señaló que existen más fallecidos y personas desaparecidas de las reportadas en los informes oficiales del gobierno.

Manifestó que diversas colonias resultaron severamente dañadas o destruidas, entre las que destacan El Pípila, Las Flores, Morelos y La Bronce; agregó que alrededor de doce viviendas fueron arrastradas completamente por la fuerza del arroyo, dejando a familias enteras en una situación de pérdida total.

La líder del blanquiazul acusó que la crisis actual está relacionada a la regularización irresponsable de invasiones de terrenos en cauces de arroyos y apuntó directamente a figuras políticas como el ex diputado Armando Reyes y la actual presidenta municipal, Claudia Agatón, por haber promovido acuerdos para asentar a la población en áreas de peligro.

​Criticó la falta de presencia y atención real por parte del gobierno municipal y la gubernatura, afirmando que a cuatro días del desastre, la ayuda institucional ha sido insuficiente y que las acciones se han limitado a “fotos de pose” para redes sociales.

Subrayó que el gobierno federal desapareció del Fondo de Desastres Nacionales, y propuso que se haga un fondo estatal.

Cuestionada sobre la falta de coordinación entre el Ayuntamiento de Ensenada y Gobierno del Estado, remarcó que no ha formalizado la petición de zona de desastre, ya que debe pedir a la gobernadora que haga esa petición a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, reconoció la movilización y esfuerzo de la propia ciudadanía de Ensenada, quienes de manera organizada han llevado comida, ropa y víveres a los damnificados ante la falta de una cobertura estatal oportuna.

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