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Exhorta Cantón a Profeco a revisar contratos de Telcel

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El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, a realizar una revisión técnica y jurídica del contrato de Telcel.

El exhorto fue acompañado por una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca prohibir expresamente que cualquier empresa condicione la venta, adquisición o suministro de bienes y servicios a la aceptación del tratamiento de datos personales para finalidades secundarias.

La acción legislativa parte de una denuncia documentada por la asociación civil PRODECO (Protección de los Derechos del Consumidor), presidida por Sergio Moctezuma Martínez, que identificó cláusulas en el aviso de privacidad de Telcel que, a juicio de la organización, condicionan la prestación del servicio a que el usuario autorice el uso comercial de sus datos personales.

Entre las disposiciones señaladas se encuentran: el análisis de datos del consumidor —incluida información de redes sociales— para generar perfiles con fines publicitarios; la compartición de dichos perfiles con empresas del grupo y socios comerciales; así como la transferencia de datos a terceros, incluyendo instituciones financieras, salvo oposición expresa del usuario.

La iniciativa establece que ningún proveedor podrá condicionar la relación comercial a la aceptación del tratamiento de datos para finalidades distintas a las estrictamente necesarias para la prestación del servicio, es decir, no restringe la capacidad de las empresas de solicitar consentimiento para usos comerciales, pero exige que sea libre, informado y no condicionado.

El diputado Cantón sustentó su propuesta en tres ordenamientos federales: la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas comerciales coercitivas y el condicionamiento de servicios, en los artículos 7, 10, 43 y 58; en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece en el artículo 185 en sus fracciones III, XIV y XIX, la protección de datos y el derecho a no recibir comunicaciones no solicitadas; por último en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los artículos 7, 8, 14 y 27 referentes al consentimiento libre y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) al tratamiento de sus datos personales ante el responsable.

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Puntualiza Poder Judicial análisis del ObserBC

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La Oficial Mayor del Poder Judicial de Baja California, Rosaura Zamora, emitió una serie de puntualizaciones con respecto a un análisis publicado por el organismo civil Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC).

En entrevista, la funcionaria detalló que existen discrepancias importantes en las cifras del informe, por ejemplo que la institución cuente con 218 millones de pesos en pasivos a corto plazo.

Explicó que la cifra real de pasivos de este tipo asciende a 52 millones de pesos, que corresponden a nóminas, retenciones de impuestos y obligaciones de Issstecali, cantidad que se eroga cada mes y que no es acumulable.

En relación con el total de pasivos por 997 millones de pesos, la Oficial Mayor precisó que la mayoría corresponden a fondos y bienes de terceros en garantía. Clarificó que no se trata de una deuda o falta de liquidez, sino de recursos que la institución resguarda en sus cuentas bancarias y que no le pertenecen.

Ante señalamientos sobre contratos con la aseguradora Zurich, la funcionaria desestimó que el contrato represente un gasto de 48 millones de pesos, aclarando que el monto real contratado para la protección de bienes patrimoniales e insumos internos es de unos 2 millones de pesos.

En el rubro de servicios personales y el crecimiento presupuestal registrado de 2022 a 2025, Zamora justificó el incremento a partir de una expansión institucional sin precedentes para dar cumplimiento a reformas legales.

Citó la creación de 34 nuevos órganos judiciales, incluidos juzgados laborales, centrales de actuarios, 10 juzgados familiares adicionales, 8 juzgados civiles y 3 juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer.

También la incorporación de 34 nuevos jueces y un incremento en la plantilla laboral de aproximadamente mil plazas,  pasando de 1,500 a 2,500 empleados.

En el incremento va además el ajuste salarial de más de 400 trabajadores que percibían salarios por debajo del mínimo tras los incrementos decretados por el Gobierno Federal.

Finalmente, la Oficial Mayor rechazó que exista un déficit de 55 millones de pesos entre ingresos y egresos. Señaló que el cálculo del observatorio omitió considerar la fuente de financiamiento por remanentes de ejercicios anteriores, los cuales fueron aplicados legalmente en proyectos específicos de infraestructura civil y familiar, como la edificación del Juzgado de Rosarito.

Asimismo, confirmó que el Poder Judicial se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, manteniendo un acuerdo salarial pactado del 6 por ciento de incremento en sueldos y prestaciones para el personal.

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Aprueba Congreso local iniciativa de Sheinbaum sobre doble nacionalidad

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Una sesión extraordinaria de congreso a las 10 de la noche, se llevó a cabo este martes para abordar el tema de la doble nacionalidad en aspirantes a gubernaturas y la presidencia de la república.

Con seis votos en contra de la oposición, y 18 de la mayoría de Morena, se aprobó la iniciativa que propuso la presidenta del país Claudia Sheinbaum, con dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego.

Juan Manuel Molina y Fidel Mogollón se manifestaron a favor, respaldando la iniciativa de la presidenta, mientras que los panistas Diego Echevarría y Alejandrina Corral se manifestaron en contra, al igual que la emecista Daylín García.

Entre los argumentos de esos legisladores, consideraron que con la iniciativa Morena hace una distinción entre mexicanos de primera y de segunda; que esta propuesta vulnera los derechos político-electorales, y que no se está considerando la realidad binacional de Baja California.

México quiere que sus gobernantes se pongan a trabajar, salud, educación, empleo, infraestructura y no lo que propone Morena: crear enemigos entre los propios mexicanos, expresó García.

María Yolanda Gaona declaró que se debe fortalecer los mecanismos de responsabilidad, de transparencia y de rendición de cuentas en vez de poner candados a puesto de elección popular con argumentos inválidos.

La mayoría de Morena y aliados finalmente se impuso.

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Entrevistan a aspirantes a encabezar la Auditoría Superior del Estado

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La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado llevó a cabo esta mañana las entrevistas a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, como parte del procedimiento establecido en la Convocatoria Pública para dicha designación.

En esta etapa participaron seis aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos: Ana Cristina Nájera Gin, Víctor Manuel Cortes Rodríguez, Adriana Domínguez Cruz, Luis Alberto Ocampo Blanco, Deida Guadalupe Padilla Rodríguez y el actual titular de la dependencia, Arnulfo Raúl Zárate Chávez.

Como parte del ejercicio, cada participante dispuso de 10 minutos para exponer los motivos de su aspiración, así como su trayectoria profesional, experiencia, conocimientos, visión institucional y plan de trabajo.

Durante las entrevistas también se formularon cuestionamientos relacionados con los mecanismos para fortalecer jurídicamente los pliegos de observaciones y los informes de presunta responsabilidad administrativa, además de la coordinación institucional con los Órganos Internos de Control y las estrategias para fortalecer la vinculación con la ciudadanía.

La diputada Alejandra Ang señaló que, una vez concluida esta etapa, se integrará y remitirá la terna a la Junta de Coordinación Política; posteriormente, al Pleno del Congreso del Estado para analizar y discutir las propuestas a fin de determinar quien ocupará la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

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