Un exhorto propuesto por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, a Mónica Juliana Vega Aguirre, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), fue aprobado por el Congreso del Estado para que se haga una revisión integral de las empresas externas contratadas para la toma de lecturas de los medidores de agua en el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito.

Esto a consecuencia de las decenas de solicitudes que ha recibido de ciudadanos por el aumento en sus recibos de agua, en los llamados “Recibos Locos”, y que exigen una revisión en la toma de lecturas de medidores de agua que realizan empresas externas contratadas.

Ante el pleno la diputada local expreso que, en Baja California, CESPT tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como parte de sus actividades operativas, la toma de lecturas de los medidores de agua se realiza, en diversos casos, a través de empresas externas contratadas para dicho fin.

Sin embargo, durante los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por el aumento en sus recibos de agua, incluso, esta problemática ha sido identificada por la propia ciudadanía como los llamados “Recibos Locos”, debido a que presentan cobros considerablemente más altos de lo habitual, aun cuando las personas usuarias aseguran que su consumo no ha aumentado.

Destacó ante el pleno del Congreso de Baja California que esta situación se ha vuelto más frecuente desde las suspensiones del servicio de agua registradas a principios del presente año en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, generando dudas sobre la correcta toma de lecturas de los medidores y la facturación correspondiente.

Concluyó que la lectura correcta de los medidores constituye la base sobre la cual se determina el consumo y, el monto que cada familia, comercio o empresa debe pagar, cualquier error en este proceso puede generar afectaciones económicas importantes para las familias.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que pruebas periciales y forenses permitieran identificar los restos humanos localizados durante las investigaciones, un mes después de que fuera privada de la libertad por un grupo armado.

Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio del municipio de Nanchital, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y se la llevaron por la fuerza. El ataque quedó registrado en un video captado desde el interior de la casa y difundido posteriormente en redes sociales, lo que generó una amplia condena de organizaciones de periodistas y de defensa de la libertad de expresión.

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la comunicadora. Entre los arrestados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de colaborar con el grupo criminal involucrado en el caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las autoridades, los restos de la periodista fueron localizados durante diligencias realizadas en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, donde posteriormente se efectuó el proceso de identificación científica.

El asesinato de Roxana Guzmán ha reavivado las alertas sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en México. Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la exigencia de esclarecer el crimen y garantizar justicia, en un contexto en el que Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas.

Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron hoy a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos en Tijuana, en busca de atención a la pérdida de sus derechos adquiridos por la aplicación retroactiva de la ley, y tratarán de abordar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

El funcionario encabezará este viernes en Tijuana el encuentro “Diálogos por la Justicia Abierta”, como parte de un proceso consultivo nacional orientado a fortalecer la participación ciudadana y el acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación y la sociedad.

De acuerdo con la invitación oficial, el programa fue anunciado el pasado 9 de junio de 2026, cuando Aguilar Ortiz inauguró este ejercicio de diálogo e instruyó promoverlo en todo el país, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Orgánico de la SCJN, relativo a las políticas de vinculación ciudadana y justicia abierta.

El encuentro es organizado por la Dirección General de Atención y Participación Social, en colaboración con la Dirección General de las Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte.

La actividad está programada para las 16:00 horas en la Casa de los Saberes Jurídicos, ubicada en Paseo de los Héroes número 9351, colonia Zona Río, en Tijuana.

La convocatoria señala que el objetivo es fortalecer los canales de comunicación mediante un intercambio directo entre el Poder Judicial de la Federación y la comunidad jurídica, a fin de identificar problemáticas relevantes que contribuyan a la construcción de una justicia social y a la reconciliación entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Representantes del movimiento por la garantía de las pensiones y jubilaciones buscarán abordar al presidente de la SCJN.