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Estatal

Incumple requisitos funcionario del DIF en Rosarito: MC

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Movimiento Ciudadano denunció que el actual encargado de despacho del DIF Municipal de Playas de Rosarito, Edgar Manuel Ramírez Salgado, no cumple con los requisitos legales para ser nombrado como Director, al no acreditar la residencia mínima de cinco años en el municipio que establece el reglamento.

El coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito, Salvador Sánchez, señaló que el reglamento interior del DIF Municipal es claro al exigir que quien encabece la institución tenga al menos cinco años de residencia en el municipio, condición que el funcionario no cumple.

De acuerdo con la información disponible, Ramírez Salgado es originario de Ensenada y hasta diciembre de 2025 se desempeñaba como asesor de Morena en el Congreso del Estado, además de haber residido en los últimos años en la ciudad de Mexicali.

“Estamos ante un posible nombramiento que no cumple con los requisitos básicos establecidos en el propio reglamento. No se puede hablar de legalidad cuando desde el inicio se pretende imponer a alguien que no reúne las condiciones que la ley exige”, afirmó Salvador Sánchez.

El dirigente de Movimiento Ciudadano advirtió que este tipo de decisiones vulneran la legalidad y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones municipales, particularmente en un organismo tan sensible como el DIF.

“Si el gobierno municipal decide ignorar su propio reglamento, entonces queda claro que la ley es lo que menos les importa. No se puede jugar con una institución que atiende a las familias más vulnerables”, sostuvo.

Finalmente, Movimiento Ciudadano exigió al Ayuntamiento de Playas de Rosarito transparentar el proceso de designación y garantizar que cualquier nombramiento cumpla estrictamente con los requisitos legales establecidos.

Estatal

Ayuntamiento proyecta invertir cerca de 20 MDP para renovar el cableado

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El Ayuntamiento de Mexicali inició un diagnóstico integral de las instalaciones eléctricas del Palacio Municipal ante las fallas registradas durante este año, las cuales se han duplicado e incluso triplicado en comparación con el año anterior y estiman que el costo podría ser cercano a los 20 millones de peso.

La alcaldesa Norma Bustamante informó que, a diferencia de años anteriores, cuando las reparaciones se realizaban únicamente en las áreas afectadas, en esta ocasión se llevó a cabo una revisión completa del edificio para detectar posibles riesgos, incluso en espacios donde aparentemente no existen problemas.

Explicó que el objetivo es conocer el estado real de toda la infraestructura eléctrica y contar con un diagnóstico que permita atender de manera definitiva las fallas que presenta el inmueble.

Por su parte, el tesorero, Roger Sosa, dio a conocer que el Ayuntamiento contempla una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para sustituir el cableado general del edificio, al considerar que el sistema actual requiere una renovación integral.

Las autoridades municipales mencionaron que por el momento no hay una fecha concretada para reaperturar el edificio; sin embargo, se prevé que pudiera dar a lo largo de la próxima semana.

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Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Estatal

Interceptan embarcación con 3 mexicanos en San Diego

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El 19 de julio, aproximadamente a las 11:05 de la mañana, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias de San Diego detectó una embarcación que cruzaba la línea fronteriza marítima cerca de Point Loma.

La tripulación de una embarcación interceptora costera de la Subdivisión Aérea y Marina de San Diego, que operaba en la zona, respondió rápidamente e interceptó una embarcación de 18 pies con tres migrantes ilegales a bordo que se identificaron como ciudadanos mexicanos.

La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval de Ballast Point, y los individuos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su posterior procesamiento.

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