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Agua

Caso fotovoltaica, venganza política: Salomón Faz

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Salomón Faz, quien fue titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) en la administración de Jaime Bonilla, defendió el proyecto de la planta fotovoltaica de las acusaciones lanzadas desde Gobierno del Estado.

Explicó que la operación de una planta solar en Baja California tendría un beneficio relevante por la reducción del déficit energético del estado, por ser energía limpia y por acceder a una tarifa más barata y estable todo el año, en beneficio de los organismos operadores del agua en zona costa, ahogados por la factura eléctrica.

“La única responsabilidad del Gobierno Estatal era consumir y pagar el consumo eléctrico mensual, y no cancelar el proyecto unilateralmente para que el Inversionista recuperara la inversión”, señaló, y eso fue lo que hizo, cancelar, además impulsados por motivos políticos.

Un proyecto solar de gran escala se tendrá que hacer en Mexicali tarde o temprano para aprovechar que la capital tiene el mayor potencial para generación de energía solar del país, precisó.

La línea de tiempo sobre el desarrollo del proyecto fue así, detalló Faz; el gobernador Jaime Bonilla envió la iniciativa al Congreso del Estado en julio de 2020 para adquirir energía eléctrica de fuente solar a más bajo precio para el acueducto a un plazo de hasta 30 años.

Para la Licitación Pública Nacional, el proceso se estableció en una licitación pública Nacional a través de YouTube, donde participaron 17 consorcios formados por una empresa generadora y una suministradora.

A continuación el congreso autorizó después de evaluar a fondo la factibilidad legal y financiera de la solicitud para que se comprara la energía al menos 10 por ciento más barata que el costo actual, con las condiciones: que fuera de fuente solar; que quedara la planta al final del plazo de 30 años en poder del Gobierno Estatal; que el  precio no aumentara más de 3.5 por ciento anual durante la vida del proyecto; y que se garantizara el pago oportuno del consumo mensual al proveedor de la energía, dijo.

La empresa E3 fue la ganadora para suministrar electricidad, en conjunto con quien generaría la energía, Next Energy, quien estaba obligada a suministrar al precio de 1.34 por kilowatt, a 30 años con los beneficios autorizados por el congreso, expresó el exsecretario del Agua.

Luego, declaró, el Gobierno Estatal solicitó al Centro Nacional de Energía (CENACE) cancelar el suministro de E3, impidiendo que se cumpliera el contrato de suministro resultado de la licitación.

Faz apuntó que el contrato estableció una garantía de pago oportuno estableciendo un fondo equivalente de máximo 2 meses de consumo en cuenta de Fideicomiso a nombre del Gobierno Estatal, los 123 millones de pesos, que serían tomados en caso de agotarse el fondo líquido por falta de pago de los Organismos operadores, y que involucraban participaciones federales para pagar el consumo mensual del suministro eléctrico.

El exfuncionario subrayó que el fideicomiso fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y se inscribió en el registro Público de obligaciones de las Entidades Federativas; un esquema de garantías que es el standard de la Industria eléctrica.

El contrato contemplaba que el suministro eléctrico debería de mantenerse aun cuando no construyera la planta Fotovoltaica o se retrasaran los permisos, ya que E3 era la suministradora de energía del acueducto.

Faz remarcó que la campaña mediática del Gobierno Estatal no menciona la obligación de comprarle la electricidad al Suministrador E3, negándole al Estado el beneficio económico del precio logrado en la licitación, así como los otros beneficios de la energía solar no contaminante, no pagar precios más altos en verano por alta demanda (Protocolo Correctivo), y reducir el déficit de energía del Estado en 300 mega watts.

Gobierno del Estado canceló al suministrador E3 como venganza por haber participado en la licitación, y por eso, en la tabla que difundieron el martes pasado, no incluyen el año 2022; la energía ese año se disparó enormemente porque tuvieron que pagarla a casi 243 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, manifestó.

Sobre esto, la explicación que dio en su momento quien fue secretario de Hacienda de la presente administración, Marco Moreno Mexía, es que debido a malas decisiones del gobierno de Jaime Bonilla, se ocasionaron adeudos millonarios, ya que canceló el suministro que tenían con SUMEX, un proveedor privado al que se le adeudan 80 millones de pesos, contratando a otra empresa llamada ORCA, que salió más cara.

Debido a la necesidad de suministro de energía eléctrica para el funcionamiento del acueducto, esta administración contrató con la Comisión Federal de Electricidad último recurso, que es la energía más cara que hay en el mercado, destacó Marco Moreno.

“En algún nivel, se va a hacer justicia porque van a entender realmente que la narrativa de que una planta que nunca se construyó, que no tenía nada que ver, era una verdadera mentira del estado”, opinó sobre esto el propio Bonilla hace poco en entrevista.

 Faz, igual que Bonilla, hizo hincapié en que el consumo de energía más barata al acueducto no representa deuda, sino un ahorro substancial al Estado y a los Organismos del agua en Zona Costa de alrededor de 40 millones de pesos al mes, o 500 millones de pesos al año y 15 mil millones de pesos en 30 años.

El exsecretario del Agua manifestó que “la cancelación del proyecto, la injusta vinculación a los funcionarios públicos firmantes, y la inculpación al exgobernador Bonilla por enviar el proyecto de licitación al Congreso, hace del tema un claro caso de venganza política y disputa del poder político en el Estado”.

Agua

Analiza UABC implementación e impacto de desalinizar

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Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora de dicho instituto.

 El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.

 La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.

 Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

 La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.

 Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.

 El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.

Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.

 El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.

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Exhorta Congreso a revisar empresas externas de CESPT

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Un exhorto propuesto por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, a Mónica Juliana Vega Aguirre, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), fue aprobado por el Congreso del Estado para que se haga una revisión integral de las empresas externas contratadas para la toma de lecturas de los medidores de agua en el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito.

Esto a consecuencia de las decenas de solicitudes que ha recibido de ciudadanos por el aumento en sus recibos de agua, en los llamados “Recibos Locos”, y que exigen una revisión en la toma de lecturas de medidores de agua que realizan empresas externas contratadas.

Ante el pleno la diputada local expreso que, en Baja California, CESPT tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como parte de sus actividades operativas, la toma de lecturas de los medidores de agua se realiza, en diversos casos, a través de empresas externas contratadas para dicho fin.

Sin embargo, durante los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por el aumento en sus recibos de agua, incluso, esta problemática ha sido identificada por la propia ciudadanía como los llamados “Recibos Locos”, debido a que presentan cobros considerablemente más altos de lo habitual, aun cuando las personas usuarias aseguran que su consumo no ha aumentado.

Destacó ante el pleno del Congreso de Baja California que esta situación se ha vuelto más frecuente desde las suspensiones del servicio de agua registradas a principios del presente año en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, generando dudas sobre la correcta toma de lecturas de los medidores y la facturación correspondiente.

Concluyó que la lectura correcta de los medidores constituye la base sobre la cual se determina el consumo y, el monto que cada familia, comercio o empresa debe pagar, cualquier error en este proceso puede generar afectaciones económicas importantes para las familias.

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Critica Fierro Yáñez a diputados del PAN y pide no intervenir en asuntos del Distrito de Riego

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Juan Carlos Fierro Yáñez, presidente del Distrito de Riego 014, encabezó una reunión junto con los presidentes y tesoreros de los 22 módulos de riego para criticar la postura de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, que ha hecho exhortos a distintos organismos públicos para que revisen la operación y finanzas de los módulos de riego.

No estamos de acuerdo con las declaraciones que están haciendo, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba y sin tener facultades para meterse en la vida interna de las asociaciones civiles, comentó.

Para algunos, estos señalamientos estarían relacionados a la participación de Eduardo, hermano de la diputada Mayola Gaona, en la contienda para presidente del módulo de riego número 15, perdiendo por dos votos, sin embargo, Fierro Yáñez expresó:

“No lo sé, la verdad, pero no tiene facultades para estarse metiendo en algo personal en su momento en alguna asociación civil, cuando se están dando cuenta en cada una de las asociaciones, en las asambleas, en las elecciones… se da fe hasta con notarios de lo que está sucediendo en la elección”.

Añadió que la directiva y los representantes de cada uno de los módulos están cada vez más unidos y que van a defender hasta donde sea necesario su soberanía y su funcionamiento y no permitirán que ni diputados ni senadores se metan a asuntos de su patrimonio.

“Muy mal asesorados la fracción que está declarando; nos da mucha tristeza porque aquí los recibimos en varias ocasiones, se expresaron que querían defender a los usuarios y resulta que ahora están en contra de los usuarios y eso no lo podemos permitir”, subrayó el presidente del Distrito de Riego.

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