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Pretende CCE Tijuana quedarse con 2 millones de manera ilegal: Canaco

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, que encabeza Roberto Lyle Fitch, ofreció ayer una conferencia de prensa para dar a conocer que no han entregado los recursos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, que lidera Olivaldo Paz, porque se ha negado a recibirlos.

Acompañado de exdirigentes del CCE y líderes actuales de otros organismos, Lyle Fitch, aseguró que Paz está renunciando al consejo con esta acción. Por su parte, el presidente de Canaco Tijuana aclaró que el CCE de esa ciudad carece de personalidad jurídica, lo que le impide repartir y quedarse con parte de esos recursos -que suman 10 millones de pesos-, como pretende el organismo empresarial y por no aceptar eso, es que se da el rompimiento.

Roberto Lyle Fitch, presidente del CCE Tijuana.

A pesar de que, en la conferencia Lyle Fitch señaló que cuentan “prácticamente” con todo legalmente para proceder y repartir ese dinero en las diferentes cámaras, el líder de Canaco Tijuana aseguró que no es así.

“Se quieren quedar con 2 millones de pesos de manera ilegal. Cobran el 20 por ciento porque así lo venían haciendo los expresidentes, son 166 mil pesos por mes, por eso patalean”, dijo Paz.

Agregó que desde el viernes pasado hubo un rompimiento porque no están de acuerdo en que el CCE retenga el 20 por ciento de los 10 millones de pesos del SIEM, cuando no tienen personalidad jurídica, pues el CCE es una asociación civil y no una cámara.

Con personalidad jurídica se comprueba la legalidad de la cámara, pero la última acta protocolizada del CCE data del 2021. ¿Cómo es entonces Roberto Lyle presidente del CCE Tijuana?, cuestionó.

Según el líder empresarial, el trámite del CCE está en curso y los registros se los darán “en cualquier momento”. Al respecto, el presidente de Canaco indicó que desde que Mario Escobedo Carignan fue presidente del CCE se les dio la administración del SIEM, reteniendo una parte como si fueran una cámara, lo cual es ilegal.

“Debieron haber llevado a cabo una asamblea, se lleva el documento al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y luego a la Secretaría de Economía… dicen que están en el proceso, pero si no tienen protocolización es una falsedad. ¿Como entregan recursos a una cámara así?”, externó.

El líder de la cámara de comercio manifestó que el CCE tiene 15 años manejando el SIEM de manera ilegal, pues no aparece en los registros de la Secretaría de Economía, requisito indispensable para recibir los recursos del SIEM.

También Lyle pretende repartir esos fondos a Canacope, que desde 2024 no tiene registro y más que una cámara es propiedad de una familia, precisó Paz.

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Ultiman a subcomandante en el Valle de Mexicali

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El subcomandante del grupo de reacción inmediata de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, José Ramón Barajas Félix, de 38 años, fue abatido en el ejido Oviedo Mota Reacomodo.

Poco antes de las 2 de la tarde se recibió un reporte a través de la línea de emergencia 911, informando que se escucharon aproximadamente 20 detonaciones de arma de fuego en un domicilio, aparentemente relacionado con el oficial.

En estos momentos se encuentran numerosos elementos de la Policía Municipal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de la Fiscalía General del Estado, en el lugar de los hechos.

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Da primer resultado enlace con centros de rehabilitación

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La red de comunicación que la Unidad para la Atención Integral de Personas Vulnerables, Desaparecidas y No Localizadas estableció recientemente con centros de rehabilitación de Mexicali permitió localizar a un hombre de 46 años que había sido reportado como desaparecido.

Se trata de Omar Soto López, quien fue visto por última vez el pasado 14 de septiembre. Siete días después, el 21 de septiembre, aproximadamente a las 14:00 horas, la Unidad difundió su ficha de búsqueda entre los centros de rehabilitación que actualmente participan en esta red de comunicación.

La estrategia permitió obtener una respuesta inmediata del Centro de Rehabilitación Dios Restaura, ubicado en el fraccionamiento Jazmines de La Progreso, cuyos representantes informaron que Soto López había ingresado voluntariamente al establecimiento y se encontraba en sus instalaciones.

Personal de la Unidad acudió al lugar para realizar la verificación correspondiente y obtener una prueba de vida, con lo que se corroboró que el hombre se encontraba localizado. Posteriormente, la información fue comunicada a sus familiares.

En las acciones también participó la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Coordinación Mexicali, con la que la Unidad mantiene coordinación para atender casos de personas desaparecidas y no localizadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad, este caso representa el primer resultado positivo y verificable de la red de comunicación que comenzó a construirse con centros de rehabilitación del municipio.

La iniciativa surgió, entre otros factores, a partir de un caso recientemente difundido en el que una madre desconoció durante aproximadamente seis meses el paradero de su hijo, quien finalmente fue localizado en un centro de rehabilitación.

A partir de esa experiencia, la Unidad identificó la necesidad de contar con canales de comunicación más ágiles con establecimientos donde eventualmente pudiera encontrarse una persona reportada como desaparecida o no localizada.

La estrategia busca que, ante un reporte, la ficha de búsqueda pueda ser difundida de manera inmediata entre los establecimientos que forman parte de la red y que, en caso de que alguno tenga conocimiento de la presencia de la persona buscada, pueda informar a las autoridades para realizar la verificación correspondiente.

La Unidad aclaró que este mecanismo no sustituye las carpetas de investigación, los protocolos oficiales de búsqueda ni las facultades de las autoridades competentes, sino que pretende funcionar como una herramienta operativa adicional para agilizar las labores de localización.

Actualmente, la red incluye solamente una parte de los numerosos centros de rehabilitación que operan en Mexicali, aunque se prevé ampliar progresivamente el número de establecimientos participantes.

Paralelamente, la Unidad ha planteado ante autoridades municipales, estatales y federales la necesidad de desarrollar mecanismos institucionales de intercambio y consulta de información que permitan facilitar la búsqueda de personas que pudieran encontrarse en centros de rehabilitación, albergues, instituciones de asistencia u otros establecimientos de atención especializada.

El objetivo, señala la Unidad, es reducir los tiempos de respuesta y evitar que la falta de comunicación directa con determinados establecimientos represente un obstáculo para las familias y las instituciones encargadas de la búsqueda.

La estrategia contempla que el intercambio de información se realice bajo los principios de legalidad, protección de datos personales, respeto a los derechos humanos y coordinación interinstitucional.

El caso de Omar Soto López constituye el primer resultado documentado de este mecanismo, luego de que la difusión de su ficha permitiera obtener información sobre su paradero y realizar su localización y verificación en el mismo día.

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Piden investigar empresa Vector sobre legalidad de descargas residuales

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Ciudadanos de San Quintín solicitaron a las autoridades competentes realizar una investigación, inspección y verificación ambiental a las actividades presuntamente realizadas por la empresa Vector Servicios Integrales en un predio ubicado en el rancho “La Trinidad”, al final de la colonia Santa Fe Braulio Maldonado, en aquel municipio.

Mediante el oficio número 001/2026, fechado el 11 de septiembre, pidieron revisar posibles descargas de líquidos, manejo y almacenamiento de aguas residuales, así como eventuales afectaciones al suelo y subsuelo, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

De acuerdo con el documento, en el sitio presuntamente operarían entre dos y tres pipas utilizadas para realizar descargas, por las cuales se cobrarían aproximadamente 500 pesos por unidad. Ante ello, se solicitó identificar a los propietarios y operadores, conocer el material transportado y el destino de las descargas, además de verificar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

La solicitud también plantea revisar si dentro del predio se almacenan plásticos impregnados con sustancias químicas, así como determinar su origen, características, manejo y almacenamiento, además de comprobar la existencia y vigencia de permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras autoridades.

Uno de los puntos señalados es la posible existencia de una filtración hacia el suelo y subsuelo, cuya antigüedad se estima de manera preliminar en alrededor de dos años.

El documento también solicita verificar la capacidad técnica y legal del predio para recibir descargas y determinar las razones por las que algunas empresas que anteriormente utilizaban el lugar supuestamente dejaron de tener acceso.

Asimismo, se pide aclarar la afirmación sobre la existencia de un supuesto “único cárcamo de San Quintín” e identificar los demás cárcamos e instalaciones existentes en la zona, junto con sus respectivas autorizaciones.

El tiradero de plástico.

Entre las acciones solicitadas se encuentran una inspección física del predio, revisión de permisos, concesiones y trámites; identificación de pipas, operadores y propietarios; análisis de la naturaleza y procedencia de los líquidos y residuos; revisión del manejo de materiales impregnados con químicos y verificación de posibles cobros por las descargas.

Finalmente, los ciudadanos solicitan que, en caso de acreditarse alguna irregularidad, las autoridades establezcan las medidas correctivas, de remediación y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la normatividad ambiental.

Los residentes cercanos al sitio de las descargas señalan que los olores son muy fuertes, y que al parecer la empresa Vector, dedicada a limpieza de fosas sépticas, no contaría con los permisos correspondientes, por eso insisten para que las autoridades actúen.

También denunciaron las descargas con Conagua desde septiembre del año pasado sin que el titular, Manuel Guerrero les de respuesta, solo evasivas.

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