Estatal
Retiró FGE escoltas a agente asesinado tras amenazas de muerte
Llegó a la redacción de Brújula News la siguiente carta dirigida a la opinión pública y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, la cual reproducimos a continuación.
“Quienes escribimos esta denuncia somos agentes y personal administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California que, por razones obvias de seguridad, debemos permanecer en el anonimato.
El asesinato de Ángel Pantoja Pantoja no fue un hecho fortuito ni un simple “ataque del crimen organizado”. Fue la consecuencia directa de una decisión irresponsable tomada dentro de la propia Fiscalía. Un día antes de su ejecución, la institución que dirige María Elena Andrade Ramírez le retiró las escoltas que se le habían asignado después de recibir amenazas de muerte. Al día siguiente fue emboscado y asesinado por un comando armado.
Dentro de la corporación existe indignación, rabia y miedo. Ángel Pantoja era considerado un fiscal profesional, comprometido y respetado. Su muerte envía un mensaje devastador: a quienes investigan homicidios y enfrentan directamente a las bandas criminales se les deja solos, sin protección y expuestos. Mientras tanto, la fiscal María Elena Andrade y su círculo cercano cuentan con camionetas blindadas, escoltas permanentes y seguridad personal que se utiliza para custodiar domicilios particulares y trasladar a sus familiares, incluyendo a sus hijos a sus escuelas.
Hasta un diputado de Morena, Juan Manuel Molina, cuenta con escoltas desde hace varios años.
La versión oficial sobre la detención de cuatro presuntos responsables del crimen no ha calmado el enojo interno. Dentro de la Fiscalía muchos saben que esos detenidos podrían ser simplemente “chivos expiatorios” utilizados para aparentar resultados y cerrar el caso rápidamente. Se pretende vender la narrativa de que la investigación avanza “hasta sus últimas consecuencias”, cuando en realidad no se está investigando la negligencia institucional que dejó desprotegido a un fiscal que había sido amenazado por organizaciones criminales. Por eso, la sospecha radica en que alguien, desde dentro “puso” a Pantoja con sus asesinos.
En los pasillos de la institución se sabe perfectamente quién controla los cobros de las llamadas “tienditas” de droga, las máquinas de juego, las extorsiones y hasta la manipulación de investigaciones, órdenes de aprehensión, cateos y juicios abreviados. Es un secreto a voces que existe una red de corrupción que permite a los cárteles operar con información privilegiada y protección institucional. Sin esas filtraciones y sin esa tolerancia desde dentro, muchas de las ejecuciones y operaciones criminales que ocurren en Baja California simplemente no serían posibles.
Por ello señalamos con claridad que el problema no es solo la violencia del crimen organizado, sino la profunda descomposición institucional dentro de la propia Fiscalía General del Estado. La responsabilidad política y administrativa recae en María Elena Andrade Ramírez, cuya gestión ha permitido un clima de desconfianza, filtraciones y privilegios para los altos mandos mientras el personal operativo queda abandonado a su suerte.
Ante la falta de confianza en que estas irregularidades se investiguen de manera real a nivel local o incluso federal, hacemos un llamado a la comunidad internacional y particularmente a la Embajada de los Estados Unidos en México para que observe lo que está ocurriendo en Baja California. Los cárteles mexicanos han sido catalogados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas.
Si existen funcionarios que por acción u omisión facilitan su operación, entonces se trata de un asunto que trasciende lo local. Esta denuncia es un grito de alerta desde dentro de la institución: hoy mataron a un fiscal, mañana puede ser cualquiera de nosotros”.
Hasta aquí el documento que recibimos; cuestionaremos a la fiscal María Elena Andrade Ramírez al respecto y hacemos la invitación, garantizando el anonimato, a aportar más detalles de esta denuncia.
Elecciones
No será amonestación pública a Julieta; pagará multa
La impugnación promovida por el regidor panista Manuel Rude García derivó en la modificación de la sanción impuesta a Morena por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que sustituyó una amonestación pública por una multa de 200 UMA, equivalente a 22 mil 628 pesos.
El procedimiento tiene su origen en actividades de promoción de afiliaciones realizadas entre junio y julio de 2025 por personas vinculadas con Morena, en las inmediaciones de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió el pasado 26 de agosto que la conducta debía ser considerada como una infracción grave ordinaria, por lo que ordenó al IEEBC modificar la sanción inicialmente impuesta.
De acuerdo con la resolución, quedó acreditada una conducta relacionada con la perturbación de los derechos de la ciudadanía que acudía a solicitar trámites o servicios públicos, además de la omisión de Morena de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de vigilar la actuación de sus militantes y simpatizantes.
El órgano jurisdiccional también consideró que las actividades partidistas desarrolladas en las inmediaciones de una dependencia pública eran susceptibles de vincular la actividad político-electoral de Morena con una institución pública y con programas sociales, lo que habría generado un beneficio de carácter político-electoral para el partido.
Durante la sesión del Consejo General Electoral del IEEBC del pasado 3 de septiembre, representantes de los partidos PAN, PT, PRI y MC cuestionaron el monto de la sanción, al considerar que los 22 mil 628 pesos no son proporcionales a la gravedad de la conducta ni tienen un efecto ejemplar suficiente para inhibir la repetición de este tipo de prácticas.
Rude García, quien promovió la impugnación, sostuvo que la modificación de la sanción representa un avance, aunque advirtió que continuará buscando que este tipo de conductas reciban sanciones más severas.
Declaró que la resolución es un avance derivado de la impugnación y deja claro que estas prácticas sí tienen consecuencias. Agregó que seguirán dando batalla jurídica para que se impongan sanciones más severas y contundentes que inhiban estas prácticas y eviten que vuelvan a repetirse”.
La resolución establece que, una vez que cause estado, la multa será descontada del financiamiento público ordinario de Morena y los recursos serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, conforme a lo determinado por el IEEBC.
Estatal
Acude familia de desaparecido a jornada de búsqueda en Pro Natura
Este lunes, la familia de Justo Martín Rodríguez Heras, acudió al predio de Pro Natura en una jornada de búsqueda coordinada por el equipo interdisciplinario que trabaja en ese sitio desde el 8 de enero de este año, donde han encontrado 24 fosas y 47 víctimas.
El pick up Tacoma gris que conducía el hombre de 59 años, visto por última vez el 16 de agosto pasado, apareció calcinado en medio del predio asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco días después, el 21 de agosto.
La Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, junto con la Comisión Local de Búsqueda, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la FGE y la Guardia Nacional analizaron y exploraron el área donde apareció el vehículo, sin encontrar rastros de Rodríguez Heras.
La familia, quien se unió al colectivo Madres Unidas y Fuertes, expresó que la FGE no le ha dado la carpeta de investigación, como es su derecho, con el argumento de que aun están investigando. También han pedido les regresen la cartera de su familiar, encontrada los días posteriores a su desaparición, pero tampoco han tenido respuesta positiva.
El agente de fiscalía asignado a su caso, de apellido Corbalá, no ha ido nunca al predio de Pro Natura donde fue encontrado el pick up de la víctima, como tampoco acudió cuando reportaron el hallazgo de la cartera, ni acudió hoy al predio, donde la familia estaría presente en la jornada de búsqueda, señalaron.
Estatal
Sin fecha todavía sobre decreto del IVA en zona fronteriza
El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto García Manjarrez, respondió que el diputado federal Armando Samaniego les ha dicho que “ve muy viable” que se de el decreto del IVA preferencial al 8 por ciento para la zona fronteriza en 2027, que el legislador dio como un hecho esta semana.
García Manjarrez explicó que han sostenido interacciones sobre el tema con el diputado Gilberto Herrera y con el senador Loera, quien preside los asuntos fronterizos en el Senado. También dijo que Samaniego se reunió con ellos hace un par de semanas, donde le expusieron la situación.
El dirigente empresarial subrayó que Coparmex sacó el tema hace varias semanas precisamente porque “no podemos estar con mayores elementos de incertidumbre”, pues el ánimo para invertir ya está golpeado por la incertidumbre económica y que desconocer cuándo se concretará la extensión frena la actividad de aquí al fin del año.
Recordó que la última extensión se dio justo el 30 o 31 de diciembre e insistió que se trata de eliminar al máximo posible la incertidumbre.
“Necesitamos un cuándo más preciso. Entiendo que no depende de una sola persona, pero si todos estamos enfocados a que esto, esta primera extensión del decreto, un decreto nuevo, quede de manera inmediata, nos da tranquilidad y se pueda trabajar en que cambien la ley de ingresos y la ley”, expresó García Manjarrez.
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