Esta mañana, familiares y amigos de la sargento Bertha Mireya González se manifestaron para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos en torno a su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, en el departamento de Bertha, ubicado al interior del cuartel militar de la calle 11, al poniente de la ciudad.

María, amiga de la sargento durante 19 años, comentó que inicialmente le informaron que Bertha, de 42 años, había sufrido una caída dentro de su departamento; sin embargo, posteriormente, de acuerdo con el certificado de defunción, la causa de muerte fue determinada como asfixia.

Detalló que el cuerpo de su amiga presentaba dos golpes en la cabeza, uno en la frente y otro en la nuca; señaló como principal sospechoso a su expareja, otro militar de nombre Cristian, que vive en el mismo cuartel y continúa en libertad.

María afirmó que existen diversas irregularidades en las investigaciones, entre ellas una presunta manipulación de la escena; también refirió que Bertha Mireya llevaba varias horas de haber fallecido cuando fue trasladada al Hospital Militar.

Expuso que, en un inicio, el caso estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al solicitar mayor información, les señalaron que la investigación fue trasladada a la Ciudad de México y que actualmente está a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Por su parte, Beatriz, hermana de Bertha Mireya, mencionó que personal de la Fiscalía Militar acudió al lugar y realizó diversas preguntas; no obstante, al solicitar avances sobre el caso, les indicaron que deben dirigirse a las autoridades en la Ciudad de México, situación que, dijo, les genera sospechas sobre un posible intento por ocultar información.

Bertha Mireya González, originaria del Estado de México, tenía 42 años de edad, contaba con casi 19 años de servicio militar y llevaba 20 años viviendo en Mexicali; además, era madre de tres hijos.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena y su Comisión Nacional de Elecciones formalizaron este lunes la designación de la senadora con licencia, Andrea Chávez Treviño, como la nueva Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua.

El nombramiento, emitido mediante un comunicado conjunto firmado por la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, y la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encomienda a Chávez la tarea de fortalecer la estructura territorial y convocar a la unidad interna del movimiento en la estratégica localidad fronteriza.

Esta designación ocurre apenas una semana después de que concluyera el ríspido proceso interno estatal para definir la candidatura al gobierno de Chihuahua con rumbo a las elecciones de 2027. En dicho proceso, Andrea Chávez quedó fuera de la contienda por la gubernatura al imponerse el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien fue ungido como el coordinador estatal del partido.

Tras verse truncada su aspiración principal y con amagos de tensiones internas —incluyendo ofertas del Partido del Trabajo (PT) para postularla en solitario—, la cúpula nacional guinda operó este nombramiento directo en Juárez, movimiento que diversos analistas locales interpretan como una estrategia de contención política o “premio de consolación” para retener a una de sus figuras jóvenes de mayor visibilidad.

Llama fuertemente la atención que el documento oficial emitido por la dirigencia de Morena omite cualquier mención a la realización de encuestas, el método estatutario tradicionalmente defendido por el partido para resolver sus candidaturas y coordinaciones de cara a los procesos electorales.

De igual forma, medios locales reportaron que el nombramiento de Chávez Treviño se dio de forma directa y sin que mediara una convocatoria formal previa para el cargo municipal, adelantándose a los tiempos regulares para la definición de los municipios chihuahuenses. El texto del partido se limita a destacar la trayectoria de la senadora (quien previamente fungió como Diputada Federal y secretaria de Comunicación del CEN) y a apelar a una disciplina de unidad de cara a la continuidad del proyecto federal.

Por su parte, la legisladora manifestó a través de sus canales oficiales que asume esta encomienda bajo la premisa de “poner por delante lo que nos une” y concentrar los esfuerzos directamente en el trabajo de territorio en Ciudad Juárez.

El diputado federal César Damián Retes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por asociación delictuosa, colusión de servidores públicos y lavado de dinero. El legislador exigió que la mandataria se separe de su cargo para enfrentar las investigaciones.

Durante la presentación del recurso legal, en la que estuvo acompañado por los diputados federales Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana, Retes afirmó que “Marina del Pilar les debe una explicación a las familias bajacalifornianas” ante las constantes pruebas que, según sus declaraciones, vinculan a la administración estatal con redes de desvío de recursos.

El diputado detalló que una de las principales evidencias involucra a la empresa Vida Orgánica, compañía de la cual la gobernadora donó sus acciones hace apenas unos días, pero en la que presuntamente recibió importantes sumas de dinero mientras fungía como accionista.

Retes sostuvo que este caso destapa una red de empresas mediante la cual diversos funcionarios estatales bajo el mando de Ávila Olmeda habrían desviado fondos públicos, blanqueado capitales e incluso establecido vínculos con el narcotráfico.

El legislador lanzó una fuerte crítica a la inacción de las autoridades ministeriales, señalando que las investigaciones clave del país han sido impulsadas por ciudadanos y organismos externos y no por la propia FGR.

“Hoy estamos aquí ayudándole a la fiscalía, haciéndole el trabajo, porque desgraciadamente quien encontró las fosas clandestinas fueron las familias de los desaparecidos; quien encontró a Amílcar Olán en Suiza fue un periodista; quien encontró las empresas que lavan dinero del cártel fue la OFAC y no la fiscalía. Por ello hoy le entregamos la evidencia pública para que se ponga a hacer su trabajo e investigar”, sentenció.

Retes reiteró que la gobernadora debe dejar su puesto, argumentando que su atención actual está centrada en su defensa legal y en gestionar que le devuelvan su visa estadounidense, descuidando el bienestar de la población.

El diputado concluyó advirtiendo sobre el deterioro de la seguridad en la región: “Después de un año y medio que le quitaron la visa, somos el Estado donde más visas han quitado, donde las familias están más abandonadas y somos un referente por notas de inseguridad y extorsión”.