El colectivo Madres Unidas y Fuertes cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones y operativos de búsqueda de personas desaparecidas en Mexicali y su valle, al señalar presuntas deficiencias en la investigación de hallazgos, procesamiento de indicios y seguimiento de carpetas.

A través de un posicionamiento dirigido a la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, la representante del colectivo, Irma Leyva Sosa, expuso una serie de casos y situaciones que, desde su perspectiva, requieren una explicación de la autoridad ministerial.

Uno de los principales señalamientos se refiere a los trabajos realizados desde enero de 2026 en un predio ubicado en la zona de Miguel Alemán, donde, según el colectivo, han sido localizados 47 cuerpos y 24 fosas mediante trabajos en los que han participado la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y binomios caninos de la Fiscalía.

Leyva Sosa cuestionó que, pese a la magnitud de los hallazgos, el colectivo no ha recibido información suficiente sobre la identificación de los cuerpos ni sobre las investigaciones encaminadas a determinar quiénes serían los responsables.

También puso en duda las condiciones de aseguramiento del predio y pidió a la Fiscalía explicar bajo qué circunstancias se ha permitido que una empresa continúe realizando actividades en el lugar mientras se desarrollan las búsquedas.

El colectivo señaló además que desde febrero solicitó la participación de un antropólogo especializado para intervenir en los trabajos de búsqueda en Miguel Alemán y afirmó que, hasta ahora, dicho apoyo no habría sido enviado.

Asimismo, aseguró que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda ofreció especialistas y herramientas para apoyar los trabajos en fosas, pero que ese respaldo habría sido rechazado por personal de la Fiscalía.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con las investigaciones de las carpetas de personas desaparecidas. Madres Unidas y Fuertes sostuvo que familiares enfrentan dificultades para conocer avances y acusó a agentes investigadores de depender de la información proporcionada por las propias víctimas para determinar los sitios de búsqueda.

En ese sentido, el colectivo pidió a la Fiscalía fortalecer las labores de investigación y generar líneas propias que permitan avanzar en la localización de las personas desaparecidas y en el esclarecimiento de los casos.

La representante también cuestionó el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, al considerar insuficiente el número de búsquedas que, según afirmó, realiza mensualmente en Mexicali y su valle.

Leyva Sosa comparó esas actividades con las realizadas por el grupo interdisciplinario integrado por corporaciones municipales, la Comisión de Búsqueda y la FESC, al señalar que estos equipos participan con mayor frecuencia en recorridos y operativos de localización.

Fallas en la integración de carpetas y deficiencia en investigaciones

El colectivo también hizo referencia al caso del exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Mendívil, cuya detención y posterior proceso judicial ha sido objeto de cuestionamientos. Las madres expresaron preocupación por la capacidad de la Fiscalía para integrar y sustentar las carpetas de investigación, particularmente en casos relacionados con personas desaparecidas.

Entre los ejemplos presentados por el colectivo se encuentra el hallazgo de una camioneta Toyota Tacoma completamente calcinada dentro de un predio de ProNatura, en la zona de Miguel Alemán.

De acuerdo con el posicionamiento, personal de la Fiscalía acudió el 20 de agosto para revisar el vehículo, pero inicialmente no habría logrado establecer su identidad debido a que no se localizaron elementos como placas o número de serie.

Al día siguiente, integrantes del grupo interdisciplinario de búsqueda volvieron al sitio y, según el colectivo, lograron establecer que la camioneta correspondía al vehículo que conducía Justo Martín Rodríguez Heras, reportado como desaparecido el 16 de agosto.

Madres Unidas y Fuertes cuestionó que la Fiscalía regresara posteriormente al lugar, el 28 de agosto, para realizar nuevamente trabajos periciales y retirar el vehículo, al considerar que transcurrió demasiado tiempo antes de procesar el automóvil como posible indicio dentro de una investigación por desaparición.

El colectivo relacionó este episodio con su cuestionamiento sobre el supuesto aseguramiento del predio y pidió a la Fiscalía aclarar las condiciones de vigilancia y preservación del lugar.

Otro caso señalado corresponde a José de Jesús Ponce Pérez, cuya desaparición, de acuerdo con el comunicado, ocurrió en agosto de 2023.

El colectivo relató que familiares localizaron unos tenis que presuntamente contaban con dispositivos de ubicación en un área cercana a un canal de aguas negras, dentro de un predio denominado Pata de Gallo, junto a la frontera.

Según el posicionamiento, una búsqueda realizada posteriormente por personal de la Fiscalía y Bomberos no permitió localizar a la persona.

Días después, familiares solicitaron la intervención del grupo interdisciplinario y, de acuerdo con Madres Unidas y Fuertes, este equipo localizó al adulto mayor sin vida aproximadamente 500 metros del sitio donde habían sido encontrados los tenis.

El colectivo utilizó este caso para cuestionar los métodos empleados durante las búsquedas y reclamó una mayor coordinación entre las instituciones responsables de investigar y localizar a personas desaparecidas.

Ante estos señalamientos, Madres Unidas y Fuertes pidió a la fiscal María Elena Andrade Ramírez explicar las decisiones tomadas en cada uno de los casos y garantizar que las investigaciones sean realizadas con personal especializado y bajo los procedimientos correspondientes.

El colectivo sostuvo que las familias de personas desaparecidas requieren información oportuna sobre la identificación de restos, avances de las carpetas y resultados de las investigaciones.