Hasta el momento, seis personas han sido detenidas por su presunta participación en los ataques armados registrados en el municipio de Tecate, informó la fiscal general del Estado.

María Elena Andrade señaló que fue una semana complicada tras el ataque a una taquería de Tecate, donde un grupo armado ingresó al establecimiento, ejecutó a tres personas y posteriormente incendió el lugar.

Asimismo, hizo referencia al asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía, en cuyo sitio también fue localizado un narcomensaje.

La fiscal mencionó que uno de los detenidos recientemente, presuntamente relacionado con el ataque a la taquería, es originario del estado de Jalisco, por lo que se presume que podría formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Explicó que otros dos de los detenidos fueron asegurados en posesión de armas de fuego, algunas de las cuales estarían relacionadas con cuatro homicidios cometidos en Tecate, mientras que otras habrían sido utilizadas en ocho homicidios registrados en Tijuana.

Andrade añadió que las investigaciones continúan y que se llevarán hasta las últimas consecuencias.

Un juez de control programó para el próximo 21 de julio la audiencia dentro del proceso penal que enfrenta Juan Carlos Meza Beltrán, acusado por su probable participación en el delito de violencia familiar.

El acusado es padre del niño Vicentito, el menor que falleció presuntamente olvidado por su madre dentro de un automóvil el 2 de mayo pasado, quien enfrenta este proceso derivado de la denuncia interpuesta por su entonces pareja, la madre del niño quien asegura fue golpeada repetidamente frente a sus hijos por Meza Beltrán.

De acuerdo con el acuerdo judicial, la audiencia se llevará a cabo a las 10:00 horas en una de las salas del Centro de Justicia Penal Unidad Calle Sur, en Mexicali. El documento también establece que el imputado revocó el nombramiento de su abogado particular y solicitó que le fuera asignado un defensor público, petición que fue autorizada por la jueza para garantizar su derecho a una defensa adecuada.

Asimismo, el juzgado ordenó al Coordinador de la Defensoría Pública Penal designar de manera inmediata a un abogado que asuma la representación legal de Meza Beltrán, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, podría imponerse una sanción económica.

En el mismo acuerdo se instruyó notificar al acusado para que comparezca a la audiencia, advirtiéndole que una inasistencia injustificada podría derivar en que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión en su contra, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto a la víctima, identificada como Roxana Ramírez Ibarra, el juzgado ordenó que sea notificada en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, donde permanece bajo prisión preventiva en la causa penal por la muerte del niño.

La autoridad judicial informó a la víctima que la audiencia intermedia constituye el último momento procesal en el que las partes pueden solicitar mecanismos de solución alterna, como la suspensión condicional del proceso, o un procedimiento abreviado, por lo que tendrá derecho a ser escuchada y expresar, en su caso, su oposición fundada a dichas solicitudes.

Como resultado de las operaciones realizadas en los últimos ocho días en Baja California, las autoridades han logrado la detención de 45 personas, de las cuales 10 tienen relación indirecta con los homicidios de dos policías estatales. Entre los detenidos se encuentran dos policías municipales: uno en activo y otro suspendido.

El general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, informó lo anterior en la conferencia mañanera de este martes, al referirse al contexto de violencia en el Valle de Mexicali, particularmente tras el ataque a dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Sobre la exclusión de la policía municipal de Mexicali de los operativos que la FESC y otras corporaciones han llevado a cabo en los últimos ocho días, el secretario detalló diferencias de procedimientos entre corporaciones. Mientras la policía municipal atiende delitos del fuero común, las fuerzas estatales se enfocan en la delincuencia organizada, lo que requiere en ocasiones operativos con apoyo de fuerzas armadas, explicó.

Tras la agresión a los elementos, se solicitó a la policía municipal mantenerse al margen del operativo en el valle de Mexicali, pero aclaró que no es un tema de falta de confianza.

Sobre las publicaciones en redes sociales que mencionan cateos sin orden judicial, Carrillo indicó que solo tienen información general y sin referencias precisas de tiempo y lugar para poder investigar esos incidentes.

Manifestó que los cinco cateos realizados en el Valle fueron de acuerdo con la ley y Carrillo invitó a los ciudadanos proporcionar más datos para poder actuar en consecuencia.

El general reconoció que la amenaza contra los agentes todavía no termina y que siguen recibiendo amenazas. Respecto a una denuncia en redes de posible tortura relacionada con estos operativos, declaró que se investiga el único caso formal que tienen, vinculado a un domicilio relacionado con “Kevin”, familiar de un objetivo prioritario.

El funcionario subrayó que no van a permitir violaciones de derechos humanos ni tortura, y que están investigando esa denuncia. Hizo hincapié que ese domicilio está relacionado con el mencionado objetivo prioritario y que está molesto por la forma en que perdieron la vida los agentes.

Dijo que los compañeros fueron atacados “vilmente” mientras se encontraban en sus horas de descanso. “Lejos de ser una acción del crimen organizado en un enfrentamiento, fue una agresión directa y las familias salen afectadas”, agregó, pues hubo daños colaterales en ambos casos.

Carrillo destacó el apoyo recibido de instituciones, ciudadanía y medios de comunicación tras el ataque, y aseguró que continuarán trabajando hasta dar con quienes privaron de la vida a los agentes.