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Rechaza IEE medidas cautelares ante queja de violencia política

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La regidora del XXIV Ayuntamiento de San Felipe, Rosa Amelia Cortez Gómez, promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California para impugnar el acuerdo emitido por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), mediante el cual se determinó un nivel de “riesgo bajo/nulo” dentro de una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género.

El recurso fue presentado contra el acuerdo emitido el pasado 25 de mayo por la Oficina de Procedimientos en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC, dentro del expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2026.

En su demanda, Cortez Gómez sostiene que la autoridad electoral negó de facto las medidas de protección solicitadas y sustituyó dichas acciones por una simple vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

La regidora acusa que el acuerdo contiene contradicciones internas, omisiones y falta de perspectiva de género. Entre los argumentos expuestos, señala que el propio análisis reconoce la existencia de antecedentes contra el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, en otro procedimiento relacionado con violencia política de género, pero simultáneamente afirma que no existían denuncias previas en su contra.

Asimismo, denuncia que la autoridad reconoció en la narrativa de los hechos que existió reincidencia en las conductas denunciadas, pero posteriormente negó la existencia de reiteración al momento de evaluar el nivel de riesgo.

La impugnación también sostiene que el IEEBC omitió aplicar la metodología obligatoria para juzgar con perspectiva de género establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los hechos denunciados se encuentran expresiones y conductas ocurridas durante sesiones de Cabildo de San Felipe entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, donde la regidora asegura haber sido objeto de descalificaciones públicas, correcciones humillantes y limitaciones para ejercer su derecho al voto.

La demanda también cuestiona que el análisis de riesgo únicamente evaluó al presidente municipal José Luis Dagnino López, omitiendo pronunciarse respecto de otros dos funcionarios señalados en la denuncia: la secretaria del Ayuntamiento, Bianca Yolanda Romero López, y el regidor Jaime Armando Márquez Pérez.

En otro de los agravios, la regidora sostiene que existió una dilación injustificada por parte de la autoridad electoral para emitir y notificar el acuerdo de riesgo, lo que —afirma— contradice el carácter “urgente y sumarísimo” que deben tener las medidas de protección en casos de violencia política de género.

Además, el recurso plantea que las omisiones y contradicciones del acuerdo constituyen violencia institucional, al considerar que obstaculizan el acceso efectivo a mecanismos de protección para mujeres en el ejercicio de cargos públicos.

Dentro de sus peticiones al Tribunal Electoral, Rosa Amelia Cortez solicita la revocación total del acuerdo impugnado, que se ordene la emisión inmediata de medidas de protección, la elaboración de un plan de seguridad y que se declare formalmente la existencia de violencia institucional por parte de la autoridad electoral.

El expediente quedó radicado como un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía y será analizado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

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CESPM detecta taponamientos en tres drenes de Mexicali

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La acumulación de basura, llantas, postes y artículos domésticos al interior de los drenes pluviales ha provocado taponamientos y niveles elevados de agua en distintos puntos de Mexicali, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) intensificó las labores de limpieza y desazolve para prevenir posibles inundaciones.

Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector técnico de la CESPM, informó que uno de los puntos intervenidos es el dren Mexicali, donde se detectó una obstrucción en la tubería que conecta dos tramos sobre la carretera a San Luis, la cual se encontraba completamente tapada.

Explicó que las lluvias por el paso de la tormenta Rachel ocasionaron niveles elevados en el dren, desde ese punto hasta las inmediaciones de la calzada Cetys, por lo que fue necesario ingresar personal para retirar los desechos acumulados.

Entre los residuos retirados hubo fragmentos de postes, llantas, basura doméstica y hasta un carro que, de acuerdo con el funcionario, llevaba tiempo acumulada y parcialmente atorada en el interior de la infraestructura..

Hernández Maldonado señaló que el problema no se limita al dren Mexicali, pues también se han identificado niveles elevados en el dren Internacional, mientras que el dren Tula presentó taponamientos durante las lluvias recientes, que fueron atendidos al día siguiente de las lluvias.

Detalló que el agua de lluvia que circula por las redes pluviales termina descargándose en los drenes y, finalmente, en el Río Nuevo; por ello, cuando la basura arrastrada por las corrientes se suma a los residuos arrojados de manera clandestina y al escombro, se generan obstrucciones que reducen la capacidad de conducción del agua.

Como parte de las acciones previstas para mejorar la infraestructura, mencionó que está proyectado que uno de los drenes será entubado en un tramo aproximado de mil 500 metros, con cerca de 700 metros contemplados en otra sección.

Para finalizar, el subdirector técnico hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura y escombro en estos cauces, ya que mantenerlos libres de obstáculos es fundamental para prevenir acumulaciones de agua e inundaciones que afectan directamente a la población.

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Regidor de Morena Francisco Molina niega denuncias en su contra

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Este miércoles, el regidor de Morena en el XXV ayuntamiento, Francisco Molina, negó tener carpetas de investigación en su contra y aseguró estar convencido de que no existe ninguna denuncia que lo involucre en hechos delictivos, luego de ser cuestionado sobre el tema.

Señaló que revisó el video donde el fiscal central informó que el regidor contaba con investigación; sin embargo, no dio detalles.

Esta semana el fiscal central Jesús Manuel López dio a conocer que existen investigaciones en contra del regidor que datan de 2021 y años anteriores, entre ellos asuntos por robo de vehículos.

El edil sostuvo que, hasta el momento, no tiene conocimiento de haber sido investigado o requerido por alguna autoridad.

Rechazó tener una denuncia por homicidio y manifestó su disposición de acudir ante el fiscal para aclarar cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra.

El regidor defendió su trayectoria en el servicio público y sostuvo que su trabajo ha estado enfocado en atender las necesidades de la ciudadanía, desde su incorporación a las labores comunitarias.

“El único delito que puedo decir que tengo es trabajar para la comunidad, trabajar para la ciudadanía”, declaró.

Añadió que lleva 50 años viviendo en la misma colonia, donde, dijo, ha podido desenvolverse con normalidad y sin enfrentar problemas relacionados con los señalamientos que ahora se le plantean.

Para concluir, Francisco Molina reiteró que su compromiso es continuar trabajando por el bienestar de su comunidad y de Mexicali, al considerar que la ciudad merece servidores públicos enfocados en atender a la población.

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Incluirán a Juan Villanueva en denuncia penal

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En una reunión realizada hoy, Juan Vidauri, integrante de los jubilados de la sección 2 del SNTE  planteó ante numerosos asistentes que deben recuperar el dinero que falta del fondo de la delegación de jubilados, y no desviarse hacia confrontaciones políticas internas.

El orador criticó la falta de transparencia del comité seccional, que realiza plenos ni se rinden informes de finanzas, pese a los reiterados reclamos hechos a la exsecretaria general para que convocara a asambleas y entregara reportes escritos.

Según relató, la respuesta que recibían era que “Villanueva no quiere” y que existía temor a una demanda.

Propuso incluir a Villanueva en una demanda por fraude, robo y administración fraudulenta, al considerarlo cómplice.

Afirmó que este recibió denuncias sobre el mal manejo de recursos y, aun así, entregó cheques después de los reclamos, incluyendo uno adicional.

Advirtió que, antes de “poner la guillotina” contra cualquier persona, deben evitarse ataques de carácter político, especialmente de cara al próximo cambio delegacional, donde se presentarán las planillas.

Propuso reactivar una comisión ya integrada por varios compañeros para estructurar la demanda con asesoría jurídica. En ella, el actual comité deberá rendir cuentas sobre el destino de los recursos.

Además, solicitó que el comité elabore un acta de recepción del corte de cambio bajo protesta, para que forme parte del expediente de la demanda, junto con los informes mensuales.

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