El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2026, que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del PIB nacional y albergan al 62% de la población mexicana.

Destaca Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional y registra la mayor percepción de corrupción, con 92 .56 por ciento, cuando la media nacional es 10 puntos menor.

El informe destaca un enfriamiento económico general, con un crecimiento promedio del PIB de solo 2.4 por ciento -frente a 4.1 por ciento en la edición anterior-, retrocesos en seguridad y alta percepción de corrupción, donde el promedio nacional de 82.65 por ciento.

Sin embargo, se observan avances en infraestructura y autonomía fiscal en varias urbes. Las ciudades más competitivas combinan empleo formal, entornos seguros y gobiernos locales fuertes.

Baja California cuenta con dos zonas metropolitanas principales en la categoría de más de 1 millón de habitantes: Mexicali, que se posiciona en el lugar 13 de su grupo -competitividad media-baja-, descendiendo un lugar respecto a la edición anterior. Forma parte de las ciudades que muestran un desempeño en el rango medio-bajo, junto a urbes como Juárez, León, Morelia y Toluca.

La otra ciudad en el índice es Tijuana, que ocupa el lugar 20 -el penúltimo en su categoría-, también en competitividad media-baja y con un retroceso de una posición. El IMCO destaca explícitamente a Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional, con la mayor percepción de corrupción registrada, de 92.56 por ciento.

Las fortalezas identificadas para Mexicali y Tijuana, son la diversificación económica y ocupación hotelera, especialmente en Tijuana; indicadores de vivienda vertical y mortalidad infantil; y el contexto de frontera norte, que generalmente favorece integración a cadenas de manufactura y mercados laborales más formales en el norte del país.

Los retos son acotar la percepción de inseguridad y corrupción, que elevan costos operativos y dificultan la atracción de talento e inversión; y subsanar rezagos en crecimiento económico y calidad del empleo en comparación con líderes como Querétaro, Guadalajara, Hermosillo o Saltillo.

En conclusión, aunque Baja California mantiene presencia relevante en el mapa de competitividad urbana gracias a su posición fronteriza, Tijuana y Mexicali enfrentan desafíos estructurales que han provocado descensos en el ranking. Fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y mejorar el entorno institucional serán clave para que estas ciudades aprovechen su potencial y contribuyan más al desarrollo estatal y nacional.

El reporte completo en el sitio del IMCO: imco.org.mx.

*Esta nota fue elaborada con apoyo de la IA Generativa

Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:

Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.

Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.

Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.

Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.

Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.

La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.

La regidora Daniela García Salgado denunció la falta de transparencia con la que está operando el Comité de Adquisiciones del XXV Ayuntamiento de Ensenada, cuya Secretaría Técnica está a cargo de Rosario Zepeda, quien además se desempeña como responsable del área de Compras de Oficialía Mayor, lo que constituye un claro conflicto de interés.

La edil informó que el pasado 22 de abril solicitó formalmente por escrito ser convocada a todas las sesiones del Comité de Adquisiciones; sin embargo, no fue invitada a la sesión del 21 de mayo, donde se adjudicó de manera directa un contrato para la renta de camiones por un monto de aproximadamente 1 millón 100 mil pesos mensuales, lo que representa más de 8 millones de pesos de recursos públicos tan solo durante el resto del ejercicio fiscal 2026.

Ante esta omisión, el 22 de mayo presentó un segundo oficio reiterando su solicitud, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Ensenada, el cual establece que cualquier ciudadano u organización puede solicitar estar presente durante las sesiones del Comité.

“Estamos hablando del dinero de las y los ensenadenses, no del dinero de los funcionarios. Por eso resulta preocupante que se ignore una solicitud presentada por escrito y sustentada en el propio reglamento municipal”, señaló.

García Salgado recordó además que Rosario Zepeda es la funcionaria responsable de las adquisiciones municipales y que previamente fue señalada por posibles sobreprecios en compras de alimento para las unidades K9. Derivado de ello, la regidora solicitó formalmente las facturas y documentación de las compras realizadas durante la presente administración, información que hasta la fecha no ha sido entregada.

“Si no hay nada que ocultar, ¿por qué impedir que se supervise cómo se gastan millones de pesos de recursos públicos? ¿Por qué no responder las solicitudes de información relacionadas con las compras de esta administración?”, cuestionó.

García Salgado informó que ya se encuentra integrando la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Sindicatura Municipal por posibles incumplimientos a las disposiciones reglamentarias, así como por la falta de transparencia y la omisión de atender solicitudes formales relacionadas con el ejercicio de recursos públicos.

“La transparencia no debe ser una opción ni una concesión. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administra su dinero y los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas”, concluyó.