En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.

Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.

Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.

“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.

La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.

“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.

La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.

La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.

Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.

De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.

Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.

Mario Soto Ibarra, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), criticó la falta de acciones de gobierno para controlar la mosca blanca en el Valle de Mexicali.

Señaló que la presencia de esa plaga es consecuencia de la irresponsabilidad y la falta de rectoría de las autoridades, particularmente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de sanidad vegetal.

Explicó que en ciclos anteriores, para poder sembrar algodón era necesario presentar una carta de garantía de labores fitosanitarias, es decir, el desvare y el barbecho tras la cosecha.

“De siete a ocho años a la fecha, se abandonó la responsabilidad. Antes si Sanidad Vegetal veía un predio donde no habían desvarado y barbechado a tiempo, no le daban el permiso de siembra para el ciclo siguiente. Se ha dejado de hacer la vigilancia correspondiente”, precisó.

Soto Ibarra declaró que los restos de la cosecha se convierten en un hospedero natural para la plaga de mosca blanca, y este año en particular no tomaron en cuenta que en el valle de Arizona se sembró melón y sandía, que son hospederas naturales de la plaga en cuestión. Eso, sumado a que en San Luis Río Colorado también se sembraron este tipo de cultivos, y que hay restos de los cultivos de algodón, se convirtió en la tormenta perfecta en el Valle de Mexicali, opinó.

Con preocupación, manifestó que la mosca blanca está superando el umbral de control de la plaga, y que hay productores que, teniendo invertido más del 50 por ciento del costo de cultivo, están pensando en discarlo porque sumado a lo que se ve venir en precios de mercado, ya no va a ser costeable.

En 1992, de más de 40 mil hectáreas que se sembraban de algodón, al año siguiente se redujo a 600 hectáreas, remarcó; “no podemos permitir que eso vuelva a suceder, porque bajo esas condiciones podemos decir que el cultivo que fue ícono del Valle de Mexicali, ante la irresponsabilidad de no supervisar las acciones fitosanitarias, corremos ese grave riesgo”, dijo.

La solución es que Sanidad Vegetal cumpla con su responsabilidad, ya que fueron muchos años que abandonó la vigilancia. Antes ellos desvaraban y barbechaban con maquinaria propia y luego cobraban el servicio o no otorgaban el permiso de siembra, recordó.

“Hay que decir también que antes existían organismos de asistencia técnica de manera tripartita, fuente de financiamiento, agricultor y Gobierno del Estado, que era el Comité Directivo de Asistencia Técnica, y desaparecieron ese comité”, observó Soto Ibarra.

La presencia del agrónomo en el campo es vital para tener controles adecuados; se deben recuperar los programas de asistencia técnica; se debe de insistir que Sanidad Vegetal cumpla y que SADER vea los requisitos de permisos de siembra, declaró el presidente de la CNC.

Finalmente, externó que el Valle de Mexicali va en caída, pues con lo que se ha dejado de sembrar de trigo, de algodón, de otros cultivos, hay un circulante de más de 7 mil 500 millones que están impactando la economía local, pero no se toma conciencia todavía de eso.

“El problema del Valle de Mexicali no es solo de los agricultores, es de la economía local y el gobierno tiene que voltear a ejercer acciones decisivas, ya basta de reuniones, queremos soluciones”, concluyó.