Ante el peligro que representan los hundimientos viales para automovilistas, motociclistas y peatones, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para atender de manera urgente los socavones de la ciudad y transparentar el ejercicio de los fondos públicos.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora criticó la falta de respuesta del gobierno municipal frente a reclamos previos. Señaló que al socavón del Puente Terrazas se sumó otro en el Bulevar Casablanca, a la altura del mercado El Florido, los cuales ponen en riesgo vidas humanas.

Gilvaja rechazó que el Ayuntamiento argumente falta de recursos, recordando que en marzo de 2025 el Congreso autorizó esquemas para obra pública, mantenimiento y arrendamiento de maquinaria, y que el municipio contempla una inversión superior a los 2,300 millones de pesos en su Plan Plurianual 2025-2027.

El punto de acuerdo aprobado por mayoría en el Congreso exige dos acciones concretas al alcalde:Reparar de inmediato los socavones del Puente Terrazas y Bulevar Casablanca, e implementar medidas preventivas mientras concluyen las obras.

También, informar al Congreso cuánto de los 2,300 millones de pesos del Plan Plurianual se ha ejercido y qué resultados se han obtenido.

Finalmente, la diputada hizo un llamado al presidente municipal a priorizar las necesidades urbanas de la ciudad por encima de aspiraciones electorales.

El Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) presentó un análisis del presupuesto de ingresos y egresos del Poder Judicial del Estado correspondiente al periodo 2018-junio 2026, que revela un fuerte crecimiento del gasto, un déficit operativo en 2025 y un pasivo cercano a los mil millones de pesos al 30 de junio de 2026.

Según los datos oficiales del Portal de Transparencia del Poder Judicial, del portal de Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de la Plataforma Nacional de Transparencia, el capítulo de Servicios Personales pasó de 1,160.2 millones de pesos en 2022 a 1,676.1 millones en 2025, un incremento de más de 515 millones de pesos; 44 por ciento más.

Solo en 2025 se destinaron 44.6 millones a “pagos de estímulos a servidores públicos”. En el mismo ejercicio 2025 el Poder Judicial registró un déficit operativo de 55.3 millones de pesos: los egresos -2,088.3 millones-, superaron a los ingresos -2,033.1 millones-.

El déficit acumulado al cierre de ese año alcanzó 311.6 millones de pesos. Al 30 de junio de 2026 el pasivo total ascendía a 997.6 millones de pesos, de los cuales 218.5 millones correspondían a pasivo a corto plazo.

Otras partidas también muestran alzas notables. En Servicios Generales, la cuenta de “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios” pasó de 2.7 millones de pesos en 2020 a 79.1 millones en 2025.

En Materiales y Suministros, durante 2025 se ejercieron 39.5 millones, de los cuales 13.6 millones se destinaron a materiales de administración y artículos oficiales y casi la misma cantidad -13.6 millones-, a combustibles y lubricantes.

En materia de contrataciones, en 2025 el Poder Judicial adjudicó 212.3 millones de pesos en 72 procedimientos. El 68.5 por ciento se realizó mediante licitación pública, el 19.8 por ciento por adjudicación directa y el 11.7 por ciento por invitación a cuando menos tres personas.

El 59.9 por ciento del monto correspondió a adquisiciones y el 33.1 por ciento a servicios. Los cinco principales proveedores concentraron el 64.6 por ciento del total: Zurich Aseguradora Mexicana (48.8 millones), Vigilar y Proteger BC (26.0 millones), Grupo Nacional Provincial (24.7 millones), Monedero Electrónico Xiga (24.3 millones) y Plus Digital (13.3 millones).

ObserBC plantea varias preguntas al Poder Judicial: el desglose detallado del gasto en servicios profesionales de 2025, la relación de contratos, las justificaciones conforme a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Estado, la justificación del aumento de más de 500 millones de pesos en nómina entre 2022 y 2025, y la razón de los 44.6 millones pagados en estímulos.

El análisis subraya que el Poder Judicial requiere recursos públicos para la administración e impartición de justicia, pero advierte que el crecimiento acelerado del gasto, el déficit operativo y el nivel de pasivo merecen un seguimiento ciudadano más estrecho para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Luego de una audiencia solicitada por su equipo de defensa, la Juez de Control resolvió este viernes que Ernesto Ruffo Appel podrá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio en Ensenada, Baja California, y enfrentar desde ahí el proceso penal que se le sigue.

La defensa subrayó que la resolución no constituye una concesión graciosa ni un privilegio, sino una rectificación del proceso que reconoce el derecho humano de las personas adultas mayores de 70 años a enfrentar su situación jurídica desde el hogar. Ese derecho se refuerza, señalaron, cuando a la edad se suma una condición de salud que la reclusión agrava y que puede poner en riesgo la vida del imputado.

“Esta resolución es un avance hacia el respeto del debido proceso, pero aún falta mucho por hacer”, indicó el equipo legal. Anunciaron que continuarán la defensa en torno a los demás principios de la justicia penal y los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia y la exigencia de prueba de responsabilidad más allá de cualquier duda razonable.

Juan Marcos Gutiérrez González, abogado integrante del equipo de defensa de Ernesto Ruffo, expresó en representación de la familia, los defensores y amigos del exgobernador: “Confiamos en la inocencia de mi padre e insistimos en nuestra denuncia de que está sujeto a proceso por el simple hecho de pertenecer a una empresa, sin que exista una acción o conducta concreta que lo pudiera hacer responsable de delito alguno”.

La medida permitirá a Ruffo Appel, de más de 70 años, continuar el proceso desde su residencia en Ensenada mientras se desarrolla la causa penal.