El Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) presentó un análisis del presupuesto de ingresos y egresos del Poder Judicial del Estado correspondiente al periodo 2018-junio 2026, que revela un fuerte crecimiento del gasto, un déficit operativo en 2025 y un pasivo cercano a los mil millones de pesos al 30 de junio de 2026.

Según los datos oficiales del Portal de Transparencia del Poder Judicial, del portal de Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de la Plataforma Nacional de Transparencia, el capítulo de Servicios Personales pasó de 1,160.2 millones de pesos en 2022 a 1,676.1 millones en 2025, un incremento de más de 515 millones de pesos; 44 por ciento más.

Solo en 2025 se destinaron 44.6 millones a “pagos de estímulos a servidores públicos”. En el mismo ejercicio 2025 el Poder Judicial registró un déficit operativo de 55.3 millones de pesos: los egresos -2,088.3 millones-, superaron a los ingresos -2,033.1 millones-.

El déficit acumulado al cierre de ese año alcanzó 311.6 millones de pesos. Al 30 de junio de 2026 el pasivo total ascendía a 997.6 millones de pesos, de los cuales 218.5 millones correspondían a pasivo a corto plazo.

Otras partidas también muestran alzas notables. En Servicios Generales, la cuenta de “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios” pasó de 2.7 millones de pesos en 2020 a 79.1 millones en 2025.

En Materiales y Suministros, durante 2025 se ejercieron 39.5 millones, de los cuales 13.6 millones se destinaron a materiales de administración y artículos oficiales y casi la misma cantidad -13.6 millones-, a combustibles y lubricantes.

En materia de contrataciones, en 2025 el Poder Judicial adjudicó 212.3 millones de pesos en 72 procedimientos. El 68.5 por ciento se realizó mediante licitación pública, el 19.8 por ciento por adjudicación directa y el 11.7 por ciento por invitación a cuando menos tres personas.

El 59.9 por ciento del monto correspondió a adquisiciones y el 33.1 por ciento a servicios. Los cinco principales proveedores concentraron el 64.6 por ciento del total: Zurich Aseguradora Mexicana (48.8 millones), Vigilar y Proteger BC (26.0 millones), Grupo Nacional Provincial (24.7 millones), Monedero Electrónico Xiga (24.3 millones) y Plus Digital (13.3 millones).

ObserBC plantea varias preguntas al Poder Judicial: el desglose detallado del gasto en servicios profesionales de 2025, la relación de contratos, las justificaciones conforme a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Estado, la justificación del aumento de más de 500 millones de pesos en nómina entre 2022 y 2025, y la razón de los 44.6 millones pagados en estímulos.

El análisis subraya que el Poder Judicial requiere recursos públicos para la administración e impartición de justicia, pero advierte que el crecimiento acelerado del gasto, el déficit operativo y el nivel de pasivo merecen un seguimiento ciudadano más estrecho para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Luego de una audiencia solicitada por su equipo de defensa, la Juez de Control resolvió este viernes que Ernesto Ruffo Appel podrá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio en Ensenada, Baja California, y enfrentar desde ahí el proceso penal que se le sigue.

La defensa subrayó que la resolución no constituye una concesión graciosa ni un privilegio, sino una rectificación del proceso que reconoce el derecho humano de las personas adultas mayores de 70 años a enfrentar su situación jurídica desde el hogar. Ese derecho se refuerza, señalaron, cuando a la edad se suma una condición de salud que la reclusión agrava y que puede poner en riesgo la vida del imputado.

“Esta resolución es un avance hacia el respeto del debido proceso, pero aún falta mucho por hacer”, indicó el equipo legal. Anunciaron que continuarán la defensa en torno a los demás principios de la justicia penal y los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia y la exigencia de prueba de responsabilidad más allá de cualquier duda razonable.

Juan Marcos Gutiérrez González, abogado integrante del equipo de defensa de Ernesto Ruffo, expresó en representación de la familia, los defensores y amigos del exgobernador: “Confiamos en la inocencia de mi padre e insistimos en nuestra denuncia de que está sujeto a proceso por el simple hecho de pertenecer a una empresa, sin que exista una acción o conducta concreta que lo pudiera hacer responsable de delito alguno”.

La medida permitirá a Ruffo Appel, de más de 70 años, continuar el proceso desde su residencia en Ensenada mientras se desarrolla la causa penal.

Un total de siete personas buscan ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, por lo que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local se prepara para iniciar con la etapa de entrevistas a los aspirantes.La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Alejandra Ang, informó que actualmente se encuentran en la revisión de la documentación presentada por los participantes y que se prevé que la próxima semana se dé a conocer la fecha y horario en que se realizarán las entrevistas.

Los aspirantes registrados son, Víctor Manuel Cortés Rodríguez, Guadalupe Padilla Rodríguez, Luis Alberto Campo Blanco, Adriana Domínguez Cruz, Ana Cristina Nájera Jim, Mario Beltrán Zárate y el actual titular de la auditoría, Arnulfo Raúl Zárate Chávez.

Ang explicó que las entrevistas serán realizadas inicialmente por los integrantes de la Comisión de Fiscalización, aunque también podrán participar los demás diputados del Congreso que deseen formular cuestionamientos.

Expuso que el objetivo será conocer la experiencia y preparación de cada perfil, así como sus propuestas y planes para encabezar la Auditoría Superior del Estado.

La diputada señaló que, además de verificar que los participantes hayan cumplido con los requisitos documentales establecidos en la convocatoria, será importante conocer directamente sus propuestas y la manera en que enfrentarían los retos que actualmente presenta la Auditoría Superior del Estado.

Para concluir, la presidenta de la Comisión de Fiscalización estimó que podría ser en el mes de octubre cuando concluya el proceso.