A esta redacción llegó una denuncia anónima que contiene datos preocupantes. Esperando que las autoridades no sean partícipes de los actos a continuación señalados en las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tomen cartas en el asunto, la reproducimos íntegra:

“Los empleados (de la Secretaría de Seguridad Ciudadana) siempre estamos desprotegidos frente a los abusos de muchos jefes administrativos y ya no es justo seguir viendo tantas cosas malas y quedarnos callados por miedo.

Queremos que la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el Secretario de Seguridad Pública, General Laureano Carrillo, sepan el tipo de personas que tienen trabajando en las áreas administrativas, porque mientras muchas personas intentan hacer bien su trabajo, hay otras que solo han llegado a enriquecerse y abusar del poder.

Todo empezó con Guillermo González Flores, quien llegó acompañado de una red de personas dedicadas a presionar y extorsionar proveedores para pedirles “moches” a cambio de contratos y compras. Entre ellos están Emir Saamman Gallegos López y Daniel Carrillo Corrales.

Después quitaron a Guillermo por malos manejos, porque esa es la verdad, por todas las tranzas que traía, pero terminó llegando alguien todavía peor: Álvaro Munguía Martínez, quien además trajo a su propio grupo de gente de confianza. Todos los mencionados forman parte de una misma red de corrupción y muchas personas aquí lo saben, aunque nadie se atreva a hablar.

A Guillermo González lo movieron al Penitenciario para cubrirlo y después, cuando ya no pudieron esconder tantas irregularidades, terminó en la Secretaría de Salud. Siempre lo acomodan para protegerlo.

Álvaro Munguía también trajo a Alberto Vázquez Cerecer, conocido como “El Tránsitas” o “El Rey de las Transas”. Lo más indignante es que él mismo presume esos apodos como si fueran motivo de orgullo. Esta persona pide hasta un 30 por ciento de moche a proveedores y si no aceptan, simplemente los dejan fuera. Todo esto con apoyo de Emir Gallegos y Daniel Carrillo.

Daniel Carrillo tiene a toda su familia trabajando en la Secretaria de Seguridad Publica, ahi trabaja con el Irma Isabel Lucatero Baylon que es su esposa y su sobrino, siendo un caso grave de nepotismo.

Y esto no es algo nuevo. Desde hace tiempo ya existían señalamientos y hasta notas periodísticas sobre estas personas, pero nunca pasa nada y pareciera que están intocables.

Incluso había publicaciones en Facebook donde los señalaban como corruptos y rateros, aunque muchas ya desaparecieron.

Gobernadora: de verdad investigue a sus empleados. En la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana no solamente hay policías honestos tratando de hacer su trabajo, también hay personas dentro del área administrativa que se dedican a extorsionar empresarios y proveedores que solo buscan trabajar dignamente.

Como principales responsables están Guillermo González Flores, alias “La Rata”, y Emir Saman Gallegos López, alias “La Rata Güera”. Ellos presionan a proveedores para exigirles porcentajes a cambio de asignar compras, diciendo incluso que el dinero “es para Marina” y que todo lo manejan junto con David Ramsés Cervantes Aguilar, oficial mayor de Gobierno del Estado.

También se comenta que utilizan dinero para viajes y lujos personales, incluyendo viajes a Las Vegas con todo pagado, mientras siguen enriqueciéndose a costa del dinero público.

Pero esto no solamente pasa en el área de compras. También sucede en servicios y talleres. Ahí tienen a Marco Antonio Payán Navarro, encargado de unidades de toda la Secretaría. Nada se mueve sin su autorización. Aunque lo han cambiado varias veces, siempre termina regresando porque está protegido por Emir Gallegos que es quien recibe el dinero para Álvaro Munguía.

Cuando intentan poner a otra persona en el cargo, les ponen obstáculos para que fracasen y así justificar el regreso de Marco Payán. Incluso Alberto Vázquez Cerecer intentó meterse también en ese negocio pidiendo su porcentaje a los talleres, pero no pudo controlar esa área porque todos consultan primero con Marco Payán y él mismo les dijo que Alberto estaba loco y que no sabía quién era.

La pregunta es: ¿dónde está la función anticorrupción? Basta ver el nivel de vida de estas personas para darse cuenta de que algo no está bien. Emir Gallegos vive viajando y todo mundo lo sabe. Ellos mismos presumen que están protegidos y que nadie les puede hacer nada.

Marco Payán tiene tanto control que incluso tiene trabajando ahí a su esposa, Ana Livier Espinoza Martinez, y presume tener el respaldo de Rosiles, coordinador de la Policía. Hasta vehículos nuevos tiene asignados o prestados. Deberian de checar los carros personales que tienen registrados, no checan con un sueldo de gobierno.

Y por si fuera poco, Emir Gallegos fue sindicalizado de un día para otro, sin filtros ni procesos claros. Ellos mismos presumen que además de estar protegidos, ya quedaron blindados dentro del sistema. Marco Payán tambien es sindicalizado.

Muchas personas tenemos miedo de hablar porque sabemos cómo se manejan, pero ya estamos cansadas de ver corrupción, abusos, amenazas y privilegios para los mismos de siempre, mientras quienes sí trabajan honestamente somos ignoradas”. Hasta aquí la denuncia anónima de la que esperemos tomen nota la gobernadora, el secretario de Seguridad Ciudadana y la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, porque si esto resulta cierto es imposible que lo superiores de los presuntos corruptos no hayan notado nada anormal. O será que ya lo normal en este gobierno es la corrupción y el cinismo.

En otro tema, también con relación a las autoridades, es muy evidente la colusión que existe entre el crimen organizado y la Policía Municipal de San Felipe. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrada por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, de la FESC, de la Comisión Local de Búsqueda y de la Fiscalía General del Estado, estuvieron en una jornada de búsqueda en San Felipe el jueves y viernes de la semana pasada.

No solo mientras estuvieron buscando, también en el hotel, agentes de la policia de aquel puerto estuvieron tomando fotografías y hostigando a los integrantes de la unidad. Al parecer el secretario General de Gobierno, Juan José Pon, tiene el plan de ubicar allá a dos personas de la Comisión Local de Búsqueda y eso es un acto suicida; si no los matan, es que están coludidos, dicen los sanfelipenses. Van siete desapariciones, cuatro mujeres y tres hombres, tan solo en los últimos dos meses, y eso da una idea de qué tan grave está ese tema en aquel puerto. La policía de San Felipe está muy lejos del bien y muy cerca del mal. Hay muchos desaparecidos pero nadie busca, y a quien busca le va mal.

La diputada Yohana Gilvaja pidió a las autoridades que no actúen solo cuando el problema ya se convirtió en una crisis, ante la falta de mantenimiento, y el abandono de la infraestructura pública en Tijuana.

La diputada destacó que la compleja geografía de la ciudad hace que los puentes sean infraestructura indispensable para la movilidad de miles de familias. Sin embargo, señaló que para los gobiernos en turno pareciera que los puentes solo existen cuando aparecen en los titulares por un derrumbe, una fractura o una emergencia.

Como ejemplo mencionó que el puente conocido como Puente de Terrazas, ubicado en la zona este de la ciudad, es prácticamente la única vía de acceso para miles de personas que diariamente se trasladan a sus trabajos, escuelas y hogares.

“Hoy, dicho puente presenta un socavón que pone en riesgo a peatones y automovilistas, una situación que no tomó por sorpresa a nadie. Hace más de un año ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Tijuana atender esta problemática, sin obtener respuesta”, refirió.

Por otro lado subrayó la urgencia de que el Gobierno del Estado intervenga de inmediato y asuma la responsabilidad que le corresponde antes de que ocurra una tragedia. Advirtió que la situación del Boulevard 2000 es aún más crítica, pues una de las vialidades más transitadas de la ciudad presenta baches, falta de mantenimiento y deficiencias en el alumbrado público.

Recordó además que la gobernadora se comprometió públicamente a realizar adecuaciones en los carriles laterales y luminarias, pero dicho compromiso no se ha cumplido.

Por ello, la legisladora del PT pide en el resolutivo aprobado, a la gobernadora y al alcalde de Tijuana a disponer lo necesario para implementar un monitoreo constante de la salud estructural de los puentes de Tijuana, garantizar las reparaciones urgentes del Puente de Terrazas, y asegurar el mantenimiento integral del Boulevard 2000, incluyendo instalación de luminarias, reparación de baches y colocación de topes en colonias del Distrito 7, con el fin de prevenir hechos de tránsito y mejorar la seguridad vial.

Esta semana se llevó a cabo el Foro Vivienda para Todas las Personas, impulsado por el diputado Jaime Cantón Rocha, con el objetivo de reivindicar el derecho humano a una vivienda adecuada y proponer legislación al respecto.

Durante la inauguración el legislador señaló que este evento reúne a diversos sectores con el interés común de que se garantice la accesibilidad a un hogar propio ya que cada vez es más difícil para las juventudes independizarse y tener una vivienda propia.

“No es casualidad que cada vez es mayor la población que tiene que rentar casa habitación, lo que ha provocado un aumento en los costos, delitos como la invasión, el despojo de inmuebles y abusos de los llamados “cárteles inmobiliarios”; más viviendas abandonadas y por otro lado se fomenta la gentrificación”, abundó.

Por su parte el subsecretario de Reordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la SIDURT, Porfirio Vargas, expresó el respaldo del Gobierno del Estado a este esfuerzo y señaló que los resultados del foro contribuirán a la agenda pública y a impulsar reformas que respondan a las necesidades de la población.

En el conversatorio participaron especialistas como Eduardo Aguilar Valdez, gerente de Proyectos Urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, quien expuso la importancia de diseñar una legislación con visión estratégica para atender la crisis habitacional.

Por su parte, José Antonio Valdivia, director de CoRe Ciudades Vivibles y Amables A.C., del ITESO, analizó los principales desafíos de la vivienda en México, entre ellos el incremento de las rentas, la transformación de las dinámicas familiares y la necesidad de adaptar el modelo habitacional a las nuevas realidades sociales.

El doctor Carlos Ríos Llamas, investigador de la UABC, advirtió sobre las consecuencias del crecimiento urbano desordenado, como la expansión hacia las periferias, la falta de servicios públicos, el aumento en los tiempos de traslado y el deterioro ambiental.

Además, señaló que alrededor del 40 por ciento de las viviendas en Baja California presenta rezagos en su calidad, principalmente por los materiales utilizados.

La moderación académica del foro estuvo a cargo de la doctora María Salomé Magaña Martínez, investigadora de la Facultad de Derecho de la UABC y especialista en derecho a la vivienda adecuada, quien también participó en las mesas de trabajo con el acompañamiento de los doctores Elia Oralia Villegas y Carlos Gandall.

En el evento se contó con la asistencia de la diputada federal, Nanzy Sánchez Arredondo; el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo; así como especialistas, académicos, cámaras empresariales del sector inmobiliario, representantes de organismos civiles, autoridades y sociedad civil.