La familia de Juan Jesús Delgado Guzmán acusa a la Fiscalía General del Estado de una deficiente atención e integración de la carpeta que contiene las investigaciones por el caso de la desaparición del hombre de 35 años en el 2024.

El 29 de septiembre de ese año, la víctima desapareció en Mexicali sin dejar rastro. Su madre, Martha Elisa Guzmán Torrecillas, lo buscó incansablemente. “Juanito”, como le llamaban, padecía esquizofrenia y era usuario de sustancias ilícitas.

Le ayudaba a Ignacio Medina en su local de venta de mariscos, en la colonia Carranza por la avenida San Pedro Mezquital, quien a cambio de limpiar los baños le daba unos cuantos pesos.

La tarde que desapareció, su madre fue por él, le pidió que se bañara, se cambiara y le preguntó si quería comer algo. Él le dijo que no; ella le indicó que se acostara pero su madre se quedó dormida primero y él aprovechó para salir de la casa poniendo una escalera, porque el cerco estaba cerrado.

Generalmente se iba al local de mariscos, donde Medina se quedaba tomando con otras personas. Estaban ahí la noche que desapareció Juanito, José Manuel Navarro Zúñiga, Sergio Antonio Patrón Ontiveros, Rubén Salas y José Solorio Mendoza.

El cuerpo de Juanito apareció decapitado, con evidencia de haber recibido 13 puñaladas y haber sido quemado. A pesar de que fue encontrado el 4 de octubre, permaneció en el Servicio Médico Forense más de un mes antes de que informaran a la familia que los restos eran de él. Habían programado una búsqueda el 8 de diciembre, y el 9 de noviembre les dieron la noticia del hallazgo.

Solorio Mendoza, apodado “El Mostrito” dijo en sus primeras declaraciones que Medina le había pegado de martillazos en la cabeza a la víctima; que tras el ataque,  jalan a Juanito al almacén y ahí lo agarra a patadas junto con Navarro Zúñiga y Rubén Salas.

El Mostrito agregó que él solo fue testigo; que se quería ir y que Medina le dijo que si decía algo le pasaría lo mismo. Que todos habían consumido drogas y alcohol. Al día siguiente Medina no lo dejó pasar al almacén.

Están detenidos desde el 25 de noviembre de 2025 Medina y Navarro Zúñiga. Patrón Ontiveros está detenido, pero por robo, en otro caso. El mostrito tras su testimonio salió libre, y Rubén Salas también, aunque su madre sostiene que no debió ser así porque hay cuestiones que lo incriminan.

Salas tuvo una audiencia de 11 horas, y la fiscalía no supo aprovechar los eventos que lo incriminan. Para empezar, tras la noticia de la detención de Medina, se fue a Estados Unidos. Tenía un pick up que pudo haber sido usado para trasladar el cuerpo, y que vendió tras los hechos. Dio datos que no correspondían sobre fechas y lugares, que no fue aprovechado por la parte acusadora en la audiencia.

El fiscal, Gándara, les había dicho que tenía orden de aprehensión, pero quedó libre tras la audiencia, sin que les dieran una explicación, cuando les habían dicho a la familia que sin duda sería detenido, narra la madre de Juanito.

Gándara, el agente asignado al caso, le pasó a otra agente del ministerio público el expediente un día antes de la audiencia, por lo que no conocía los detalles e hizo una deficiente labor, para desesperación y coraje de la familia de la víctima, que pide a la fiscalía no deje impune el caso, y que vayan tras todos los implicados.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, lamentó el asesinato de dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ocurrido el fin de semana en el Valle de Mexicali y afirmó que estos hechos evidencian el deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad.

Señaló que estos ataques no son hechos aislados, al recordar que hace dos semanas fue asesinado un agente de investigación de la Fiscalía en Tecate y, hace aproximadamente dos meses, una agente de la unidad de homicidios perdió la vida en Ensenada.

Mencionó que el CCE ha mantenido el tema de la seguridad como una prioridad, al considerar que no se puede minimizar la situación ni ser indiferentes ante el incremento de hechos violentos, e hizo un llamado al gobierno estatal para que preste atención al tema.

Por otro lado, Sandoval criticó a diputados federales y locales, así como a senadores, al considerar que concentran su atención en campañas electorales en lugar de atender los problemas de inseguridad que afectan a los bajacalifornianos.

Les recordó que el proceso electoral formal inicia en diciembre de 2026, por lo que calificó como una simulación las campañas anticipadas, promocionándose bajo el argumento de defender la llamada cuarta transformación o la soberanía nacional.

Como ejemplo, Sandoval hizo referencia al diputado local por el Partido Verde, Jorge Ramos, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado y busca ser candidato a gobernador, al señalar que los recursos utilizados para gasto social o reuniones de trabajo deberían destinarse al fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.

Este lunes dio inicio el juicio oral por el caso de Amparito, una mujer de 84 años que perdió la vida tras ser atacada por una jauría de perros; la audiencia se llevó a cabo en la Sala 5 del Centro de Justicia de Río Nuevo.

Ana Lidia Soto, hija de la víctima, informó que el proceso judicial corresponde a Bella “N”, mientras que la segunda imputada, Leticia “N”, tendrá su audiencia intermedia hasta el 27 de julio, ya que, debido a recursos promovidos por la defensa de la acusada, se han diferido las fechas; se trata de madre e hija acusadas por los hechos ocurridos en agosto del 2024.

Reconoció que esta fase representa un fuerte desgaste emocional para la familia, al tener que revivir los hechos ocurridos durante el proceso judicial; sin embargo, confía en que el juicio avance sin nuevos aplazamientos y que pueda emitirse una sentencia en un plazo de dos meses.

Ana Lidia también criticó el funcionamiento del sistema de justicia penal, tachándolo de “aberrante”, pues considera que las víctimas enfrentan obstáculos constantes para acceder a una justicia pronta.

Para concluir, mencionó que es sabido por todos que el sistema es una burla y que no existe la justicia pronta ni expedita, por lo que hizo un llamado a todas las víctimas a no quedarse calladas ante cualquier abuso institucional, porque al callar, dijo, es cuando más abusan de ti.

“Es un sistema que promete transparencia y humanidad, pero es lo que menos tiene; lo que más hay es violencia institucional, retrasos, diferimientos y lentitud”, expresó Soto.