El déficit presupuestal proyectado para el año 2027 amenaza con asfixiar económicamente a las universidades públicas del noroeste del país, debido a que los incrementos calculados por la federación no compensarán los efectos inflacionarios.

Esta advertencia marcó el rumbo de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada este viernes en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Ante la insuficiencia de los recursos públicos, las universidades acordaron buscar vías alternas de financiamiento y fortalecer la filantropía mediante redes de egresados para evitar frenar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en México.

Durante el encuentro, el secretario general de la asociación, Luis Armando González Plascencia, reconoció que la falta de suficiencia presupuestal es el mayor desafío operativo actual, lo que ha obligado a mantener gestiones urgentes ante la Cámara de Diputados para ajustar la política salarial y el gasto operativo.

Como una respuesta inmediata a la crisis financiera, las instituciones plantearon la diversificación de sus ingresos mediante la vinculación con el Council for Advancement and Support of Education.

Esta estrategia de procuración de fondos privados ya se aplica en proyectos específicos de la región, como el Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, financiado en parte a través de esquemas de donaciones organizados por la Fundación UABC.

Además de la viabilidad económica, las universidades del noroeste buscan legitimar su importancia social y presupuestal mediante la plataforma Plan México, una iniciativa surgida en esta región que ya suma cientos de aportaciones científicas y tecnológicas orientadas al desarrollo nacional.

Las autoridades educativas concluyeron la sesión con la aprobación del ingreso del Instituto Tecnológico de Agua Prieta al organismo, cerrando filas en un bloque regional que busca alternativas ante la falta de certidumbre presupuestal para los próximos años.

La regidora del 25 Ayuntamiento de Ensenada, Daniela Salgado, criticó lo expuesto en el segundo informe de gobierno de la alcaldesa de ese puerto, Claudia Agatón, destacando las deficiencias del gobierno municipal de Morena en materias de seguridad, bomberos, espacios públicos, infraestructura, agua y drenaje.

Salgado recordó que el anuncio de 80 unidades nuevas en materia de seguridad “ya había sido un logro del 2025”. Explicó que se trató de un presupuesto aprobado en 2024, cuyas unidades se rentaron en 2025, y que la presidenta municipal lo está presumiendo también en 2026.

En el tema de bomberos, la regidora destacó la situación de delegaciones alejadas del centro de población, como San Vicente, al sur de la ciudad. Señaló que llevan más de seis meses sin una sola estación de bomberos, sin personal de seguridad pública y sin atención médica por parte del gobierno del estado.

“Una emergencia en estos lugares y estamos a más de dos horas de que bomberos puedan llegar. Imagínense que una casa se quema si sucede una tragedia. ¿Qué le va a responder la alcaldesa a esta gente? ¿Que el dinero se ocupó en un carnaval?”, cuestionó.

Respecto a las fiestas patrias, Salgado indicó que la presidenta municipal declaró un donativo de aproximadamente tres millones de pesos, pero el procedimiento nunca pasó por Cabildo. “Nosotros seguimos sin saber quién es esa persona tan creativa que donó este recurso para unas fiestas”, dijo.

Agregó que priorizar una fiesta de tres días por encima de una calle permanente “es querer entretener a la ciudadanía, no dándole resultados”.

La regidora precisó que no aprobaron el carnaval ni el gasto de recurso público, que sumó más de 45 millones de pesos en dos años. “¿Qué tanto no hubiéramos podido hacer los ensenadenses por eso?”, preguntó.

Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, Salgado subrayó el déficit de áreas verdes. “Sabemos que nuestros niños y jóvenes, si no tienen un lugar de sano esparcimiento, comienzan a delinquir, comienzan a relacionarse con personas que no deberían hacerlo porque no hay un espacio donde puedan tener un lugar para entrenar, un lugar para jugar, un lugar para recrearse”, explicó.

En infraestructura, la regidora señaló que el único recurso del gobierno municipal es el ramo 33, de carácter federal. Criticó que, pese a los anuncios de coordinación entre los tres niveles de gobierno de Morena, “en Ensenada no está pasando”.

Atribuyó la falta de recursos extraordinarios a “problemas posiblemente personales o los problemas políticos dentro de esa corriente de transformación que solamente ha transformado a México en el país de los desaparecidos y de las madres buscadoras”.

Afirmó que no hay una sola obra maestra que pueda presumir esta administración y retó al gobierno municipal a señalar “una sola obra que pueda ser recordada para esa administración, que no sea ese carnaval que ahorita ya vemos que también posiblemente esté ligado a temas de empresas que están señaladas por Estados Unidos por el crimen organizado”.

Sobre agua y drenaje, Salgado indicó que Ensenada carece de ambos servicios y que no existe gestión efectiva con el gobierno del estado, del mismo partido. “Lo único que se ha visto de parte de la alcaldesa son problemas y pleitos en donde dicen que tú me debes, que no te debo, pero ahí afuera no hay una sola gestión para agua y drenaje en nuestra ciudad y el desabasto de agua es todos los días en nuestras comunidades”, concluyó.

La investigación laboral para identificar al o los responsables del intercambio de recién nacidos ocurrido el pasado 25 de septiembre en el Hospital de Gineco-Pediatría del IMSS podría concluir en un plazo de dos semanas, informó la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

Desirée Sagarnaga aseguró que en los hospitales del IMSS existen protocolos estrictos, apegados a la normatividad vigente, los cuales reforzaron aún más, por lo que consideró que sería “dificilísimo” que se repitiera una situación como la que afectó a las dos familias involucradas.

Explicó que, a lo largo de la historia del IMSS en Baja California, se han registrado cerca de un millón de nacimientos sin que se tuviera conocimiento de un caso similar al ocurrido el mes pasado, cuando dos recién nacidos fueron entregados a familiares que no correspondían y que, para corregir el error y confirmar la identidad de los menores, fue necesario realizar pruebas de ADN que permitieron reunirlos con sus padres biológicos.

Pese a que estuvo renuente a dar atención a los medios de comunicación, Sagarnaga señaló que no podía proporcionar mayores detalles sobre el caso, debido a que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes está a cargo de la investigación; añadió que, por respeto a la privacidad y para proteger los derechos de los menores involucrados, no ofrecería más información.

Finalmente, la delegada del IMSS reiteró que se llevan a cabo las investigaciones y entrevistas correspondientes para esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y prevenir que un incidente de esta naturaleza vuelva a ocurrir en la institución.